
La reintroducción de la Doctrina Monroe bajo el llamado Corolario Trump está alterando profundamente las dinámicas del hemisferio occidental. Tras intervenir militarmente en Venezuela y secuestrar al presidente Nicolás Maduro, Washington busca seguir ampliando su dominio sobre la región en otros escenarios.
Además de países como Cuba o México, el líder republicano ha puesto el foco en Groenlandia, una enorme isla con abundantes recursos naturales y una ubicación privilegiada en el corazón del Ártico, lo que permite controlar las rutas comerciales que se están abriendo como consecuencia del deshielo.
Así lo ha afirmado el propio Donald Trump en varias ocasiones. “Necesitamos a Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es un lugar muy estratégico. En este momento, Groenlandia está llena de barcos rusos y chinos por todas partes. Dinamarca no puede hacerse cargo”, declaró a principios de enero.
Como ocurre en Venezuela, el líder republicano esgrime argumentos de seguridad nacional y de rivalidad entre grandes potencias, sobredimensionando en ocasiones la realidad de la situación. “Si no lo hacemos [controlar la isla], Rusia o China se apoderarán de Groenlandia, y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos. ¿De acuerdo?”, añadió poco después.
No obstante, hay un problema: Groenlandia pertenece a Dinamarca. Estados Unidos mantiene una base aérea en Thule, la isla tiene derecho a celebrar un referéndum de independencia y goza de una amplia autonomía, pero Copenhague sigue siendo el soberano del territorio. En este contexto, Washington ya se está contemplando distintas opciones para hacerse con la isla.
Cómo puede Estados Unidos controlar Groenlandia
Resulta poco probable que Washington opte por una vía militar directa para hacerse con Groenlandia. No solo sería innecesaria desde el punto de vista operativo, sino también extremadamente costosa en términos políticos y estratégicos, dado que pertenece a Dinamarca, un Estado miembro de la Unión Europea.
Aun así, en la administración republicana no descartan por completo esta opción. Trump así lo deja entrever: “Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”.
El escenario más plausible es una estrategia de presión sostenida y negociación política, orientada a modificar el estatus de la isla sin recurrir al uso abierto de la fuerza. Dentro de esta lógica, la compra directa del territorio sigue siendo una opción sobre la mesa.
No sería un precedente inédito en la historia estadounidense, ni una anomalía desde el punto de vista de la cultura estratégica de Washington. Más bien encajaría en una concepción patrimonial del territorio, tratada como un activo estratégico susceptible de ser adquirido mediante compensaciones económicas, garantías de seguridad y acuerdos políticos.
La reiteración pública de esta posibilidad cumple, además, una función clara de normalizar la idea de que Groenlandia es negociable. Además, la alternativa de adquirir la isla, lejos de ser un exabrupto del actual mandatario, es un proyecto histórico de largo recorrido.
Tras la compra de Alaska a Rusia en 1867, el Departamento de Estado tanteó discretamente la posibilidad de incorporar Groenlandia e Islandia como parte de la misma lógica de expansión territorial. En aquel momento, la propuesta no prosperó, pero la isla quedó inscrita desde entonces en la cartografía estratégica de Washington.
La oportunidad volvió a surgir en 1917, cuando Dinamarca negoció la venta de las Indias Occidentales –hoy Islas Vírgenes de Estados Unidos– por 25 millones de dólares. Aunque Groenlandia no formó parte de la transacción, en Washington se debatió sobre incluirla
Junto a esta vía, otra opción plausible sería impulsar un proceso político interno en Groenlandia, incluida la celebración de un referéndum de independencia, seguido de negociaciones directas con Copenhague.
En este escenario, Estados Unidos no permanecería al margen, ya que podría optar por movilizar e impulsar el movimiento independentista groenlandés; de hecho, Reuters informa de que está planeando ofrecer hasta 100.000 dólares por persona para persuadir a la población –Groenlandia tiene en torno a 56.000 habitantes–.
Este tipo de secuencia permitiría a Estados Unidos presentarse formalmente como un actor respetuoso con el derecho de autodeterminación, al tiempo que condiciona de forma decisiva el resultado mediante incentivos económicos, compromisos de inversión y garantías de seguridad.

No obstante, por ahora Washington juega con desventaja. Una encuesta realizada por Verian en enero de 2025 sostiene que el 85% de los groenlandeses prefieren no convertirse en estadounidenses, alegando sobre todo motivos de calidad de vida. Solo un 6% respalda esta opción.
Así, las señales procedentes de Washington apuntan a una combinación de estas estrategias. Las amenazas públicas no buscan anunciar una invasión inminente, sino elevar el coste político para Dinamarca de mantener el statu quo y forzar un escenario de negociación.
En este contexto, se ha debatido también la posibilidad de ofrecer a Groenlandia algún tipo de acuerdo de libre asociación, similar a los existentes con pequeños Estados del Pacífico. Este tipo de pactos permitiría a Estados Unidos operar militarmente en el territorio, influir de manera decisiva en su política exterior y garantizar un acceso privilegiado a recursos estratégicos, sin necesidad de una anexión formal.
La Unión Europea, por su parte, permanece desorientada y sin saber con exactitud cómo reaccionar ante las aspiraciones territoriales de quien sigue siendo su principal aliado internacional. Si bien se ha producido un cierre de filas a nivel discursivo, aún no se ha adoptado una medida conjunta que permita proteger Groenlandia frente a una clara injerencia externa.
Francia asegura que está trabajando en ello y ha ofrecido desplegar efectivos. El Ministerio de Defensa de Dinamarca también ha informado de que las tropas danesas desplegadas en Groenlandia deben intervenir sin esperar órdenes si una fuerza externa intenta hacerse con la isla, en virtud de una directiva introducida en 1952 y aún vigente.
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