El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió como presidente de la República Argentina –es decir, jefe de Estado, máxima autoridad del poder ejecutivo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas–. El “primer presidente liberal-libertario de la historia” recibió de Alberto Fernández, mandatario saliente, la banda y el bastón presidenciales, dándose por cerrado un ciclo de más de una década de política nacional dual marcada por la confrontación entre la identidad kirchnerista –un peronismo “progresista” alineado con los gobiernos de la “marea rosa” latinoamericana– y el republicanismo antiperonista –una amplia coalición conformada por espacios del liberalismo conservador argentino y por la centenaria Unión Cívica Radical–.
Del “no hay plata” a la economía de enclave
Javier Milei dio comienzo a su mandato con un discurso de espaldas al Congreso Nacional –contrario a lo que había venido marcando el protocolo de investidura durante décadas– con el que quería escenificar que su retórica “antipolítica” iba a persistir una vez asumido el cargo presidencial. Su agenda “anarcocapitalista”, con el superávit fiscal y la doctrina del shock económico como prioridades inmediatas irrenunciables, fue puesta a revisión desde el primer día. Aunque la dolarización como horizonte nunca fue dejada a un lado, el primer semestre del “experimento libertario” ha estado marcado por numerosos asuntos de coyuntura económica, por una compleja aritmética político-electoral y por un realineamiento radical internacional del Estado argentino en general y de la presidencia de la Nación en particular.
“No hay plata” y “el equilibrio fiscal no se negocia” han sido dos de los principales mantras discursivos del Milei presidente. Anclado en una rígida interpretación del liberalismo correspondiente con la escuela austríaca, el líder de La Libertad Avanza (LLA) presentó a dos semanas de iniciar su mandato un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con sendas medidas desregularizadoras y en el que se establecían considerables concesiones facultativas en favor del presidente en numerosas áreas. Aquel DNU, que ha llegado vigente al sexto mes de gobierno con la pasiva aceptación de un poder legislativo que no atina a tratarlo a pesar de los impulsos del bloque opositor –para derogar un DNU, es necesario que la Cámara de Diputados y el Senado lo traten y lo rechacen–, fue el primer gran giro económico del presidente.
El texto deroga centenares de leyes que habían venido regulando buena parte de las relaciones sociales y económicas dentro del país; en este sentido, áreas como las de los derechos laborales, el mercado de alquileres, los supermercados, los trabajadores autónomos o la justicia se ven profundamente alteradas por la agenda desregularizadora propulsada. En su anuncio oficial del DNU, a modo de síntesis, presentó una batería de derogaciones por las que quedaban anuladas leyes como las de Alquileres, de Abastecimiento, de Promoción Industrial o de Promoción Comercial. Al mismo tiempo, el texto abría las puertas a la privatización de una larga lista de empresas públicas portuarias, aeronáuticas, satelitales, de agua, bancarias, de telecomunicaciones, energéticas, de ferrocarriles, petrolíferas, carboníferas o educativas.
Junto al DNU, el gobierno de Javier Milei impulsó una devaluación del 118% del tipo de cambio oficial peso argentino-dólar estadounidense aparejada con un aumento de la inflación, que pasó del 12,8% en noviembre –último mes del gobierno de Alberto Fernández– al 25,5% en diciembre, según el INDEC, y con un descenso de los salarios reales y el consumo, así como de la actividad productiva, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El presidente argentino presentó también la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que, junto a nuevas delegaciones facultativas, impulsaba el proceso de privatizaciones y desregularizaciones.
La ley, para la cual el Ejecutivo todavía no ha logrado consagrar una aritmética legislativa favorable a su aprobación –hecho que ha forzado al gobierno a “reducir” el alcance del texto en algunos ámbitos–, incluye un elemento de modificación estructural de la economía argentina y de la posición del país en el sistema-mundo: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI, tendente a la reformulación de la economía argentina como una “de enclave”, incluye en sus líneas la posibilidad de que las empresas internacionales puedan demandar al Estado argentino frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución dependiente del Banco Mundial; es decir, en el proyecto del gobierno se reconoce el arbitrio internacional en materia comercial como superior al derecho nacional argentino.
Además, especifica que los inversores internacionales no tendrán la obligación de ingresar al país los dólares generados a través de la exportación, de tal forma que “no servirán para abastecer de divisas a la plaza local ni aliviará las tensiones del crítico sector externo”. En suma, este régimen facilita que los monopolios internacionales acudan al país en búsqueda de invertir en sectores como el litio, el gas natural o el petróleo sin que tengan obligación ninguna de dejar parte de los beneficios en el Estado o en el sector empresarial argentino –sin retenciones a las exportaciones, sin aranceles a la importación de maquinaria y bienes de capital, sin obligación de incorporar al Mercado Único Libre de Cambios la divisa extranjera a partir del tercer año….–. Es decir, de aprobarse la Ley Bases del gobierno de La Libertad Avanza, Argentina avanzaría hacia un patrón económico de especialización: exportación de recursos naturales sin reinversión interna.
Aritmética y diplomacia de Milei
No obstante, el presidente Javier Milei ha enfrentado algunos procesos de resistencias sindicales y sociales en el marco de su agenda de gobierno. Algunas, como la “Marcha Federal Universitaria”, lograron una considerable convocatoria en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otros puntos de la geografía argentina; cabe decir, sin embargo, que no parecen tener por el momento una conducción política opositora clara. La imagen positiva del líder “libertario” ha evolucionado en tendencia descendente desde el inicio de su mandato, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato di Tella: su promedio de 2,54 en los primeros cinco meses es peor que el equivalente obtenido por expresidentes como Néstor Kirchner (3,07), Mauricio Macri (2,81) y Alberto Fernández (2,62).
En cualquier caso, no es en las métricas sociológicas donde Milei ha encontrado sus mayores complicaciones políticas, sino en las aritméticas parlamentarias y en las relaciones con el resto de actores de la informal alianza de gobierno. Tras un acuerdo legislativo entre Unión por la Patria (el bloque peronista, principal espacio opositor), la Unión Cívica Radical y otros diputados por el que se aprobó una ley de movilidad jubilatoria contraria a los lineamientos presidenciales, Javier Milei amenazó con “vetar” la ley y habló de “la casta” en los siguientes términos: “que se caguen de hambre por ser una mierda”.
Esta cruda sentencia es ilustrativa de las relaciones entre el Ejecutivo “libertario” y los diputados y senadores del poder legislativo; el presidente ha tratado de sostener al mismo tiempo dos planteos que, en cierta medida, se niegan mutuamente: que el Congreso es un “nido de ratas” y que, en simultáneo, los legisladores habían de acompañarle en el “Pacto de Mayo” para refundar el “contrato social” de Argentina. La rígida visión del presidente al respecto del modelo económico que debe adoptar el país confronta con la realidad de la aritmética política nacional, ya que su espacio tiene 38 de los 257 diputados y 7 de los 72 senadores.
La Libertad Avanza ha transitado un primer semestre casi nulo en términos legislativos como consecuencia de una estrategia de relación política que oscila entre la confrontación directa y el llamado a las alianzas. Pese a ello, ciertamente el gobierno no está en ningún caso marginado en las cámaras, sino que ha logrado atropellados acuerdos con diversos bloques de Juntos por el Cambio y otros. La aprobación de la Ley Bases en Diputados –que, no obstante, volvió al circuito negociador tras ser modificada en el Senado– contó con el apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos, Innovación Federal y el Movimiento Popular Neuquino.
Así, a seis meses de su asunción, el puzle en Diputados es el que sigue: como oposición dura, Unión por la Patria (99 diputados) y el Frente de Izquierdas y de Trabajadores-Unidad (5 diputados), sumando 104 de los 257 asientos. El bloque nítidamente oficialista lo han conformado La Libertad Avanza (38 diputados), el PRO (37 diputados) y nueve diputados provinciales o escindidos; en total 86. Existe un amplio espacio “intermedio”, definido por el gobierno como “dialoguistas”, que sostiene una posición ambivalente en términos de apoyo-oposición, y que lo conforman actores como la Unión Cívica Radical (34 diputados), Hacemos Coalición Federal (16 diputados), Innovación Federal (8 diputados), la Coalición Cívica (6 diputados) y otros cinco diputados de distintos mini bloques, sumando 69 diputados. En el Senado, el oficialismo suma quince diputados entre LLA y el PRO, el espacio “intermedio” suma 26 y la oposición dura (todos de Unión por la Patria) suma 33.
Por otro lado, además del cierre de empresas públicas como la agencia de noticias Télam, crisis de seguridad como la de la provincia de Rosario o la crisis de los alimentos “escondidos” y su consecuente reestructuración interna, lo que ha terminado de definir el primer semestre del gobierno “liberal-libertario” en Argentina ha sido su proyección internacional, marcada por un alineamiento rotundo con el Estado de Israel, al que visitó en febrero tras haber avisado en campaña electoral que, de ser presidente, Buenos Aires reforzaría profundamente sus lazos con Tel Aviv.
Por otro lado, el realineamiento global de Buenos Aires desde la llegada de Milei a la Casa Rosada se extiende más allá del enlace con Israel. La crisis diplomática con el gobierno español de Pedro Sánchez y con el gobierno colombiano de Gustavo Petro; las tensiones diplomáticas con México; la compleja relación con la República Popular de China –con quien Argentina no solo mantiene un decisivo vínculo comercial, sino también financiero–; y la adhesión a la estrategia general estadounidense –de la mano de un previsible privilegio a los monopolios estadounidenses como Tesla en relación a otros grandes capitalistas europeos o chinos en los procesos de subasta de activos estatales nacionales– marcan en gran medida el rumbo internacional del gobierno.
Internacionalmente, Javier Milei ha encontrado grandes éxitos a lo largo de su primer semestre como presidente de Argentina en sus esfuerzos por consolidarse como una de las grandes figuras de la ola occidental de nuevas derechas radicales. Tanto en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Estados Unidos, como en VIVA 24, en España, Milei brindó sendos discursos que tuvieron un largo recorrido más allá de la propia Argentina. La jerarquía de este bloque ideológico transnacional es volátil, atravesada persistentemente por los distintos escenarios electorales que se ciernen; en ella, el anarcocapitalista ha logrado hacerse un hueco de segundo orden, aunque dicha posición se verá escrutada en función de los éxitos percibidos de su gobierno.
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