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Tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela por el Tren de Aragua

Banderas de Chile y Venezuela.
Banderas de Chile y Venezuela. Fuente: Oscar Maltez (izquierda) y Carlos Rolando González Machado (derecha) – bajo CC BY-NC 2.0 DEED y CC BY-NC-SA 2.0 DEED

Las relaciones entre Chile y Venezuela están atravesando un momento complicado, debido especialmente a la acumulación de varios casos que se han producido en las últimas semanas, todos ellos relacionados de una u otra forma con la seguridad pública chilena, y más concretamente a la organización criminal del Tren de Aragua.

En febrero saltó sorpresivamente la noticia del secuestro y posterior asesinato de Ronald Leandro Ojeda, un ex militar venezolano que en 2017 huyó de la prisión de Ramo Verde, en la que se encontraba recluido acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. En la madrugada del 21 de febrero, según grabaciones de las cámaras de seguridad, acudieron a su domicilio tres individuos con vestimentas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), armados, con chalecos y el rostro cubierto. En dichas imágenes se puede observar como Ronald Ojeda es sacado a la fuerza, semidesnudo y maniatado. Ese mismo día la Fiscalía chilena inició una investigación sobre la desaparición del militar venezolano, cuyo cuerpo fue localizado el 1 de marzo en el interior de una maleta, sepultada bajo casi un metro y medio de cemento, en la comuna de Maipú en Santiago de Chile.

Según las investigaciones en curso llevadas a cabo por la Fiscalía, se señala a la organización criminal del Tren de Aragua, originarios de Venezuela, como responsables directos del homicidio. Hasta la fecha solo se ha detenido a un menor de 17 años de dicho país, pero se desconoce quién ordenó el asesinato de Leandro Ojeda, aunque desde la Fiscalía tienen claro que detrás hay una motivación política y que se ha organizado desde Venezuela. El fiscal Héctor Barros ha solicitado que se cumpla con el tratado de extradición existente entre ambos países, a lo cual se ha sumado el presidente Gabriel Boric, que exige la entrega de los sospechosos involucrados.

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Las reacciones desde Venezuela han llegado de la mano del canciller Yván Gil, el cual ha negado la existencia de esta organización criminal, alegando que todo es una invención para ensuciar al gobierno venezolano. Cabe recordar que actualmente el Tren de Aragua es una de las principales amenazas a la seguridad pública de Chile, Perú y Colombia. Dichas palabras han sentado muy mal en Chile, al punto que Boric ha llamado a consultas al embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri. De igual forma, Carolina Tohá, ministra de Interior, ha manifestado que las declaraciones de Gil son “un insulto a los pueblos de Latinoamérica”.

Por si fuera poco, el 10 de abril por la noche se produjo otro asesinato, este caso el de un efectivo de los carabineros, el teniente Emmanuel Sánchez Soto. Según la información recopilada por la fiscalía, al menos cinco personas lo interceptaron a la salida de un evento religioso, estando fuera de servicio. Al identificarse como carabinero, se desató un tiroteo en el que resultó herido de gravedad, falleciendo posteriormente en el hospital. Uno de los asaltantes también cayó abatido. Conforme al fiscal Felipe Olivari, el delincuente era un venezolano que residía en el país de forma irregular y contaba con una orden de expulsión al menos desde 2020. Además, se ha conocido la detención de tres personas de nacionalidad venezolana y una mujer colombiana, los cuales son presuntos participantes del asesinato de Sánchez. De igual forma se investiga su pertenencia al Tren de Aragua.

Este caso ha puesto de manifiesto otro problema, que es la dificultad para llevar a cabo muchas órdenes de expulsión hacia Venezuela, dada la escasa colaboración por parte del país bolivariano. El presidente Boric ha declarado al respecto que “Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos, sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”. Las autoridades venezolanas, como el viceministro para América Latina, Rander Peña, han alegado que ellos son los primeros que quieren combatir a la delincuencia organizada. También ha reaccionado el fiscal general Tarek William Saab, afirmando que “Venezuela y su Ministerio Publico tiene la más absoluta disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada”. 

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