El 26 de noviembre de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva de Guinea-Bissau como el día en que volvió a sufrir un golpe de Estado. No sorprendió por el método, sino por la rapidez, la precisión y la sincronía con la que se ejecutó, así como por la profunda ruptura institucional que desencadenó. Además, todo este proceso sucede apenas tres días después de haber celebrado elecciones presidenciales y legislativas.
Unos comicios que, según observadores internacionales de varias misiones, incluyendo la Unión Africana (UA) o la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), se produjeron “de manera pacífica y sin interrupciones”, destacando que la presencia de las fuerzas de seguridad permitió que fueran “libres y transparentes” y con un “importante respeto a los derechos humanos”.
Sin embargo, la calma duró hasta el mediodía del 26 de noviembre, tornándose en estallido y en una tormenta cuya magnitud aún no se conoce del todo. El ahora expresidente Umaro Sissoco Embaló denunció haber sido detenido en su despacho junto a otros mandos civiles.
Pero, realmente, para comprender lo ocurrido, es indispensable considerar los antecedentes históricos del país, los patrones recurrentes de intervención militar y fragilidad institucional, así como los factores estructurales que multiplican el riesgo de rupturas políticas en momentos de disputa electoral. El golpe de Estado en Guinea-Bissau no es un hecho aislado, sino otro episodio en la larga cadena de crisis que define su política.
Los antecedentes de Guinea-Bissau
Guinea-Bissau ha atravesado una evolución marcada desde su independencia en 1974 llena de golpes y episodios violentos. Sin ir más lejos, el primero fue en 1980, solo seis años después de constituirse como Estado independiente, cuando Joao Bernardo Vieira depuso al entonces presidente Luís Cabral, transformando al ejército en un mero árbitro del poder estatal e imposibilitando la unión planteada entre Guinea-Bissau y Cabo Verde.
A lo largo de estas décadas se produjeron grandes crisis internas que desembocaron en intentos de golpe y derrocamientos sucesivos, a menudo vinculados a las rivalidades militares, la pugna por el control de recursos y las redes informales de poder.
Otro de los episodios que define esta historia fue la guerra civil de 1998-1999, fruto de las tensiones entre facciones del ejército y del gobierno, culminando con la caída de Vieira y dejando nuevamente un país inestable. Posteriormente, en 2003, hubo otro golpe de Estado encabezado por Veríssimo Correia Seabra, quien depuso al presidente Kumba Ialá, alegando el estancamiento económico, la fragilidad política y la insatisfacción militar.
Nueve años después, en 2012, una nueva intervención militar interrumpió el proceso en curso, arrestando a figuras como el primer ministro, en un contexto de fuerte desconfianza entre el ejército y la población civil. Entre esos eventos y hasta la actualidad se ha contribuido a la consolidación de un círculo de ruptura institucional constante.
En teoría, el sistema político estaba diseñado para garantizar un equilibrio efectivo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El presidente actúa como jefe del Estado, mientras que el primer ministro encabeza el gobierno y asume la gestión política, todo ello bajo un marco semipresidencialista que establece vías legales claras para la competencia, el control institucional y la alternancia en el poder.
En la práctica, sin embargo, este equilibrio ha sido sistemáticamente vulnerado, fruto de una serie de factores estructurales que han impedido el funcionamiento real del modelo previsto sobre el papel.
Los problemas estructurales del país
En primer lugar, las instituciones estatales presentan debilidades crónicas, con una escasa presencia efectiva fuera de la capital, Bisáu, limitada capacidad para implementar políticas públicas en todo el territorio y una fuerte dependencia de recursos externos e informales, lo que debilita la gobernabilidad y limita la autoridad del Estado.
La gobernanza es débil: según el Banco Africano de Desarrollo (2022–2026), Guinea-Bissau figura entre los países con los indicadores más bajos de desempeño del sector público, transparencia y control de la corrupción en África Occidental, lo que se traduce en una administración pública ineficaz y en dificultades para aplicar leyes y regulaciones fundamentales.
En términos socioeconómicos, el país enfrenta numerosos desafíos estructurales. Alrededor del 65% de la población sufre pobreza multidimensional, con privaciones severas en salud, educación, servicios básicos, vivienda e infraestructura, afectando especialmente a las zonas rurales, donde reside la mayoría de los guineanos.
La economía depende en gran medida de la agricultura de subsistencia y de ayudas internacionales, mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción (2024) sitúa al país con solo 21 puntos sobre 100, reflejando la extensión de prácticas corruptas y la infiltración de redes ilícitas en el aparato estatal.
Los días previos al golpe de Estado
A pesar de que las elecciones del 23 de noviembre fueran pacíficas y libres según los observadores internacionales, y quizá la noticia cogiese por sorpresa a más de uno, realmente el golpe de Estado en Guinea-Bissau no fue repentino, pues en los meses, semanas e incluso días previos se acumulaban señales claras de tensión y crisis.
Por ejemplo, en 2022, se registró un intento de golpe cuando, mientras Embaló lideraba una reunión de su gabinete, un grupo armado rodeó el Palacio de Gobierno y abrió fuego, provocando varias muertes. Aunque el entorno del presidente atribuyó el ataque a narcotraficantes, diversos analistas y opositores cuestionaron esta versión. También se denunció otro complot en diciembre de 2023.
Tras ese último evento, la situación institucional lleva dando signos de deterioro. La Asamblea Nacional Popular fue de facto disuelta, el parlamento dejó de funcionar regularmente y la judicialización de los conflictos políticos se paralizó de forma parcial.
Además, la alternancia política se tornó en incertidumbre: cambios de primer ministro, aplazamientos electorales, falta de coordinación entre los tres poderes y la inestabilidad se volvieron una constante.
Incluso en las semanas anteriores a las elecciones, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau denunció un intento de golpe por parte de generales y otros altos mandos militares, que fueron detenidos de forma inmediata. Este hecho señalaba que ciertos sectores castrenses no confiaban ni en la estabilidad del gobierno ni en la capacidad del marco constitucional para resolver las disputas políticas.
Las elecciones, lejos de ofrecer un espacio de estabilidad, aparecían como un momento de riesgo elevado. Por un lado, representaban una oportunidad para consolidar el poder político; por otro, eran una prueba crítica para una institucionalidad ya debilitada, con un parlamento disfuncional, una justicia parcialmente paralizada y un ejército dividido.
El golpe en Guinea-Bissau se consuma
Umaro Sissoco Embaló, poco después de la 13:00, denunció el golpe de Estado militar, asegurando que se encontraba bajo arresto junto a varios altos cargos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Biague Na Ntan.
Como mencionábamos, la acción armada se produjo en medio de las tensiones derivadas de las elecciones del 23 de noviembre, cuyos resultados se tendrían que haber publicado el jueves 27 y cuya victoria estaba siendo reclamada tanto por Embaló como por su competidor, Fernando Dias da Costa.
Este último fue el único opositor autorizado a concurrir en los comicios, después de que el principal candidato, Domingo Simões Pereira, fuese excluido por las autoridades. Así pues, la situación derivó en una doble legitimidad autoproclamada y en una escalada de tensiones que allanó el terreno para el golpe de Estado.
En este contexto, en unas declaraciones a Jeune Afrique, Embaló afirmó que el golpe, encabezado por el jefe del Ejército de Tierra, también se saldó con la detención del número dos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mamadou Toure, y del ministro del Interior, Botché Candé.
Las palabras de Embaló coincidieron con informaciones del diario guineano O Democrata, que reportaba disparos en las inmediaciones del Palacio de la República y de la sede de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), sin que, por el momento, se hubieran registrado víctimas mortales.
Precisamente, el propio Simoes Pereira puso en duda la denuncia del mandatario y afirmó en un inicio que las informaciones apuntaban a que un grupo de militares había irrumpido en la sede del CNE para forzar a su presidente a leer unos resultados que daban por vencedor a Embaló, insistiendo en que Dias fue realmente el ganador de los comicios.
Esto fue desmentido en el momento en el que Denis N’Canha, general golpista y portavoz del ejército, concedió un mensaje a la población retransmitido por la cadena de televisión pública TGB, argumentando que el golpe busca restaurar la "seguridad nacional y el orden público" en Guinea-Bissau y afirmando que la junta asume todos los poderes del Estado.
N’Canha recalcó, además, que los militares descubrieron un plan de desestabilización en marcha y un intento de manipulación electoral, tras los cuales estarían el presidente, algunos políticos y capos de la droga. También aprovechó el momento para anunciar el bloqueo de las instituciones públicas guineanas, así como el cierre de fronteras, la suspensión del acceso a redes sociales y el establecimiento de un toque de queda de 19:00 a 6:00.
El 27 de noviembre, por otro lado, se difundió la noticia de que Dias da Costa había logrado evadir un arresto militar y se declaraba a salvo tras mantener una reunión con observadores de la CEDEAO y de la UA. "Escapamos por las puertas traseras del edificio, nos persiguieron y, afortunadamente, conseguimos huir [...] Solicito a la población que defienda los resultados electorales y la democracia en masa”, afirmó.
Implicaciones y consecuencias inmediatas
Este golpe abre una fase crítica para Guinea-Bissau cuyo desenlace aún resulta incierto, pero cuyas consecuencias profundas y multidimensionales parecen ya inevitables.
Primero, en el plano institucional, la suspensión de este proceso electoral representa un colapso de la arquitectura democrática, dañada previamente. No hay resultados, no hay presidente, no hay gobierno civil, no hay calendario electoral.
El país acaba de romperse hacia una deriva militar cuyas intenciones reales, estructura interna, ideología y visión de gobierno no están del todo claros. La instauración de una junta, como se ha anunciado, genera un evidente proceso de retroceso constitucional, y cualquiera de las opciones futuras pueden ser perjudiciales para el futuro de Guinea-Bissau.
Segundo, el bienestar de la población puede estar en riesgo. Los disparos, el despliegue de tropas, los bloqueos de calles, el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, el toque de queda o la prohibición de las redes sociales pueden provocar graves problemas de seguridad ciudadana y de orden público, así como la interrupción al acceso a servicios básicos y la posibilidad de generar desplazamientos internos.
Tercero, en el ámbito regional e internacional, la posición de Guinea-Bissau puede deteriorarse. La CEDEAO ya ha intervenido en situaciones similares en este país, exhortando a la restitución del orden constitucional.
La presión diplomática, las sanciones y los llamados a la mediación y vuelta al orden pueden tener un papel clave para restablecer la situación, aunque la eficacia de estas medidas dependerán en gran parte de la contundencia y cohesión internacional, de la voluntad de los golpistas y la capacidad de la oposición civil de movilizar respaldo interno y externo.
Si se restaurase el orden constitucional, la transición servirá como prueba de que el país puede romper el ciclo de golpes y retornos violentos que lleva soportando desde su independencia. Pero, si eso no ocurre, existe un grave riesgo de prolongar el vacío institucional y agravar la crisis de gobernabilidad. En Guinea-Bissau, la situación no ha acabado, sino que no ha hecho más que empezar.
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