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Orden de detención contra Evo Morales en Bolivia en medio de su enfrentamiento con Luis Arce

Un hombre sostiene una imagen de Evo Morales cuando era presidente de Bolivia.
Un hombre sostiene una imagen de Evo Morales cuando era presidente de Bolivia. Fuente: Cancillería del Ecuador - bajo CC BY-SA 2.0

La situación política en Bolivia continúa degradándose sin visos de mejoría. La orden de detención emitida por fiscalía contra el expresidente Evo Morales, investigado por un presunto delito de “trata de personas para facilitar la prostitución”, escala la crisis del país andino y amenaza con desatar grandes movilizaciones contra el gobierno de Luis Arce.

Sobre Morales pesa una acusación por haber mantenido, supuestamente, relaciones sexuales con una adolescente de 15 años que quedó embarazada. Los hechos habrían tenido lugar en 2016, siendo Evo presidente del país. Según la fiscalía, la familia de la menor recibió beneficios económicos por parte del exmandatario para comprar su silencio.

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Esta causa ya fue estudiada por la justicia boliviana en 2016, aunque la investigación se archivó tres años después por falta de pruebas. No obstante, a principios de este curso político, la fiscalía anunció una reapertura del caso. La negativa de Morales a participar en el proceso y la llegada de “nuevas evidencias” motivó que la fiscal Sandra Gutiérrez emitiese una orden detención, medida ratificada por el fiscal general Roger Mariaca, quien anunció el 17 de diciembre que pedirá seis meses de prisión preventiva contra el acusado.

Evo Morales negó la acusación afirmando ser víctima de “una brutal guerra jurídica ejecutada por el gobierno de Luis Arce", que se comprometió a "entregarme como trofeo de guerra a Estados Unidos”. El exmandatario fue más allá, asegurando que el actual presidente, quien fuese su exvicepresidente y ex ministro de Economía, ordenó su asesinato el 27 de octubre de 2024.

Pese a que la orden de detención es firme, Morales no ha sido apresado porque desde hace semanas se encuentra refugiado en la sede del sindicato cocalero de Chapare, bastión del movimiento indígena. Allí está protegido por cientos de militantes que rodean las inmediaciones de un edificio que solo abandona para moverse por el interior del país, donde el “evismo” goza de gran implantación.

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Este es solo el último episodio de la grave crisis política que vive Bolivia. Al intento del golpe de Estado del 26 de junio, calificado como “autogolpe” por los afines al expresidente, le siguió el intento de asesinato de Morales y, ahora, la orden de detención.

De fondo, las elecciones presidenciales y legislativas de agosto de 2025, donde tanto Arce como Morales han declarado querer participar como candidatos presidenciales del Movimiento al Socialismo (MAS). Partido político, otrora compartido, y que ahora se disputan en una batalla legal e incluso física, habiéndose registrado peleas entre ambas facciones durante el fallido proceso congresual del MAS. 

Ratifican su desencuentro

El 18 de diciembre, coincidiendo con el 19 aniversario de la primera victoria electoral del MAS, ambos líderes escenificaron la división del partido y ratificaron sus aspiraciones de participar en las presidenciales del próximo año.

El presidente Arce encabezó un acto multitudinario en la emblemática Plaza Murillo de la capital boliviana. Desde allí, y flanqueado por el vicepresidente Choquehuanca, Arce obvió la confrontación directa con Evo y aseguró que “hay que recuperar nuestros principios ideológicos políticos, porque la derecha que la derrotamos allá en 2005 es la que hoy quiere ponerse en frente”, con la intención de “eliminar el Estado plurinacional”. 

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Mientras tanto, en Cochabamba, miles de seguidores del expresidente proclamaban a Evo Morales “candidato único” para las elecciones “con o sin el MAS”. En su perfil en la red social X, Morales recogió el guante asegurando que “no nos rendimos ante el feroz ataque de persecución, odio y difamación de los traidores y desleales; seguimos enfrentando a los vendepatrias; luchamos contra el racismo, discriminación y entreguismo de la derecha (…); no descansamos en movilizarnos para volver y reconstruir la institucionalidad y la justicia”.

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