La guerra contra el narcotráfico es el epicentro de las dinámicas geopolíticas del continente americano. Desde la declaración de la “guerra contra las drogas” por parte de la administración de Richard Nixon, Estados Unidos y el conjunto de América Latina han experimentado una explosión en los índices de violencia y han asistido a la conformación de sucesivos emporios criminales.
Un reguero de sangre y dinero une a las naciones americanas. Desde los campos de cultivo y centros de procesamiento en la región Andina hasta las calles de Estados Unidos, pasando por El Caribe, Centroamérica y México, la guerra ha dejado una huella imborrable en las sociedades que la han padecido. Una marca que, hoy en día, está empezando a moldear los destinos de la región.
América se aproxima a una coyuntura crítica. La influencia de Estados Unidos en el mundo se constriñe y los nuevos imperativos estratégicos obligan a Washington a enfocarse en el hemisferio occidental. La superpotencia trata de reacomodarse en su área de influencia, valiéndose de las cicatrices que han dejado 50 años de prohibición de los estupefacientes. Y, en dicho proceso, destaca un país: México.
Los más de 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México convierten a este último en el epicentro del narcotráfico internacional. De este modo, las dinámicas internas de ambos países quedan íntimamente vinculadas por este flujo comercial ilegal. Por ello, el futuro de la gran superpotencia del siglo XX dependerá de la gestión de dicho fenómeno.
La expansión del narcotráfico en México ha sido trepidante, azuzada por el incremento mundial del consumo de drogas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los fallidos intentos de represión, entre otros motivos. La industria ha transitado desde ser una red caciquil enclaustrada en la periferia mexicana hasta convertirse en una fuerza capaz de condicionar las relaciones bilaterales entre la CDMX y Washington, así como influir en los bajos fondos de gran parte del mundo.
La denominada Operación Cóndor, llevada a cabo por presiones de Estados Unidos, desbarató las operaciones de producción de marihuana y heroína en la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, ello resultó contraproducente. Los narcotraficantes trasladaron sus operaciones a las grandes ciudades, específicamente a Guadalajara, donde encontraron el ecosistema perfecto para desarrollarse.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su afán de concentración del poder, secundaría la creación del Cártel de Guadalajara y la fusión de este con grandes porciones del aparato de seguridad del Estado. La impunidad no llegaría a su fin hasta el asesinato del agente de la DEA Enríque “Kiki” Camarena. La subsecuente crisis internacional derivada de su homicidio llevó a la implosión de la organización y a la fragmentación de la industria.
Desde el fin del Cártel de Guadalajara, México se ha visto envuelto en una espiral de violencia sin fin. Cuatro grandes cárteles se disputaban el control del narcotráfico durante la caída del sistema priísta. Un número que había ascendido a ocho cuando Felipe Calderón Hinojosa decidió intervenir manu militari. Desde entonces, el proceso de fragmentación se ha acelerado, trayendo consigo un inacabable repunte de la violencia.
Se estiman en cientos las células criminales que actualmente operan en suelo mexicano y en cientos de miles las víctimas mortales de sus enfrentamientos y dinámicas. Por su parte, las actividades económicas de los cárteles mexicanos han agravado la crisis de salud y seguridad interna en Estados Unidos. Esto último ha llevado a Donald Trump y al conjunto del movimiento “Make America Great Again” a apostar por la intervención militar en su vecino meridional.
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