Las protestas que están sacudiendo Irán son vistas por una inmensa parte de la comunidad internacional como una “revolución” o una “insurrección popular”, mientras que desde el Estado iraní se considera que en ningún caso han conseguido convertirse en protestas masivas que supongan una amenaza real para el actual status quo político. El objetivo de este artículo es intentar explicar la situación actual, la composición de las protestas y la narrativa del régimen respecto a las mismas.
Muerte de Masha Amini: comienzo de las protestas
Las protestas comenzaron después de la muerte de Masha Amini, una joven de 22 años arrestada por la Gašt-e Eršād, la llamada policía moral, en Teherán. Desde el primer momento, varios testigos declararon que habían visto cómo la policía moral golpeaba a la joven mientras la empujaban al interior del furgón policial y que esta habría sido la razón de la supuesta parada cardíaca que habría sufrido Amini. El Estado, por su parte, negó cualquier tipo de maltrato y rechazó los testimonios de los testigos como “infundados”. Para corroborar su versión, las autoridades publicaron imágenes de la cámara de seguridad de la comisaria en las que se ve cómo Masha Amini pierde el conocimiento y es posteriormente trasladada al hospital, donde finalmente fallecería tres días después.
En los primeros momentos después de su muerte, varias instituciones iraníes se comprometieron a lanzar una investigación. El presidente Raisi, después de mostrar sus condolencias a la familia en un tuit, ordenó al ministro del interior que se pusiese en marcha una investigación y que esta fuese “lo más rigurosa posible”. El responsable máximo de la judicatura, Mohseni Ejei, abrió de oficio una investigación y dio instrucciones claras a los fiscales encargados de la misma para que esa investigación “fuese lo más completa y minuciosa posible”. Por su parte, el presidente del parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, anunció que también se abriría una investigación que tendría como objetivo principal ver si se habían “cometido excesos por parte de la policía moral”.
Por otro lado, el director del departamento forense de Teherán, Mehdi Faruzesh, publicó un informe preliminar según el cual “no se apreciaban signos de fractura craneal, sangrado interno o rotura de órganos” en el cuerpo de Amini. La autopsia oficial, hecha pública el 7 de octubre, confirmaba los datos preliminares aportados por el gobierno: “Amini no habría muerto a causa de ningún tipo de lesión recibida en el cráneo o cualquier otra parte de su cuerpo”. La autopsia venía a decir que Amini sufría una dolencia crónica y esta sería la razón de su fallecimiento.
Para los manifestantes, ninguna de las explicaciones oficiales son creíbles. Desde el primer momento se acusó directamente a la policía moral de haber asesinado a Amini. Para los miles de iraníes que han salido a las calles la muerte de Amini se enmarca dentro de lo que ven como “intensificación de las políticas represivas por parte del estado y la administración Raisi en particular”. De hecho, el pasado mes, desde la administración, se habló de implementar medidas más duras contra las llamadas “violaciones del hijab”.
El día de su entierro, el 17 de septiembre, se produjeron las primeras manifestaciones importantes en la ciudad natal de Amini, en Saquez, en el Kurdistán iraní. En varios vídeos colgados en Twitter y en Instagram, se ve a grupos de mujeres quitándose el velo y gritando “muerte al dictador”, en referencia al Líder Supremo de la República Islámica, Ayatolá Ali Khamenei, aunque el grito más utilizado en estas protestas ha sido زن، زندگی، آزادی, –”mujer, vida y libertad”–. Desde entonces las protestas se han extendido por todo el país, dejando un número de muertos que varía según manifestantes –que hablan de más de 200– y el Estado –que por su parte habla de unos 50 muertos y pone el foco en los más de 30 policías y miembros de la fuerza Basij asesinados a manos de lo que el Estado califica como “agitadores violentos”–.
De hecho, la dicotomía entre “manifestantes” y “agitadores violentos” es uno de los discursos políticos más empleados por el Estado para lidiar con la actual situación. La idea es que existe un grupo de manifestantes pacíficos, que serían la mayoría, con diversas sensibilidades políticas –desde aquellas personas que pretenden cambiar el rumbo tomado por la República Islámica en las últimas décadas y volver a los orígenes de la Revolución, a otras que claramente buscan un modelo político distinto al actual– y frente a estos, una minoría violenta, que se habría hecho con el control de las protestas y con el relato de las mismas, cuyo objetivo sería un cambio de régimen por métodos violentos. Estos últimos son definidos por las más altas instituciones del país, desde el Líder Supremo al Ministro del Interior, como un colectivo financiado en muchos casos por lo que en Irán se conoce como “el enemigo”: diversos actores como Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, el grupo terrorista MEK, simpatizantes de la dinastía Pahlavi, etcétera. Este grupo, además, estaría apoyado por varios medios de comunicación, en concreto Manoto TV, BBC Persia e Irán Internacional.
Esta distinción entre manifestantes y “agitadores”, se traduce también en la manera en que las autoridades se comporta con ambos grupos. Respecto al primer colectivo, se traslada la idea de que sus críticas son importantes para el Estado. En las pasadas semanas se han visto varias iniciativas en las que se trataba de hacer visible este diálogo con los manifestantes. Por ejemplo, el portavoz del gobierno se reunió en el campus de la Universidad Allama Tabataba’i, en Teherán, con varios grupos de estudiantes. También tenemos las declaraciones de Ali Khamenei, quien en uno de sus discursos, al comienzo de las protestas, hablaba de “corregir ciertas actuaciones desafortunadas”, en referencia a los manifestantes. Respecto a los llamados “agitadores”, el Estado ha mantenido una línea dura desde los primeros momentos, acusando a este grupo de estar detrás de varios asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad y de estar en connivencia con elementos de inteligencia extranjera. Hace unas semanas, el viceministro del interior, Majid Mirahmadi, en unas declaraciones al periódico Entekhab, hablaba de que los “agitadores” permanecerían en prisión hasta el día de la celebración del juicio.
Desde la perspectiva del régimen, la distinción entre manifestantes y “agitadores” tiene una lectura islámica. Se entiende que la crítica, una de las características básicas del pensamiento islámico, está más que permitida, siempre que su objetivo sea la voluntad de reforma y después de analizar todos los puntos de vista de una manera imparcial. Por otro lado, los llamados “agitadores” lo son desde la óptica ideológica porque no siguen el camino de la crítica constructiva, sino que lo único que buscan es la destrucción del Estado.
Es evidente que para la mayoría de gente que está protestando en las calles este marco discursivo no es más que un intento por parte del Estado de dividir las protestas. Un movimiento que considera que se está enfrentando a un régimen brutal e irracional. Las manifestaciones, al menos en el exterior, se han centrado en el velo como símbolo de la opresión islamista sobre el cuerpo femenino, algo que desde los entornos de la República Islámica se considera que sirve para poner en marcha todo un dispositivo orientalista a la hora de ver, comprender y analizar lo que ocurre en contextos no Occidentales, y en concreto en contextos islámicos.
Esta idea, la de evitar caer en relatos claramente orientalistas, es compartida por integrantes del movimiento de protesta en el interior, así como por una pequeña parte de la diáspora iraní en el exterior, la cual en su mayoría representa la visión más beligerante contra la República islámica. El ejemplo que se pone en cuanto al relato orientalista, incluso por parte de los manifestantes, es la importancia que medios occidentales han dado a la figura de Masih Alinejad –una ciudadana iraní que reside en Estados Unidos–, en muchos casos señalándola como la cara más visible de las protestas.
Alinejad, la cual desde el Estado se apunta a que trabaja para Voice of America es vista por muchos y muchas iraníes como una figura que debido a su proyección internacional ha silenciado a figuras que sí son consideradas por los manifestantes como mucho más relevantes en la actual situación, como por ejemplo el ex-futbolista Ali Karimi. Existe una diferencia política entre ambas figuras. Alinejad no tiene problema en buscar apoyos en Israel o en Estados Unidos en su búsqueda de alianzas contra la República Islámica, mientras que Karimi, sin dejar de buscar una democracia liberal, considera que este cambio debe venir desde el interior de Irán sin interferencias extranjeras.
Las protestas
Varios analistas políticos iraníes –cercanos y no cercanos al gobierno–, consideran que la situación actual no es muy diferente a la vivida durante las protestas del 2019, cuando el gobierno del entonces presidente Rouhani decidió retirar las subvenciones a la gasolina. Incluso apuntan a que aquellas protestas, encabezadas por las clases trabajadoras de Irán, fueron mucho más significativas en número de manifestantes.
En 2019, recuerdan estos analistas, el gobierno cortó Internet durante casi un mes, algo que no se ha producido hasta el momento en esta ocasión. En las actuales protestas, Internet ha funcionado con restricciones desde los primeros días y se llegó a cortar totalmente solo en algunas provincias. A mediados de octubre, el Ministro de Comunicaciones, Eisa Zarepour, daba por finalizadas estas restricciones impuestas a causa de las protestas.
El gobierno iraní ha encargado la realización de un informe parlamentario para intentar conocer el perfil de las personas que han integrado las protestas hasta la fecha. Ese informe pone el foco en los jóvenes y en las mujeres como la parte más visible de las protestas, pero comprendiendo que este perfil no es el único presente en las manifestaciones. El informe recoge que la situación ha cambiado y apunta a la existencia de grupos violentos que han logrado infiltrarse, con éxito, entre el resto de manifestantes pacíficos para crear disturbios. Por otro lado, añade que la situación en Irán “no es una insurrección popular, ni una revolución”, apuntando a que estas protestas no suponen una amenaza para la supervivencia política de la República islámica, –a diferencia de las vividas en 2009 a raíz de la elección de Ahmadinejad como presidente y las posteriores acusaciones de una parte de la población, que había votado por el candidato reformista, de fraude electoral–. Según este mismo informe, el día que más gente se manifestó, a nivel nacional, lo hicieron alrededor de 45.000 personas. Además, da por finalizadas las protestas, esto es, considera que las más importantes en número de asistentes han finalizado, aunque se mantengan pequeños focos de manifestantes en Universidades y en diversas ciudades. Si bien es cierto que las protestas han continuado, parece que, quitando momentos puntuales, como la “peregrinación” a la tumba de Amini al cumplirse los 40 días de su fallecimiento, las manifestaciones están siendo menos numerosas que al principio.
Por otro lado, varios análisis publicados dentro y fuera de Irán consideran que las protestas también son secundadas por una parte de la clase media, la parte más políticamente occidentalizada y pro liberal, que considera que la República Islámica es un régimen ilegítimo desde su misma fundación en 1979, o bien ha ido perdiendo su legitimidad revolucionaria al alejarse de los principios de la misma. Este régimen, siguiendo esta narrativa, y sus políticas islamistas, ha convertido al país en una anormalidad dentro de la comunidad internacional. Este grupo considera, además, que el apoyo de la República Islámica al llamado Eje de Resistencia, en particular a los grupos palestinos y a Hezbollah, solo sirve para agotar los recursos iraníes y para continuar con esa deriva islamista en el exterior.
Además, este grupo de manifestantes considera que las personas que no han salido a manifestarse se benefician de un sistema clientelista que favorece las relaciones verticales entre patrón-cliente. En otras palabras, que el resto de sensibilidades políticas en Irán no se hayan unido de manera masiva a las protestas se explica por su supuesto adoctrinamiento político, así como por ser beneficiarios de las ayudas sociales concedidas de manera irregular gracias a los cientos de bonyads –asociaciones benéficas que según estimaciones de gobiernos Occidentales podrían controlar un 20% del PIB iraní–. Para el Estado iraní esta visión no hace más que infantilizar a la población iraní que no comparte el horizonte occidental como modelo político, al no considerarlas capaces de agencia política.
La Guardia Revolucionaria y las supuestas grietas dentro del gobierno
Por otra parte, otra cuestión que ha llenado páginas de medios generalistas y especializados, es la cuestión del ejército y la Guardia Revolucionaria, y su posible lealtad o no al Estado. La pregunta más recurrente es si la Guardia Revolucionaria, en concreto, se podría situar al lado de los manifestantes en un acto masivo de desobediencia. En Irán este es un debate sin mucho recorrido. Al principio de las protestas la Guardia Revolucionaria publicó un comunicado, firmado por su Comandante en Jefe, General Salami, en el cual se despejaba toda duda sobre la lealtad y el apoyo de la Guardia al actual sistema político y al resto de fuerzas de seguridad.
En ningún momento se han dado movimientos internos que apunten hacia la posibilidad de una fractura en la Guardia Revolucionaria. Según varios analistas, tanto iraníes como extranjeros –como el israelí Raz Zimmt–, las supuestas “grietas” dentro de la Guardia son más un deseo que una realidad. Incluso los manifestantes en el interior del país no consideran esa posibilidad como algo real. No tienen la menor esperanza de que el estamento militar se fracture y esto facilite la caída de la República Islámica. Lo que una parte de los manifestantes, nuevamente, ven como un adoctrinamiento de las fuerzas de seguridad –incluyendo policía, ejército, Guardia revolucionaria y la fuerza auxiliar Basij–, es visto desde el estado como una lealtad a los principios políticos de independencia nacional frente a las amenazas externas-internas, y a la doctrina de Wilayat e Faqih –doctrina del poder desarrollada por Khomeini, que tiene al jurista islámico como su figura principal–, véase aquí mi artículo para saber más sobre este principio político básico.
Siguiendo con la cuestión de las grietas dentro del sistema, la idea defendida por varios analistas internacionales de que se están produciendo movimientos internos dentro de la llamada élite política iraní, es rechazada por parte de expertos iraníes, quienes consideran que lo que desde el exterior es visto como “grietas”, realmente responde a la existencia de diversas visiones políticas en el país. En este sentido, es interesante señalar que tanto la llamada policía moral, como la obligatoriedad del velo, han sido repetidamente criticadas en el parlamento iraní desde hace décadas. El último informe de la comisión parlamentaria encargada de revisar la actuación policial en el caso de Masha Amini, y publicado a principios de octubre, habla de la necesidad de un mejor entrenamiento de la Gašt-e Eršād y entre otras consideraciones se critica que los miembros de la fuerza no estén equipados con cámaras corporales para grabar cada una de sus intervenciones.
En conclusión, podemos decir que para el gobierno iraní, las protestas han sido magnificadas por parte de los medios de comunicación internacionales, así como por determinadas instituciones y personalidades en redes sociales para dar la sensación de que se está viviendo una revolución en Irán. Desde esta narrativa, se trata de protestas sin ninguna capacidad, ya no para derrocar a la República islámica, sino para conseguir algunas de sus reivindicaciones. Además, se insiste en que las protestas han pasado de ser pacíficas a ser violentas y a no ser más que “disturbios” en muchos casos. En este sentido, en los pasados días el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, General Salami, reforzó esta narrativa al pedirle a los manifestantes que abandonasen las calles y se distanciasen de los “agitadores”. Al mismo tiempo, el presidente del Parlamento Mohamed Qalibaf volvió a ofrecer un diálogo sin condiciones a los manifestantes.
Por su parte, los manifestantes –que rechazan todas las acusaciones de violencia como fabricadas–, reconocen no estar consiguiendo, según su propio relato, que la República Islámica cambie sus políticas –aunque, por ejemplo, en las últimas semanas la Gašt-e Eršād ha desaparecido de las calles de Teherán, lo que hace especular a diversos analistas sobre una mera retirada temporal para no crear más tensión en las calles, pero también sobre un posible desmantelamiento de la fuerza–. A pesar de todo, para los manifestantes las protestas son un ejemplo palpable de su malestar político y social, así como de lucha política que, tarde o temprano, desde su narrativa, dará los resultados buscados: bien una reforma política dentro de los parámetros de una República Islámica, bien un cambio de régimen total tal y como quiere la parte más liberal-occidentalizada.
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