Hace casi nueve años que los británicos votaron salir de la Unión Europea. Esta decisión supuso un terremoto para la propia nación y para el club comunitario, pero también sumió en una gran incertidumbre a una pequeña comarca del sur de Cádiz: Campo de Gibraltar. En esa área, los municipios y pedanías vecinales –La Línea de la Concepción, Campamento, San Roque o Algeciras, entre otros– reúnen a unos 15.000 trabajadores fronterizos residentes en España, de los cuales 11.000 son ciudadanos españoles.
Problemas tras el Brexit
En palabras del alcalde de La Línea, Juan Franco, "una de cada tres personas en edad de trabajar lo hace en Gibraltar, el otro trabaja en La Línea o el entorno y el otro, está parado". No obstante, esta no es la única parte de una población de 300.000 gaditanos que se ven afectados por el resultado de las conversaciones que, en un primer momento, excluyeron al Peñón de los principales mecanismos de integración europea.
También deben incluirse en la ecuación los cerca de 20.000 autónomos que trabajan de forma periódica para Gibraltar, una importante parte del sector servicios de la región y los negocios con cartera de clientes gibraltareños que dependen en gran medida del territorio de ultramar británico.
En el referéndum para la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, el 96% de la población gibraltareña optó por quedarse en la asociación política y económica europea. Sin embargo, ni su rotundo "Sí" ni su situación geográfica les salvaron del “No” británico. A partir de ese momento, en Gibraltar comenzó un “periodo transitorio” que, en realidad, no se tradujo en ningún cambio drástico para la ciudadanía.
Posteriormente, en 2020 entró en vigor el Acuerdo de Retirada, en el que se incluía cláusulas específicas para territorios como Gibraltar, Irlanda del Norte y las instalaciones militares británicas en Chipre. El 31 de diciembre de 2020 se alcanzó el Acuerdo de Nochevieja, que sentó las bases para incorporar al Peñón al espacio Schengen y eliminar las barreras fronterizas.
Este fue el primer hito de cuatro largos años de conversaciones entre Londres y Madrid para resolver cuestiones como quién sería el responsable de los controles fronterizos o cuál sería el uso civil y militar del aeropuerto, entre otras cuestiones. Durante este tiempo, el flujo de personas, así como el régimen fiscal especial, se mantuvieron: la frontera seguía abierta, pero sin un marco legal consolidado.
El 11 de junio de 2025 puso broche a las negociaciones con la firma de un tratado histórico para la comarca y para España, en un contexto de renovado acercamiento del Reino Unido de Keir Starmer a Bruselas. Ese mismo día, en la capital belga, el comisario europeo Maroš Šefčovič, el ministro español José Manuel Albares, el británico David Lammy y el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, rubricaron un acuerdo político que redefine la soberanía y la jurisdicción en torno a la cuestión de Gibraltar.
El fin de la verja de Gibraltar
Es oficial, Gibraltar formará parte del espacio Schengen, del Mercado Único de la Unión Europea y de la Unión Aduanera. De esta forma, caerá uno de los últimos muros de la Europa continental: la emblemática verja gibraltareña. España se encargará de aplicar los controles del espacio Schengen siguiendo un modelo similar al de la estación de St. Pancras, en Londres, de donde parten los trenes Eurostar hacia París, la capital francesa.
Esta medida se enfrentó durante casi un lustro a la oposición de los conservadores británicos, que argumentaban que esto supondría un ataque a la soberanía nacional –en un clima especialmente sensible tras la cesión de las islas Chagos a Mauricio–. Sin embargo, Madrid y Bruselas establecieron que la presencia de agentes fronterizos españoles era el peaje inevitable que Londres debía asumir para conseguir una frontera terrestre abierta en Gibraltar y convertir en la práctica al territorio en parte de la zona de libre circulación Schengen.
En el comunicado conjunto publicado desde Bruselas se declaró: “Para la Unión Europea, España llevará a cabo todos los controles de Schengen. Para Reino Unido, se seguirán realizando todos los controles de Gibraltar como hasta ahora”. Lammy aseguró que este acuerdo “protege la soberanía británica” y reafirmó que suponía una “solución práctica”. Tampoco dejó pasar la ocasión de asestar un golpe a la gestión conservadora del problema que había puesto “en peligro la economía y el modo de vida de Gibraltar”.
La Roca conservará la autonomía militar total, la gestión de su inmigración interna y ambas partes colaborarán en materia de visados, permisos y cooperación policial y judicial. Los controles migratorios se trasladarán a los puntos de entrada, el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, donde se gestionarán de forma conjunta por autoridades españolas y gibraltareñas, a las que los británicos habrán de enseñar su pasaporte.
Consecuentemente, se eliminarán los colapsos cotidianos formados por retenciones de automóviles y miles de personas que cruzan a diario. Además, les devolverá a los residentes de Gibraltar la libertad de circulación en la Unión Europea que tenían antes del Brexit. El aeropuerto del territorio, por otro lado, podría convertirse en una puerta de entrada a la región para vuelos comerciales europeos.
En el terreno económico, el acuerdo prevé la implantación de un modelo aduanero que minimice la burocracia, que sustente la futura unión aduanera y que prescinda de los dobles controles en el tránsito de mercancías entre Europa y La Roca y viceversa. Esta es una noticia importante para los 34.000 residentes del Peñón que dependen de las importaciones de alimentos, medicamentos y otros suministros procedentes de España.
Igualmente, se creará un instrumento financiero concreto para impulsar el desarrollo económico conjunto de todo el Campo de Gibraltar que permita canalizar inversiones europeas, proyectos tanto público como privados y acciones estratégicas que favorezcan la cohesión territorial, el empleo y el emprendimiento, entre otros.
La convergencia fiscal también forma parte del nuevo marco. Uno de los puntos principales para España del acuerdo ha sido la corrección de los desequilibrios históricos entre Gibraltar y la comarca, con especial atención al comercio de productos como el tabaco, que frecuentemente ha constituido una fuente de tensiones económicas y fiscales.
En materia de cooperación, el pacto contempla mecanismos de colaboración en aspectos como seguridad –con un especial énfasis en la lucha contra el blanqueo de capitales–, fiscalidad, medioambiente, transporte, etcétera. Estos compromisos podrían allanar el camino para que la Comisión Europea revise, y en el futuro retire, a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales.
Asimismo, se ha incluido una disposición de coordinación plena en cuanto a derechos laborales y en los sistemas de Seguridad Social, con el objetivo de conseguir que los trabajadores transfronterizos mantengan sus cotizaciones y derechos tanto en España, Gibraltar o Reino Unido. Esta protección supondrá un antes y un después para estos trabajadores, ya que no se contemplaban como tal aquellos que hubieran firmado un contrato emitido tras el 31 de diciembre de 2020.
Con el camino ya despejado, los equipos negociadores se disponen a ultimar el texto jurídico vinculante del acuerdo y a activar los procedimientos internos para su firma y ratificación formal. Más allá de lo institucional, el pacto pretende responder las peticiones de la región de accesos fluidos, estabilidad laboral, seguridad jurídica y una ansiada certidumbre para los trabajadores transfronterizos y las empresas que dependen del pulso económico del Peñón.
La comarca ha recibido el acuerdo con un “optimismo relativo”, en palabras de Juan Franco, a la espera de que se perfilen los detalles. Todo ello, sin que Reino Unido y España hayan cedido en sus posiciones históricas sobre la soberanía del territorio, en disputa desde el Tratado de Utrecht de 1713.
Madrid mantiene su reclamación sobre Gibraltar, mientras que la Constitución del Peñón, aprobada en 1969, establece que no puede producirse ninguna cesión de soberanía sin el consentimiento de su población. Trescientos años después, esa voluntad sigue siendo inmutable: en el referéndum de 2002, el 99 % de los gibraltareños rechazó de forma rotunda la idea de una soberanía compartida con España, incluso a pesar de su deseo de mantener vínculos estrechos con Europa y con la península.
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