Malí, Burkina Faso y Níger anunciaron este martes su salida de la Corte Penal Internacional (CPI). En un comunicado conjunto, acusaron a este organismo de ser “un instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo” y de llevar a cabo una “justicia selectiva”. Aunque señalaron que la medida tendría carácter inmediato, lo cierto es que el Estatuto de Roma por el que se constituyó la CPI prevé que la retirada no tenga efecto hasta un año después de su notificación a las Naciones Unidas.
Estos tres países forman la Alianza de Estados del Sahel (AES), una confederación creada en 2023 como un pacto de defensa mutua y espacio de colaboración en distintos ámbitos. Entre sus prioridades se encuentra la consecución de una mayor autonomía política, militar y económica, por lo que no han dudado en abandonar organismos como la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) y en cortar los lazos económicos y militares con Francia.
Esta búsqueda de mayor soberanía suma ahora un nuevo escalón con la salida de la CPI, a la que acusan de imparcialidad y de haber sido incapaz de juzgar los crímenes por la que fue creada.
En su opinión, este tribunal de justicia establecido en 1998 “ha atacado implacablemente a ciertos actores que quedan fuera del círculo cerrado de beneficiarios de la impunidad internacional institucionalizada”, aduciendo el doble rasero al dirigir la mayoría de sus investigaciones hacia líderes africanos y no hacer lo mismo con los países occidentales.
En su lugar, Malí, Níger y Burkina Faso informaron que sus respectivos ministros de Justicia habían mantenido reuniones los días previos para “fortalecer la integración jurídica y judicial”, lo que se concretará en la creación de “una corte penal del Sahel y de derechos humanos”, encargada de juzgar delitos como crímenes contra la humanidad, genocidio o terrorismo en estos territorios.
También anunciaron, a través del primer ministro de Níger, Ali Lamine Zeine, la creación de una prisión de alta seguridad conjunta con el objetivo de “liberar” a los miembros de la AES “del recurso a las instancias jurisdiccionales internacionales”.
A la decisión de abandonar la CPI no parece ajena la posibilidad de que esta pueda ser usada en contra de las juntas militares que se han hecho con el poder en los últimos años a través de golpes de Estado.
Diversos organismos les han acusado en diversas ocasiones de abusos graves y crímenes como desapariciones forzosas, asesinato de civiles o ejecuciones extrajudiciales en el marco de la lucha contra las distintas insurgencias yihadistas que operan en los tres países. A esto cabe sumarle una creciente persecución de la disidencia política y que uno de sus mayores aliados, el presidente ruso Vladímir Putin, tiene actualmente una orden de arresto de la CPI.
Organismos de derechos humanos han denunciado con vehemencia la decisión de Malí, Níger y Burkina Faso. Por ejemplo, desde Amnistía Internacional lo consideran “una afrenta a las víctimas y los supervivientes de los crímenes más graves y a todas las personas que luchan contra la impunidad en estos países y en todo el mundo”.
Por su parte, Human Rights Watch ha advertido que la salida “pondrá en peligro el acceso a la justicia de las víctimas de crímenes atroces” y acusa a las juntas militares de “ser cada vez más represivas” y de haber cometido crímenes de guerra y “posibles crímenes contra la humanidad”.
La Corte Penal Internacional, cada vez más cuestionada
La decisión de los integrantes de la AES se suma a una tendencia global que ha puesto en entredicho la legitimidad y la eficacia de la CPI, a la que muchos países, especialmente del llamado Sur Global, acusan de hipocresía y de estar sesgada. De forma paradigmática, el 80% de las comunicaciones abiertas en este organismo están relacionadas con países africanos, y los líderes africanos abarcan 10 de los 15 casos abiertos actualmente.
Concebido como un tribunal independiente con la intención de juzgar a personas individuales por algunos de los crímenes más graves –como genocidio o crímenes de guerra–, solo 123 de los 197 Estados reconocidos por Naciones Unidas han firmado y ratificado sus estatutos fundacionales. Entre los que no lo han hecho se encuentran importantes potencias como China e India –que nunca firmaron el Estatuto de Roma– o Rusia, Estados Unidos e Israel –que firmaron y posteriormente retiraron su firma–.
Asimismo, un creciente número de países han optado por abandonar formalmente la CPI. El primero de ellos fue Burundi en 2017, quien anunció su retirada tras la apertura de una investigación por la represión de opositores en la crisis política de 2015. Posteriormente, en 2019, Filipinas hizo lo propio acusando a la CPI de ser utilizada con fines políticos y de no respetar su soberanía tras el inicio de una investigación por la muerte de miles de personas en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”.
Ahora, con los países de la AES, ya son cinco los que han abandonado la CPI, lo que, más allá de la consecuencia directa sobre sus poblaciones, muestra el grave deterioro de todo un sistema de justicia internacional cada vez más cuestionado. En este sentido, aumenta el número de países que ponen en duda la legitimidad y la eficacia de los organismos globales, así como de un orden internacional basado en reglas que muchos consideran impuestas.
En su lugar, surgen alternativas regionales en muchos ámbitos, lo que incluye la justicia. Aunque esto pueda resultar en una mayor soberanía, también pone en grave riesgo la protección de los derechos humanos en todo el mundo y perjudica la rendición de cuentas en un contexto de mayor conflictividad global.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
