La Iglesia de la Unificación ha vuelto a adquirir notoriedad mediática en Japón tras la decisión de un tribunal de Tokio que ordena su disolución como organización religiosa. De esta forma, la justicia japonesa estima favorablemente la solicitud que en 2023 hizo el Ministerio de Educación y Cultura, departamento gubernamental que está a cargo de las cuestiones religiosas. La Iglesia de la Unificación, cuyo nombre oficial es “Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo”, ganó celebridad tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022.
La decisión judicial supondría, entre otras cosas, que la Iglesia de la Unificación pierda sus exenciones fiscales como organización religiosa y que, además, sea clasificada como una entidad “perjudicial”. La cuestión económica fue uno de los puntos más calientes del escándalo que estalló en el verano de 2022, con cientos de víctimas que denunciaron la comisión de supuestas prácticas abusivas durante años. Entre otras cuestiones, se ha señalado que la organización religiosa obtenía grandes sumas de dinero a través de sus fieles y sus familias en concepto de donaciones.
Uno de estos casos habría sido el de Tetsuya Yamagami, el presunto asesino de Shinzo Abe. Según contó el propio Yamagami a la policía, su madre habría hecho importantes donaciones a la secta hasta el punto de arruinarse y comprometer la situación de su propia familia, incluidos sus hijos.
En términos generales, se ha estimado que la cantidad donada por los adeptos japoneses a lo largo de varias décadas podría ascender a varios cientos de millones de dólares. Un dinero que en ocasiones ha ido destinado a operaciones comerciales y financieras, o que también ha sido enviado a Corea del Sur, lugar de nacimiento de la llamada “secta Moon”.
Cabe destacar que la Iglesia de la Unificación también ha forjado profundos vínculos con las esferas políticas del país. Según una investigación realizada por la agencia de noticias Kyodo News en agosto de 2022, por aquel entonces 106 de los 712 legisladores japoneses estaban conectados de alguna forma con la organización, siendo el 80% miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). Uno de los casos más significativos fue el de Nobuo Kishi, hermano pequeño de Abe y antiguo ministro de Defensa, que reconoció haber tenido ayuda de varios miembros de la secta para organizar una campaña electoral.
La decisión de la justicia nipona no supondrá la desaparición de la Iglesia de la Unificación en el país, pues esta podrá seguir operando bajo otra fórmula. No es descartable que la organización mantenga sus prácticas religiosas de antaño, aprovechando los resquicios de la ley. La cuestión económica, sin embargo, queda en una situación mucho más peliaguda respecto a la situación del pasado, habida cuenta de la presión que vienen ejerciendo las víctimas desde 2022.
La Iglesia de la Unificación no es la primera entidad de este tipo que ve restringidas sus actividades por la justicia nipona. Sobresale el caso del culto Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), responsable del atentado con gas sarín en el metro de Tokio de 1995 y otras acciones violentas. Su líder, Shoko Asahara, fue condenado a muerte y ejecutado en el verano de 2018. Otro caso relevante es el de la secta asociada con el templo budista Myokaku-ji, cuyos monjes fueron condenados por su implicación en exorcismos.
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