El movimiento estudiantil en Argentina ha iniciado un proceso de protestas, huelga y toma de universidades el 9 de octubre. Organizaciones de estudiantes y gremios de profesores han rechazado el proceso de desfinanciamiento universitario impulsado por el gobierno de Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023.
El presente ciclo movilizatorio tiene un precedente en la Marcha Federal Universitaria de abril de 2024. El rechazo a la postura del Ejecutivo argentino ha gozado del apoyo de buena parte de los rectorados y organizaciones políticas estudiantiles, así como del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que ha publicado el siguiente comunicado:
“El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) repudia la postura de diputadas y diputados nacionales que le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento [...] Hoy el sistema universitario público tiene el 70% de los salarios docentes y no docentes por debajo de la línea de la pobreza; las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y están paralizadas las obras; se encuentra en peligro la continuidad de las becas universitarias, único instrumento para construir igualdad de oportunidades; y no se invierte en investigación, ciencia y tecnología, fundamentales para el desarrollo de un país soberano".
El contexto de las protestas es el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, previamente aprobada en el Congreso, que actualizaba el financiamiento de las universidades públicas e introducía una recomposición salarial para los trabajadores de las mismas. Javier Milei había ejercido su poder de veto contra la normativa aprobada en el poder legislativo, alegando que supondría un coste del 0,14% del producto interno bruto (PIB) del país.
En Argentina, el presidente –en tanto jefe del poder ejecutivo– puede vetar cualquier ley emanada del poder legislativo. No obstante, a posteriori, el mismo poder legislativo puede revertir definitivamente el veto presidencial si dos tercios de ambas cámaras –de los Diputados y Senado– así lo deciden. En esta ocasión, 160 de los 249 diputados que votaron en la cámara aprobaron el rechazo al veto, al tiempo que 84 –algo más de un tercio– se posicionaron en contra, consolidando de esta forma el veto de Milei.
La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, y el PRO del expresidente Mauricio Macri fueron los bloques que mayoritariamente se posicionaron del lado del oficialismo, junto con cuatro diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros diputados de varios bloques. El mismo esquema legislativo operó en septiembre en relación al veto presidencial al aumento de las pensiones aprobado previamente por el poder legislativo. En contra del veto presidencial votaron, principalmente, el bloque peronista de Unión por la Patria, la izquierda trotskista, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la mayoría de legisladores de la UCR.
La mayoría de las encuestas demoscópicas en los últimos tres meses identifican una caída notable de la imagen pública de Milei y de la aprobación de su gobierno. El trabajo publicado por la empresa Zubán Córdoba en septiembre reflejaba una desaprobación general del 57,3% frente al 42,3% que expresaba algún tipo de aprobación a la gestión “libertaria”. En simultáneo, un 55,1% de los encuestados declaró percibir que el país iba “en la dirección incorrecta” desde que Milei era presidente; solo un 39,5% dijo lo contrario –con un descenso de 8 puntos desde abril–.
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