El Reino Unido en la encrucijada del Brexit

El 23 de junio de 2016, tras intensas campañas de partidarios del Leave y Remain, el 51,9% de los británicos votó a favor de abandonar la Unión Europea. Aquel viernes empezó un largo y complicado camino hacia un mundo inexplorado en la política europea, que culminará el próximo 29 de marzo, cuando el Reino Unido oficialice su ruptura con el otro lado del Canal de la Mancha.

En estos 31 meses llenos de incertidumbres y crisis políticas, Theresa May ha tenido que negociar un acuerdo del Brexit con Bruselas para establecer los pasos a seguir del divorcio y un periodo de transición que ayude a una salida organizada del Reino Unido.  No obstante, en este recorrido la Primera Ministra británica ha tenido que lidiar con las exigencias del Partido Unionista Democrático (DUP) norirlandés y el ala dura de su partido conservador, así como con problemas fronterizos con la República de Irlanda y España. Con varios frentes abiertos aún por resolver, Londres y los 27 finalmente llegaron a un acuerdo el 13 de noviembre de 2018. 

Sin embargo, más de dos años de negociaciones pueden convertirse en agua de borrajas si la Cámara de los Comunes no aprueba el acuerdo para el Brexit el martes 15 de enero, el escenario más probable teniendo en cuenta la desconfianza existente dentro del partido gobernante y en la oposición hacia Theresa May y su pacto. Pero, ¿qué pasará con el Reino Unido y la Unión Europea si Westminster lo rechaza? Esta pregunta será respondida durante este artículo, no sin antes explicar cómo ha sido el proceso de separación entre Londres y Bruselas y cómo han evolucionado las negociaciones entre ambas partes. 

Los primeros pasos del Brexit

El mensaje euroescéptico de los partidarios del leave  fue el que más caló entre los británicos y así se reflejó en el plebiscito que batió record de participación: el 72,2% del electorado ejerció su derecho a voto, el porcentaje más alto de los últimos 25 años. La campaña brexiter, que tuvo como abanderado el partido derechista UKIP y el político conservador Boris Johnson, se centró especialmente en la economía e inmigración -utilizando en ocasiones datos que a posteriori se han demostado ser falsos-, dos de los aspectos que más preocupaban a los británicos.

1. Uno de los argumentos más utilizados por los brexiters fue que el pago anual que realiza Reino Unido a la Unión Europea -350 millones de libras semanales según ellos- se podría invertir en mejorar el Sistema Nacional de Salud (NHS) y la educación. Asimismo, también prometían una bajada de los gravámenes impuestos desde Bruselas en numerosos productos y servicios.
2. Otra de las promesas utilizadas fue que el Reino Unido podría recuperar su soberanía mediante el control de sus fronteras, sin leyes comunitarias que marquen sus políticas migratorias. De este modo, aseguraban que se reduciría la inmigración y la delincuencia. 

Sin embargo, tras la victoria del Brexit, se empiezan a vislumbrar las primeras consecuencias de lo que sería el principio de una crisis política. La libra se desploma un 7.5%, al mínimo desde 1985. El Fondo Monetario Internacional reduce las previsiones de crecimiento del Reino Unido en nueve décimas, situándose en un 1,3%. El Primer Ministro y principal valedor de la convivencia en la Unión Europea, David Cameron, dimite. En el partido Laborista se activa el proceso de moción de confianza contra su líder, Jeremy Corbyn, por su mala gestión durante el referéndum. Además, empiezan las primeras dudas de los británicos que cuestionan las promesas de los brexiters. 

Entre todo este caos, el 13 de julio de 2016 aparece la figura de Theresa May, que se convierte en la nueva inquilina del número 10 de Downing Street con la difícil tarea de unir a una sociedad dividida y polarizada e iniciar el proceso de divorcio. Con este cometido, el 29 de marzo del año siguiente, May activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa y se da inicio a las negociaciones entre Londres y Bruselas para establecer la ruta a seguir durante el proceso del Brexit. 

El acuerdo con la Unión Europea

Después de 20 meses de duras negociaciones, el ejecutivo británico y los 27 de la unión dieron su visto bueno al documento pactado entre Londres y la Comisión Europea. A pesar de que son más de 500 páginas, el acuerdo se sustenta especialmente sobre 4 puntos clave. El primero establece un periodo de transición, hasta diciembre de 2020 -se podrá prorrogar hasta finales de 2022-, con el objetivo de permitir a los ciudadanos, empresas y mercados adaptarse a la nueva situación. Durante estos meses el Reino Unido formará parte del mercado común pero no tendrá derecho de voto sobre las decisiones y leyes que se lleven a cabo. El Tribunal de Justicia Europeo no tendrá jurisdicción en el Reino Unido.

El segundo punto determina la millonaria cantidad que el Reino Unido tendrá que desembolsar, más de 40.000 millones de euros. El principal motivo de esta factura es evitar que el resto de socios tengan que aportar de su bolsillo el vacío económico dejado por Londres en el actual presupuesto europeo, que finaliza en 2020. Asimismo, servirá para pagar deudas, pensiones de los funcionarios británicos y los compromisos pactados anteriormente.  

Por otro lado, el acuerdo especifica que los británicos residentes en el bloque comunitario -1.3 millones- y los europeos afincados en el reino -3 millones- gozarán de los mismos derechos que han tenido hasta ahora. Además, los europeos podrán seguir estableciéndose en suelo británico hasta que acabe el periodo de transición.  Por último, Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido permanecerán en la misma unión aduanera que el resto del bloque comunitario en caso de no llegar a un acuerdo que evite una hard-border entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La fecha límite, el 31 de diciembre de 2020.

May presentó el acuerdo ante el Parlamento el 15 de noviembre, pero no obtuvo el resultado deseado. El líder del partido laborista lo calificó como “chapucero tras dos años de negociaciones chapuceras”. Ian Blackford, parlamentario del Partido Nacional Escocés -su líder amenazó con celebrar un segundo referéndum de independencia- criticó la ausencia de Escocia en el documento y aseguró que el acuerdo estaba muerto. 

Dentro del partido conservador, la Primera Ministra tampoco convenció.  El ministro para Irlanda del Norte, el ministro para el Brexit, la ministra de Trabajo y Pensiones y la secretaria de Estado del Brexit decidieron dimitir por discrepancias con el acuerdo, por el mismo motivo que llevó a otros 10 miembros del ejecutivo a renunciar su cargo durante 2017. Además, Jacob Rees-Mogg, uno de los parlamentarios más euroescépticos y críticos con las negociaciones con Bruselas, puso en marcha una moción de censura contra su líder. Aunque May sobrevivió con 200 votos a favor y 117 en contra, el estrecho margen evidenció la división existente en el partido conservador y la falta de confianza hacia la PM. 

Problema de Irlanda del Norte

El 8 de junio de 2017, Theresa May comete un grave error. Convoca elecciones anticipadas con el objetivo de consolidar su posición en el Parlamento y ante la Unión Europea. No obstante, el partido conservador pierde 12 escaños y la mayoría absoluta y se ve obligado a formar gobierno con el Partido Unionista Democrático. Ahora May necesitará el apoyo del DUP para sacar adelante su acuerdo del Brexit, pero los norirlandeses han reiterado en numerosas ocasiones que no lo apoyarán porque “trata a Irlanda del Norte de una manera diferente al resto del Reino Unido”. Pero, ¿qué pasa en Éire y por qué es el principal escollo de las negociaciones del Brexit?

Entre 1968 y 1998, la provincia de Irlanda del Norte sufrió un conflicto armado donde 3.600 personas perdieron la vida. El Ejercito Republicano Irlandés -más conocido por sus siglas, IRA- comenzó una lucha armada con la voluntad de conseguir unificar la República de Irlanda e Irlanda del Norte en un país soberano e independiente. Tras 30 años de sangrientos asesinatos producidos por la violencia del IRA, grupos paramilitares unionistas y las fuerzas de seguridad británicas, el 10 de abril de 1998 se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin al conflicto norirlandés.

Te puede interesar: Irlanda, una isla dividida y un conflicto armado

En este acuerdo, entre otras muchas cosas, se estipuló que la frontera entre ambos territorios no podía tener barreras físicas, eliminando de este modo los controles y puestos militares. Sin embargo, el Brexit amenaza con romper la frágil paz existente en la isla esmeralda con la reimposición de los controles aduaneros, el establecimiento de una frontera física y la presencia de policías o militares británicos. Esto no solo amenaza con aumentar la violencia aún existente en Irlanda del Norte, sino que también afectaría a los empresarios y comercios de ambos lados y a las 30.000 personas que cruzan diariamente la frontera. Tanto Londres como Dublín, Belfast y Bruselas no quieren llegar a esta situación y es por ello que buscan una solución al problema.

El acuerdo del Brexit menciona que si Bruselas y Londres no definen su futura relación comercial antes de que finalice el periodo de transición, se activará una red de seguridad –backstop– que evitará una hard-border entre las dos Irlandas mediante la creación de un territorio aduanero único, sin la imposición de aranceles. Asimismo, Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo con el objetivo de mantener abierta la frontera. Sin embargo, este es el punto que rechaza el DUP; sus parlamentarios no quieren perder la estrecha relación con Londres ni que se multipliquen las voces que piden la reunificación de la isla, por lo que exigen estar en la misma posición que el resto del Reino Unido.

Además, esta salvaguarda se podría eliminar solo si ambas partes del Canal de la Mancha están de acuerdo, por lo que el Reino Unido no lo podría abandonar si la Unión Europea no quiere. Esta condición ha levantado ampollas entre los conservadores al considerar que el backstop les mantendría unidos indefinidamente a Bruselas, algo que no desean bajo ningún concepto.

Gibraltar también ha supuesto un problema para May. Según el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, el artículo 184 no aclaraba que los acuerdos entre Bruselas y Londres que afecten al Peñón tenían que tener el visto bueno de Madrid, requisito que demandaba Pedro Sánchez para dar su aprobación al acuerdo del Brexit. Tras amenazar con vetar el tratado, finalmente el gobierno español consiguió lo que quería -según ellos- y acabó dando su apoyo a la separación en la Comisión Europea.

No-deal Brexit

Salida de la UE sin un acuerdo, en caso de que el Parlamento lo rechace. El escenario más posible y el más caótico. El FMI estima que la economía británica sufriría un retroceso económico del 7,8% y un estudio realizado por el 10 de Downing Street asegura que el PIB se reduciría un 9,3%. El gobernador del Banco de Inglaterra también advierte que el precio de la vivienda podría caer hasta un 35% en tres años, así como multiplicarse el desempleo. Esta precisamente es la última baza que le queda a May: el miedo. La Primera Ministra busca convencer a los MPs y la opinión pública que su acuerdo es el único que puede evitar el embollo económico, además de ser beneficioso para los intereses del Reino Unido. 

Asimismo, en un intento desesperado de conseguir votos entre los euroescépticos de Westminster, ha amenazado con permanecer en la Unión Europea si finalmente el Parlamento no aprueba el acuerdo del Brexit. Sin embargo, hay quien sigue rechazando la propuesta.

A falta de horas para la votación del Brexit, a May no le dan las cuentas. Los 10 diputados del DUP como ya han asegurado votarán en contra. Dentro de los Tories, unos 20 parlamentarios del eurófobo European Reseach Group, presidido por Jacob Rees-Mogg, también mostrarán su rechazo al acuerdo. Nunca aceptarán que el Reino Unido permanezca en la misma unión aduanera más allá del 29 de marzo de 2019 y someterse a las leyes impuestas desde Bruselas. Asimismo, varios conservadores pro-europeos mostraran su rechazo el día de la votación. Por último, en la oposición, excepto parlamentarios que quieran respetar la voluntad de su circunscripción, unos 10 aproximadamente, todo el partido laborista votará en contra. 

En caso de llegar a la tesitura del no-deal, ningún lado del canal gozaría de los 21 meses de transición propuestos en el Brexit y Londres no se vería obligado a desembolsar los 40.000 millones. La relación económica entre Reino Unido y la UE se regiría por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que supondría la introducción de nuevos aranceles, de hasta el 10% para los automóviles y entre 20 y 40% para los productos agrícolas. Esto afectaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que se verían obligados a pagar grandes cantidades en sus exportaciones e importaciones. 

Los puertos, aeropuertos y carreteras podrían colapsarse por culpa de los controles aduaneros. En consecuencia, se acabaría la libre circulación de bienes, servicios y personas entre el Reino Unido y la UE. Asimismo, tampoco quedaría establecido el estatus de los británicos residentes en los 27 países del bloque ni los europeos residentes en las islas, así como sus derechos de residencia y trabajo. También hay que tener en cuenta que Bruselas y Londres podrían establecer una hard-border entre la República de Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte. 

Aunque el 10 de Downing Street se este preparando para afrontar la situación, es poco probable que Londres y Bruselas permitan que esto suceda. En caso de que el parlamento británico no apruebe el acuerdo y se produzca un no-deal Brexit, ambos lados del canal buscarían una solución que permita minimizar los daños sociales, económicos y políticos que sufrirían, mediante pactos, leyes y nuevas negociaciones. El comercio con la Unión Europea supone casi el 50% de las exportaciones del Reino Unido y muchos países europeos perderían a su mayor aliado económico. A nadie le interesa un Brexit tan severo. 

También es posible, para evitar todo este caos, que May haga lo que siempre ha dicho que nunca haría: solicitar a la Unión Europea retrasar la fecha del divorcio para poder renegociar el acuerdo, celebrar un segundo referéndum o unas elecciones anticipadas. Sin embargo, para ello necesitaría el apoyo unánime de los 27 del viejo continente, que están más pendientes de las elecciones europeas que del Brexit. Incluso cabe la posibilidad de que finalmente Londres revoque unilateralmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa y siga formando parte de la UE. También se ha especulado con impulsar un Brexit a la noruega: permanecer en el Espacio Económico Europeo y el Acuerdo Europeo de Libre Comercio pero sin poder participar en la toma de decisiones del bloque. 

Sin embargo, como en todo el proceso del Brexit, existen complicaciones. El partido conservador se negaría a adelantar los comicios por miedo a perder más escaños en el parlamento. La opción del segundo plebiscito horroriza a los euroescépticos -según una encuesta de YouGov, el 52% de los británicos votaría a favor de la permanencia- y por ello aseguran que sería un ataque a la democracia del Reino Unido. Por último, Bruselas ha reiterado que no volverán a renegociar el acuerdo de la separación. 

Miles de posibilidades y miles de consecuencias. Tal y como aseguró Theresa May, si el Parlamento rechaza el acuerdo del Brexit, el Reino Unido afrontaría un “terreno inexplorado” donde nadie sabría decir exactamente qué ocurrirá. El próximo 15 de enero, lo que se decida en Westminster marcará el futuro del Reino Unido y la Unión Europea.