El martes 23 de diciembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra cinco ciudadanos europeos, a quienes acusa de “coaccionar a las plataformas estadounidenses para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista con los que no están de acuerdo”. Estas medidas implican la prohibición de entrada en territorio estadounidense para los afectados, entre los que se encuentra el excomisario Thierry Breton.
El que fuera ministro de Economía y Finanzas de Francia formó parte del primer gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y fue uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios Digitales (DSA), aprobada en 2022 con el objetivo de combatir los discursos de odio y la desinformación.
Los otros cuatro afectados son dos ciudadanos británicos que dirigen el Centro para la Lucha contra el Odio Digital y el Índice Global de Desinformación, respectivamente, además de dos activistas alemanas que lideran Hate Aid, una oenegé que rastrea la desinformación digital difundida por grupos de extrema derecha.
La decisión por parte de la administración estadounidense ha sido duramente criticada por los líderes europeos, quienes han defendido el derecho de Europa y la Unión Europea a legislar sobre cómo deben operar las empresas extranjeras en su territorio.
En este sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha acusado a Washington de “coacción e intimidación”. Por su parte, la Comisión Europea ha publicado un comunicado condenando las sanciones y defendiendo la libertad de expresión y las normas digitales de bloque.
La cruzada contra la regulación europea
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump y su gobierno han sido muy críticos con las regulaciones digitales europeas, en especial con la DSA. El mandatario republicano ha argumentado que esta normativa coarta la libertad de expresión e impone costes a las empresas tecnológicas estadounidenses.
En julio, en una publicación en redes sociales, el Departamento de Estado aseguró que miles de personas estaban siendo condenadas por criticar a sus gobiernos y afirmó que “lo único que protege la DSA es a los líderes europeos de su propio pueblo”.
Un mes después, a finales de agosto, el líder republicano manifestó en Truth Social que “los impuestos, la legislación, las normas o las regulaciones digitales están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense”.
Además, amenazó con imponer aranceles y restricciones a las exportaciones a los países que legislaran en contra de las compañías tecnológicas nacionales. Los líderes de Francia y Alemania, en una declaración conjunta a la prensa, defendieron la soberanía europea y afirmaron que cualquier medida que desafiara las normativas del bloque comunitario tendría represalias.
La situación se volvió más tensa cuando, a principios de septiembre, la Comisión Europea impuso a Google una multa de 2.950 millones de euros –la segunda más alta de la historia– por infringir las normas antimonopolio. El club comunitario considera que el gigante estadounidense ha "distorsionado la competencia en el sector de la tecnología publicitaria [...] favoreciendo sus propios servicios".
Como consecuencia, Trump volvió a amenazar con iniciar procedimientos contra la Unión Europea, en concreto con abrir una investigación bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, lo que le permitiría imponer aranceles y otras medidas en respuesta a lo que considera una amenaza externa.
A ello se sumó, a principios de diciembre, la multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a X, la compañía de Elon Musk, por incumplir las obligaciones de transparencia que exige la DSA. Según Bruselas, las infracciones incluyen el "diseño engañoso de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio de publicidad y la falta de acceso de los investigadores a los datos públicos".
La respuesta de la administración estadounidense llegó de la mano del vicepresidente J.D. Vance, quien afirmó que la Unión Europea no debería “atacar" a las empresas estadounidenses "por tonterías”.
Continúa la crisis en la relación transatlántica
En definitiva, las tensiones en la relación transatlántica por las normas digitales del bloque comunitario siguen en aumento. De hecho, la Comisión Europea está retrasando la aprobación de determinadas disposiciones de la Ley de Inteligencia Artificial debido a las presiones ejercidas por empresas tecnológicas y por la Casa Blanca.
Tras unos meses de cierta calma a nivel comercial, especialmente tras la firma del acuerdo en julio, la crisis de la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea vuelve a ponerse de manifiesto y se expande a otros ámbitos.
Primero la imposición de aranceles, después la exigencia de aumentar el gasto en defensa y la desvinculación en la defensa de Ucrania y ahora los ataques contra las regulaciones europeas en tecnología.
No hay que olvidar que, en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 publicada hace pocas semanas, Estados Unidos vinculaba la alianza con Europa a la corrección de su rumbo político, identitario y económico.
Dicho de otra manera, exigiendo una alineación total con los intereses de Washington y una mayor apertura a las empresas estadounidenses, reviviendo el polémico discurso de Vance en Múnich en febrero de este año y recordando a la Unión Europea que debe reforzar su autonomía ante un Estados Unidos cada vez más impredecible.
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