A cinco meses de las elecciones PASO, y a siete de las presidenciales, el gobierno argentino ha puesto fin al pacto Foradori-Duncan con el Reino Unido. Dicho acuerdo fue firmado en 2016 –durante la presidencia de Mauricio Macri– en un encuentro que tuvo lugar entre Alan Duncan –entonces viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido– y Carlos Foradori –entonces vicecanciller de la República Argentina–. Dicha reunión tuvo lugar en la embajada del Reino Unido en Buenos Aires y ha venido siendo blanco de sendas polémicas en Argentina recientemente.
El propio Duncan relató en sus memorias que Foradori firmó el acuerdo en estado de ebriedad, aunque este detalle no ha sido confirmado por el ex funcionario argentino. No obstante, la polémica del pacto va más allá de la figura del vicecanciller; el mismo Mauricio Macri fue denunciado por la abogada Valeria Carreras por “traición a la patria”. Conviene apuntar en este punto que la constitución argentina ratifica en su primera disposición transitoria su “legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
Anotado lo anterior, es relevante responder a la pregunta de qué contenía el acuerdo, descrito por la cancillería del país latinoamericano como “uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas”. En lo aceptado por Duncan y Foradori durante su conversación, el gobierno de Mauricio Macri se comprometía a remover “todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos” y a facilitar el establecimiento de “conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países”. De facto, el pacto confirmaba concesiones al bando británico en lo que respecta a la explotación de los recursos del archipiélago, lo que va en dirección opuesta al reclamo argentino por la soberanía plena de las islas.
¿Qué pretende Argentina con este movimiento? En palabras del mismo Santiago Cafiero a través de su cuenta de Twitter, el gobierno argentino propone formalmente la reanudación de las negociaciones al respecto de la soberanía de las islas Malvinas a través de las Naciones Unidas. En este sentido, procede señalar que la ONU considera a las Malvinas un “territorio no autónomo” y lo reconoce como sujeto a proceso de descolonización, es decir, como uno de aquellos “territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio” junto a otros como Nueva Caledonia o el Sáhara Occidental. De esta forma, Buenos Aires trata de volver a poner sobre el tablero internacional su reclamo soberano sobre el territorio, promulgando nuevas negociaciones que desemboquen en la devolución a Argentina del archipiélago que hoy se encuentra ocupado por el Reino Unido.
El timing del reclamo, por supuesto, no es casual. La de las Malvinas es una cuestión constitucional y aglutinante en el país. La defensa de la soberanía argentina sobre el territorio marítimo está considerablemente extendida entre los distintos actores políticos del país, además de contar con un severo apoyo entre un porcentaje elevado de la población nacional. El 2023 es año de comicios en el país, y reavivar el asunto puede agitar algunos cálculos electorales. No obstante, lo cierto es que, pese a la coincidencia con el ciclo electoral, resulta difícil considerar al movimiento como una suerte de jugada electoralista en sí misma. Por contra, el gobierno de Alberto Fernández ha sostenido una defensa integral del reclamo argentino sobre el archipiélago desde el inicio de su mandato. En la apertura de sesiones del año 2020, al inicio de su gestión, el presidente ya condenó la “usurpación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.
El Reino Unido ha reaccionado rápidamente al anuncio del canciller argentino a través de su secretario de estado para Relaciones Exteriores, James Celeverly, quien ha insistido en que “las Islas Malvinas son británicas” y ha defendido el derecho de los islanders a “decidir su propio futuro”. Islanders es el término empleado por el Reino Unido para definir a los colonos británicos que se fueron asentando en las islas Malvinas después de que el país europeo ocupase el territorio en 1833. A su vez, la embajadora británica en Argentina, Kirsty Hayes, ha lamentado la medida expuesta por Santiago Cafiero.
Con el fin del acuerdo, el gobierno argentino y el movimiento peronista ponen de nuevo sobre la mesa la cuestión Malvinas, reabriendo una causa pendiente del proceso internacional de descolonización de una multitud de territorios a lo largo del globo. Las elecciones presidenciales de octubre serán importantes para predecir el futuro a corto y medio plazo de la devolución de las islas Malvinas a Argentina, por cuanto el compromiso con las mismas y la jerarquía de prioridades a este respecto varían considerablemente entre el oficialismo (Frente de Todos) y la oposición (Juntos por el Cambio, libertarios e izquierda no peronista).
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