El 7 de febrero de 2025, el recién estrenado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba su enésima orden ejecutiva, esta vez dirigida al continente africano y, más concretamente, a Sudáfrica. “Todos los departamentos y agencias detendrán, en la máxima medida permitida por la ley, la ayuda o asistencia extranjera entregada o proporcionada a Sudáfrica”, ha declarado la Casa Blanca en un comunicado de prensa. El motivo es la nueva ley de expropiaciones de tierras aprobada por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, el 23 de enero, la cual Trump ha tachado de “violación masiva de los derechos humanos”.
La promulgación de esta ley de expropiaciones responde a un objetivo de larga duración del gobierno de Sudáfrica desde la caída del régimen del apartheid en 1994. En la actualidad, aunque la población blanca representa un 7%, un 72% de las tierras del país pertenecen a esta minoría. El oficialista Congreso Nacional Africano (CNA) deberá ahora revisar la Constitución para permitir que parte de las expropiaciones de tierras se lleve a cabo “sin compensación”.
En palabras de Ramaphosa, la ley permitirá que la tierra “sea devuelta a aquellos a los que se les arrebató bajo la brutalidad del colonialismo”, permitiendo incrementar la producción agrícola y mejorar la seguridad alimentaria.
Sin embargo, la ley no ha despertado un entusiasmo unánime entre la población sudafricana, ni siquiera entre los partidos que forman la coalición de unidad nacional tras las elecciones de 2024. El mayor socio de gobierno es el partido Alianza Democrática, tradicionalmente asociado a la población blanca, quien ya han mostrado su firme rechazo a la medida. Asimismo, diversas fuerzas de la oposición ya han anunciado que iniciarán procesos legales. Por otro lado, el importante partido de izquierdas y principal valedor histórico de las expropiaciones, Luchadores por la Libertad Económica, ha tachado la ley de “insuficiente”.
Trump carga contra Sudáfrica
La ley de expropiaciones parece haber enfurecido a la administración Trump, que, sumado a la retirada de las ayudas, ha presentado un plan de reasentamiento de refugiados “para todos los afrikáneres en Sudáfrica que son víctimas de discriminación racial injusta”. Concretamente, la Casa Blanca justifica las medidas tomadas por “la retórica de odio y las acciones gubernamentales que alimentan la violencia desproporcionada contra los terratenientes desfavorecidos racialmente”.
Cabe recordar que Elon Musk nació en Sudáfrica y que suele mostrarse muy crítico con el gobierno del CNA. Musk lleva tiempo presionando a Ramaphosa para que le permita desplegar en el país el servicio de internet por satélite Starlink, lo cual incumpliría la legislación sudafricana sobre la inclusión de personas negras en las empresas que operen en el país. Asimismo, es importante señalar que Sudáfrica es uno de los fundadores de los BRICS, un grupo de países que Trump no ha dudado en calificar de”hostiles”.
Desde la Casa Blanca no han tratado de ocultar que las medidas tomadas contra Sudáfrica no responden solo a la mencionada ley, sino a los objetivos estratégicos y geopolíticos de la nueva administración estadounidense. “Sudáfrica ha tomado posiciones agresivas hacia Estados Unidos y sus aliados, lo que incluye acusar a Israel, y no a Hamás, de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, y revitalizar sus relaciones con Irán para desarrollar acuerdos comerciales militares y nucleares”, señala en el primer párrafo del comunicado.
Aunque Sudáfrica sigue siendo uno de los principales socios comerciales estadounidenses en el continente africano, las relaciones entre ambos se han deteriorado mucho después de la política de neutralidad sudafricana ante la guerra de Ucrania, su acercamiento a Vladímir Putin y su posición en defensa del pueblo palestino.
Unido a las medidas mencionadas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también anunció su intención de boicotear la próxima reunión del G-20 prevista para este 20 de febrero en Sudáfrica, alegando que el país anfitrión “está haciendo cosas muy malas”. China, en cambio, se apresuró en defender la presidencia sudafricana del G-20.
Esta disputa abre un nuevo capítulo de la guerra económica de Trump contra los países que no cumplen sus deseos, y podría suponer un duro golpe para la economía de Sudáfrica, la cual recibe cada año alrededor de 500 millones de ayuda estadounidense.
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