El sábado 29 de agosto, unos 270.000 ciudadanos islandeses están llamados a las urnas para decidir en referéndum si Islandia debe retomar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.
El referéndum no es una votación sobre la integración misma. La pregunta –"¿debe Islandia retomar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea?"– se limita a decidir si el gobierno debe reanudar las negociaciones de acceso que fueron congeladas en 2013.
La convocatoria responde al compromiso adquirido por la coalición de centroizquierda que gobierna tras las elecciones parlamentarias de noviembre de 2024. El gobierno de la primera ministra Kristrún Frostadóttir, integrado por la Alianza Socialdemócrata, Viðreisn (Reforma) y el Partido del Pueblo, incluyó en su acuerdo de coalición la celebración del referéndum antes de 2027.
La última encuesta publicada refleja un empate técnico con un 46% a favor y un 46% en contra, mientras que un 8% de los encuestados permanecen indecisos. El resultado dependerá principalmente de la movilización de este último segmento.
La relación de Islandia y la Unión Europea
Islandia y la Unión Europea han mantenido una relación peculiar. El país nórdico está ampliamente integrado en términos económicos, pero no políticamente. Desde 1994, el país forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE), lo que le garantiza acceso al mercado único sin ser miembro de la Unión Europea.
Islandia aplica buena parte del acervo comunitario, contribuye al presupuesto europeo y participa en programas como Erasmus y Horizon Europe, pero no tiene voto en las instituciones comunitarias. Esta relación ha sido aceptada con relativa comodidad desde entonces.
La pesca, pilar de la economía islandesa, quedaba fuera de las reglas del EEE y bajo control soberano de Reikiavik. La experiencia de las denominadas guerras del bacalao contra el Reino Unido entre las décadas de 1950 y 1970 favoreció un consenso nacional en torno a la soberanía pesquera que ha encontrado continuidad en los distintos gobiernos.
En 2009 se produjo el primer intento formal de adhesión, impulsado por el gobierno de la Alianza Socialdemócrata tras la crisis financiera de 2008, que provocó el colapso del sistema bancario islandés.
La crisis generó un cambio en la percepción pública. Con la devaluación de la corona islandesa y el aumento del desempleo, la adhesión a la Unión Europea, y la consiguiente adopción del euro, se percibió como una vía de estabilización económica. Durante los tres años que duraron las negociaciones se abrieron 27 de los 33 capítulos del acervo comunitario y 11 de ellos se cerraron provisionalmente.
Sin embargo, varias cuestiones de fondo quedaron sin resolver. La más importante fue la Política Pesquera Común. Bruselas exigía que Islandia aceptara cuotas de pesca determinadas a escala comunitaria, y Reikiavik se negaba a ceder el control sobre unos recursos que representan aproximadamente el 40% de sus exportaciones de mercancías.
Las elecciones de 2013 otorgaron una amplia mayoría a la coalición euroescéptica formada por el Partido de la Independencia y el Partido Progresista, que congelaron las negociaciones con Bruselas.
En 2015, el ejecutivo islandés dio un paso más comunicando formalmente a Bruselas que Islandia ya no debía ser considerada país candidato. La solicitud de adhesión quedó en una suerte de limbo jurídico, ya que técnicamente no fue retirada, pero el proceso se paralizó completamente.
Entre 2015 y 2024, la cuestión europea desapareció de la agenda del gobierno, aunque nunca del debate público. Los sucesivos gobiernos, dominados por el Partido de la Independencia, mantuvieron la posición de que cualquier reanudación de las negociaciones debía ser aprobada previamente por referéndum. Durante estos años de gobierno del Partido de la Independencia nunca se convocó dicha consulta.
Desde la incorporación de Islandia al EEE, las relaciones con la Unión Europea han oscilado entre las negociaciones de adhesión, motivadas por crisis externas, y una relación económica y comercial pragmática en tiempos de mayor estabilidad.
¿Por qué ahora?
El cambio de gobierno tras las elecciones de 2024 ha sido condición necesaria para la celebración del referéndum, pero no la causa suficiente. El principal incentivo para acercarse a Bruselas es una combinación de factores geopolíticos. El primero y más visible es la política agresiva de Donald Trump hacia el Ártico.
Las declaraciones del presidente estadounidense sobre la posible adquisición de Groenlandia y su confusión pública entre Islandia y Groenlandia en el Foro de Davos en enero de 2026 generaron una ola de inquietud en Reikiavik. En este contexto, la ministra de Asuntos Exteriores islandesa argumentó que una mayor cooperación con la Unión Europea fortalecería la resiliencia del país y ampliaría sus opciones estratégicas.
A ello se suman los aranceles de la administración Trump sobre productos islandeses, que han erosionado la confianza en la estabilidad de la relación comercial con Estados Unidos. Islandia es miembro de la EEE pero no de la unión aduanera europea, por lo que negocia su relación comercial con Washington sin la cobertura del bloque comunitario.
Para un país pequeño cuya economía depende en gran medida del comercio exterior, la falta de poder de negociación frente a una gran potencia que demuestra su disposición a emplear aranceles como instrumento de presión es una vulnerabilidad.
El propio calendario del referéndum refleja esta urgencia. Inicialmente, la coalición preveía celebrar la consulta en la primavera de 2027. En febrero de 2026, Politico informó de que el gobierno estaba considerando adelantar la fecha a agosto de 2026. Días después, la primera ministra Frostadóttir confirmó en Varsovia que el referéndum se celebraría este mismo año.
El segundo factor es la seguridad en el Atlántico Norte. Islandia ocupa una posición central en el denominado GIUK gap (Groenlandia-Islandia-Reino Unido), el corredor naval que la Flota del Norte rusa utiliza para acceder al Atlántico abierto y que la OTAN considera uno de los puntos de estrangulamiento más sensibles del hemisferio occidental.
Islandia es miembro fundador de la OTAN, pero carece de ejército propio. Su seguridad ha dependido históricamente de Washington, que mantuvo una base en Keflavík hasta 2006.
Desde la invasión de Ucrania, la actividad submarina rusa en la zona se ha intensificado. El Comité Militar de la OTAN visitó Islandia en junio de 2026 y el Parlamento Europeo ha incluido la adhesión de Islandia dentro de su estrategia ártica.
Además, la Unión Europea ha descrito el GIUK gap como un corredor de tránsito marítimo estratégico para los intereses europeos. A ello se suma que, debido a la erosión de la garantía de seguridad estadounidense, Bruselas y Reikiavik firmaron este mismo año un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y defensa.
El tercer factor determinante es económico. Un informe encargado por el gobierno islandés a un panel de expertos independientes concluyó que ante la volatilidad de la corona islandesa y los altos tipos de interés en Islandia, la adopción del euro reduciría los costes de endeudamiento y contribuiría a contener la inflación.
Estos tres factores convergen en lo que el gobierno ha definido como un momento de encrucijada estratégica. La oposición al referéndum, liderada por el Partido de la Independencia y el Partido de Centro, argumenta que la adhesión supondría una cesión inaceptable de soberanía, particularmente en materia pesquera, y que el EEE ya proporciona los beneficios económicos del mercado único sin la necesidad de asumir los costes políticos de la adhesión al bloque.
La organización Heimssýn, principal plataforma del no en el referéndum, sostiene que la pertenencia a la OTAN es suficiente garantía de seguridad para el país y que la adhesión a la Unión Europea no añadiría capacidades militares reales.
Escenarios tras el referéndum
El carácter consultivo del referéndum no reduce su impacto político. Aunque el resultado no es jurídicamente vinculante, el gobierno de Frostadóttir se ha comprometido a respetar la voluntad expresada en las urnas. Así, en caso de victoria del sí, el gobierno reanudaría las negociaciones de adhesión antes de finales de 2026.
La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha señalado que prevé un proceso de negociación de entre uno y dos años, puesto que Islandia requeriría menos reformas que otros candidatos como Ucrania o los países de los Balcanes Occidentales, dado que ya incorpora buena parte del acervo comunitario a través del EEE. Además, 11 de los 33 capítulos negociadores ya fueron cerrados provisionalmente durante las últimas negociaciones, entre 2010 y 2013.
El capítulo más conflictivo continuaría siendo la Política Pesquera Común. El sistema de gestión pesquera islandés, basado en cuotas individuales transferibles, es considerado uno de los más eficientes del mundo y aceptar la Política Pesquera Común implicaría ceder la gestión de estos recursos a Bruselas.
Una eventual adhesión islandesa también tendría importantes implicaciones para Bruselas. La incorporación de Islandia ampliaría la presencia europea en el Ártico en un momento de creciente competición por los recursos y las rutas comerciales de esa región. Además, el bloque ganaría acceso a una posición estratégica en el GIUK gap y a los cables submarinos que conectan Europa con Norteamérica.
La comisaria Kos también ha subrayado que el referéndum muestra la creciente atracción hacia la Unión Europea en un contexto de alta inestabilidad, una narrativa útil para Bruselas cuando el proceso de ampliación hacia el Este avanza con lentitud.
En caso de victoria del no, el gobierno ha indicado que la cuestión quedaría cerrada durante al menos una legislatura. Islandia mantendría su posición en el EEE, con acceso al mercado único, incorporación de normativa comunitaria sin participar en su elaboración, y negociación individual de su relación comercial con terceros.
Sin embargo, las cuestiones de fondo que motivan a día de hoy la adhesión a la Unión Europea persistirían. La erosión del paraguas de seguridad transatlántico, así como los problemas económicos, no desaparecerían. Igualmente, la fórmula del EEE, diseñada para un entorno internacional estable, podría resultar menos funcional que en décadas anteriores.
También resulta interesante tener en cuenta un tercer escenario. Ante una eventual victoria ajustada del sí que no genere el consenso social necesario para llevar las negociaciones a buen puerto, el gobierno dispondría de un mandato democrático pero frágil. Las negociaciones se desarrollarían bajo la presión de una sociedad dividida y con la certeza de que el referéndum de ratificación del acuerdo final sería también reñido.
La experiencia de la solicitud de 2009, revertida tras un cambio de gobierno cuatro años más tarde, muestra la fragilidad que puede enfrentar un proceso de adhesión sin un apoyo social amplio y sostenido.
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