La República Democrática del Congo (RDC) es mundialmente famosa por sus minerales y por la longevidad de su conflicto interno, en gran medida alimentado por los primeros. En relación a los minerales, mayoritariamente se suele pensar en dos: coltán y cobalto. Estos recursos son de suma importancia para la industria tecnológica actual, especialmente en la elaboración de componentes electrónicos como baterías, condensadores, aleaciones, etcétera.
Si bien el papel de los recursos naturales siempre ha tenido especial interés como método de financiación de los grupos armados que se rebelan en contra de los gobiernos centrales, los minerales tanto en la República Democrática Congo como en otros lugares no solo se utilizan por los actores que se enfrentan al Estado, sino también por los propios agentes estatales, como policías o militares.
En este sentido, un informe del Grupo de Expertos de la República Democrática del Congo para el presidente del Consejo de Seguridad revelaba las preocupantes injerencias de las Fuerzas Armadas en las minas de oro, así como su participación en el comercio ilegal. Asimismo, el mapa interactivo del International Peace Information Service (IPIS) sobre la explotación minera artesanal en el este del país advertía que, entre 2022 y 2023, alrededor de unas 195 minas de oro estaban bajo control de miembros indisciplinados del ejército.
Su implicación en estas actividades, en gran medida mediante el uso de la violencia, ha llevado a que las Fuerzas Armadas sean definidas por activistas congoleños de la organización LUCHA como “el actor más importante de la violencia, ya sea por sus abusos, su complicidad con ciertos grupos armados o simplemente por su inacción frente a la inseguridad”.
Esta situación deja muy mal parada la opinión popular sobre las Fuerzas Armadas nacionales como un actor armado que, según se supone, debe proteger al pueblo congoleño, pero que se beneficia del conflicto interno como cualquier otro grupo armado, así como de los minerales de la República Democrática del Congo.
Las Fuerzas Armadas congoleñas
Para entender el papel de las Fuerzas Armadas en la extracción de minerales en la República Democrática Congo, es importante remontarse al final de la Segunda Guerra del Congo, en 2003. Tras uno de los episodios más oscuros de la historia africana –con alrededor de entre cinco y siete millones de muertos, además del saqueo de minerales y otros recursos naturales–, en 2002 se abrió una nueva etapa bajo el Acuerdo Global e Inclusivo de Pretoria y el establecimiento del gobierno de transición de Joseph Kabila el año siguiente.
La mera posibilidad de implementar con eficacia dichos acuerdos pasaba necesariamente por la integración tanto de las fuerzas de los grupos armados como de las del propio gobierno. Así, entre febrero y marzo de 2005 aparecieron los primeros centros de integración, encargados de formar a las distintas fuerzas militares que pasarían a incorporarse en el ejército congoleño.
Paralelamente a este proceso, se estableció la Comisión Nacional de Desarme y Reinserción (CONADER, por sus siglas del francés), un movimiento de naturaleza civil que se habría de encargar, paralelamente con el ejército nacional, de la desmovilización, el desarme y la reintegración de los grupos armados. Sin embargo, el proceso fue complejo e insuficiente.
Los comandantes militares ocultaban las cifras de sus hombres para beneficiarse de las ayudas económicas, además de que se encontraron muchos individuos acusados de haber violado sistemáticamente los derechos humanos durante la contienda. Por si esto fuera poco, las infraestructuras de los campos de integración eran bastante deficientes, lo que dejaba a la población civil asentada en sus alrededores especialmente expuesta a posibles abusos.
Como consecuencia, existieron algunos grupos que renegaron de la integración. Uno de ellos fue Agrupación Congoleña para la Democracia (RCD, por sus siglas en francés), que posteriormente mutaría en el Congreso Nacional por la Defensa del Pueblo (CNDP), liderado por el famoso general de etnia tutsi Laurent Nkunda y que recibía apoyo por parte de Ruanda.
Las Fuerzas Armadas fueron un componente especialmente importante para asegurar la transición democrática que llegaría con las elecciones de 2006. No obstante, el problema radicaba en la naturaleza clientelar de la estructura del gobierno congoleño, donde se tejían redes de patronazgo para mantener las distintas facciones de políticos y militares herederos de la guerra que ahora pasaban a vivir del conflicto.
De esta forma, tanto en el gobierno de transición como en el mandato electo de Joseph Kabila en 2006, políticos de distintas facciones se repartían los beneficios económicos de las instituciones y empresas estatales, mientras diversos cabecillas del ejército controlaban las zonas ricas en recursos naturales donde se encontraban desplegados.
La estrategia de integración se llevó a cabo también en otros momentos clave de la historia del conflicto congoleño como en 2009, cuando, tras varios procesos de negociaciones entre Kabila y Ruanda, se acabó por descabezar al CNDP, arrestando a Laurent Nkunda e incorporando a sus combatientes en el seno de las Fuerzas Armadas.
Las dificultades de este proceso, además del desmantelamiento de las redes clientelares que los antiguos rebeldes tenían por toda la región de los Kivus, facilitaron que en 2012 estallase una nueva rebelión comandada bajo el grupo Movimiento 23 de Marzo (M-23) y su consecuente explosión de la violencia.
De los problemas económicos al saqueo
Los problemas que se observaron durante la integración de los distintos grupos armados en las Fuerzas Armadas tenían como base la profunda corrupción clientelar dentro de las élites de la República Democrática del Congo. Los lucrativos movimientos de dinero no terminaban de llegar a las capas más bajas del ejército, las cuales eran, por si fuese poco, gestionadas por comandantes locales que tenían bastante libertad de acción en la lucha contra los grupos rebeldes que seguían en activo.
Estos comandantes, quienes por su experiencia en la guerra como cabecillas rebeldes tenían control sobre los grupos y mafias locales, llegaban a absorber los salarios de los mandos más bajos, recurriendo estos a tácticas depredatorias con fuertes abusos a la población civil. Esta situación se ha mantenido prácticamente intacta desde 2003, observándose únicamente diferencias en el número de minas que están controladas por miembros de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, los datos más recientes proporcionados por IPIS, y reafirmados por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, hablan de que existen una serie de elementos indisciplinados de las Fuerzas Armadas que se dedican a gestionar minas de oro en las zonas más cercanas al conflicto, generalmente en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur.
Tal y como muestra el análisis del mapa interactivo de IPIS, “las Fuerzas Armadas son el actor armado con mayor presencia en las minas del este de la República Democrática del Congo”. Por lo general, se benefician de estos yacimientos mediante la imposición de impuestos ilegales que presentan como “esfuerzos de guerra”. Sin embargo, también obtienen rentas de la extracción de minerales en otras zonas del país, incluso cuando estas no se encuentran especialmente próximas a los principales focos del conflicto.
Este es el caso de algunas zonas como en el territorio del Kasongo, en la provincia de Miniema, colindante de Kivu Sur. Otras formas de intervención en las minas incluyen el suministro de maquinaria por parte de miembros de las Fuerzas Armadas para mejorar el rendimiento de la explotación, a cambio de una compensación económica.
Sin embargo, quizás la relación más cruda se da en la provincia del Alto Katanga, en el centro minero alrededor de Kolwezi. En esta región, según narra Siddharth Kara, un investigador estadounidense sobre esclavitud moderna, muchos de los jóvenes “dijeron que habían sido reclutados por soldados de las Fuerzas Armadas, que los obligaban a vender su producción al soldado que controlaba su trabajo en la mina”.
Un conflicto interminable
La corrupción gubernamental y del ejército, los innumerables grupos armados que parecen autorreproducirse y la salida de la MONUSCO, que ya este año abandonó la provincia de Kivu Sur, parecen dejar un escenario bastante negativo para la pronta resolución del conflicto que lleva asolando al país durante más de 30 años.
En el caso concreto de las Fuerzas Armadas, la corrupción generalizada en torno a los beneficios que extraen de la minería artesanal parece plantear un problema de legitimidad importante, ya que sus tácticas depredatorias aumentan la inseguridad de los congoleños en vez de solucionar los grandes problemas que atraviesan. Con el avance importante del M-23 desde su resurgimiento en 2022, los desafíos cada vez se acentúan más para los congoleños.
A la luz de la situación de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y de su posición privilegiada dentro del aparato estatal, cabe plantearse algunas cuestiones respecto a las demandas del M-23. Desde su surgimiento, este grupo ha denunciado el incumplimiento del acuerdo de paz de 2009, en el que se comprometía su integración efectiva en las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, su levantamiento se produjo a finales de 2012, cuando el gobierno decidió desmantelar las redes clientelares que los antiguos miembros del CNDP aún conservaban dentro de las Fuerzas Armadas en las regiones orientales del país.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
