Para nadie es un secreto que la historia de Colombia se ha visto fuertemente marcada por el conflicto armado, y por el narcotráfico desde hace más de 50 años, además que los grupos al margen de la ley han financiado sus actividades mediante la producción y tráfico de cocaína. Es por ello que durante los mismos años el gobierno nacional ha intentado negociar con estos grupos para dar un final al conflicto y a su vez a el narcotráfico; pero no fue hasta el año 2012 donde tanto el gobierno como las FARC-EP pudieron dialogar y llegar a la firma del Acuerdo en septiembre del 2016 por parte de Juan Manuel Santos, presidente de la república, y alias Timochenko, dirigente de las FARC-EP.
Este Acuerdo se fundamentó en tres elementos novedosos para Colombia. El primer punto se entiende, según palabras del Jefe Negociado del gobierno en que “Nada está acordado hasta que todo este acordado”, es decir, se entiende el Acuerdo como uno solo, y hasta que no existiera un acuerdo sobre todos los puntos no sería válido. El segundo elemento, es que el proceso de negociación se llevó a cabo fuera del país, en La Habana (Cuba) mientras continuaban las operaciones militares (de ambas partes) en territorio nacional. Como último elemento, se trabajó sobre una agenda clara de seis puntos que pretendían abordar las raíces del conflicto armado, entre ellas el Narcotráfico.
El enfoque dado por el equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos fue la de superar “la guerra contra las drogas” con su enfoque militarista, y pasar a una enfoque diferencial que reconociera: 1) las causas territoriales que facilitan el cultivo y transformación de la hoja de coca en cocaína, 2) la responsabilidad diferenciada entre las comunidades rurales y los carteles de la droga, y 3) los efectos de salud pública por el consumo de drogas alucinógenas.
Este artículo pretende dar ciertas claridades sobre quiénes son los nuevos actores vinculados al narcotráfico en Colombia y porqué el Acuerdo Final –de 2016- no ha aportado los resultados esperados frente al problema del narcotráfico, a pesar de la desmovilización de las FARC-EP.
Antecedentes del Acuerdo Final
La condiciones geográficas y sociales de Colombia, ha permitido la proliferación de diferentes actividades económicas de forma ilegal e irregular en convivencia con una institucionalidad política y económica. A partir de la década de los 1970 en Colombia se comenzó a producir y exportar marihuana, en el conocido Boom Marimbero.
La facilidad para la producción y tráfico de marihuana, junto a una demanda creciente (en EEUU y Europa) permitió constituir una red internacional de tráfico de drogas Para finales de los años 1980 las drogas duras como la cocaína comenzaron a tener una alta demanda en el mercado norteamericano. Por lo cual las mafias locales, comenzaron a migrar al nuevo mercado; con lucrativas ganancias.
La transformación de la hoja de coca requiere de materiales de fácil acceso y de una infraestructura simple (a diferencia de otras drogas sintéticas) por lo cual las mafias colombianas, principalmente, pasaron del negocio de la marihuana al de la cocaína. Dada la rentabilidad del negocio, se constituyeron Carteles en diferentes ciudades de Colombia; siendo los más importantes el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali.
La cocaína se obtiene del procesamiento químico de la hoja de coca, planta tradicional de las comunidades indígenas en la cordillera de Los Andes. Para las comunidades indígenas la hoja de coca tiene un valor simbólico y se usa en actividades laborales y rituales por sus propiedades estimulantes. Por otro lado, la transformación química se realizó por primera vez por el químico alemán Albert Niemann, con el fin de extraer el compuesto activo y lograr una sustancia con la mayor pureza posible.
Desde entonces y hasta principios de los 1980 la cocaína era un producto con pocas restricciones de acceso y consumo, y tenía un uso médico significativo. Sin embargo su uso para fines recreativo, con sus efectos, hizo que la cocaína fuera incluida en la Ley de Sustancias Controladas. Lo cual daría inicio a su persecución y prohibición en el marco de la “Guerra contra las Drogas”.
Los carteles de Medellín y Cali, concentraron durante la década de 1980 la producción, transformación y exportación de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. Sin embargo la respuesta institucional de Colombia y Estados Unidos dio con la captura y muerte de los principales jefes narcotraficantes como Pablo Escobar (asesinado) o los Hermanos Orejuela (capturados y extraditados a EEUU).
Sin embargo Colombia se ha mantenido como el principal exportador de cocaína del mundo, a pesar de los golpes a las estructuras narcotraficantes y el denominado “Plan Colombia”. Plan de cooperación bilateral que desde 1999 aportó por 15 años alrededor de 9.600 millones de dólares para fortalecer las capacidades militares y sociales frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Según la información oficial1 7 de cada 10 pesos de Plan Colombia, fueron destinados a ayuda militar y policial; lo cual permitió la modernización de la Fuerza Pública e iniciar una ofensiva contra diferentes grupos armados (paramilitares y guerrillas) vinculados con el narcotráfico y recuperar gran parte del territorio nacional. Parte importante de la lucha contra las drogas se enfocó en la erradicación manual y por fumigación de cultivos de hoja de coca; lo cual redujo dramáticamente las áreas de cultivo.
Sin embargo, para el 2012 cuando se iniciaron las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos (heredero político y exministro de defensa de Álvaro Uribe) y la Guerrilla de las FARC-EP (En cabezadas por Alias Timochenko, tras los asesinatos y muertes de 4 dirigentes guerrilleros en operativos militares y por causas naturales ), el problema del narcotráfico no se había superado. Por el contrario, los grupos narcotraficantes han optado por el consumo interno o narcomenudeo lo cual llega a cifras de 0,75% del PIB nacional en 2015.
La estrategia asumida por el gobierno Santos en La Habana, estaba contemplada en el Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” y en el que se proponían tres estrategias centrales que pasaban de un enfoque punitivo y militaristas, a un enfoque diferencial y de salud pública, los programas propuesto fueron: 1) Programa Nacional Integran de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); 2) Programa de Prevención del Consumo y la Salud Publica; y 3) Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
A la par, durante el 2010 a 2018 se suspendió la fumigación con glifosato (por orden judicial), procurando realizar procesos de sustitución voluntaria de los cultivos de hoja de coca por una producción agropecuaria regular. Situación a la que se le sumo la caída del precio del petróleo, aumentando el precio del dólar, que impulsó la resiembra de hoja de coca (dada la rentabilidad por la tasa de cambio frente a otras economías ilegales), especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador) y Norte de Santander (frontera con Venezuela); zonas con una importancia ecológica para el país.
Nuevos actores, el mismo problema
La firma del Acuerdo Final, en 2016 suponía un cambio social y político sin precedentes y la posibilidad de superar el conflicto armado especialmente en ciertas regiones del país. Sin embargo, la breve desmovilización de la guerrilla más antigua del hemisferio dio paso a una ocupación territorial por parte de diversos actores; incluyendo grupos disidentes que no se acogieron al proceso de negociación o que han retomado las armas.
Pero entre los actores que más destaca en los últimos años son los grupos narcotraficantes Mexicanos, que han venido creciendo desde principio de siglo. La atomización del negocio del narcotráfico que se viene gestando desde la caída de los grandes carteles (en los 1990) o la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC en 2006 (Grupo paramilitar de extrema derecha que se consolidó a finales de los 1990, con importantes nexos con el narcotráfico). Esto ha permitido a los Carteles Mexicanos como El Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación actuar como empresarios que contratan a grupos locales, necesitados de recursos económicos, para obtener un producto de exportación sin las dificultades de su cultivo o procesamiento.
Según información desclasificada de la DEA, el Cartel de Sinaloa es el mayor proveedor de Cocaína de EEUU, que obtienen en un 95% en Colombia y transporta por la ruta del pacifico. Este proceso de cooptación de bandas locales, ha sido la estrategia de los Carteles mexicanos en Centroamérica (especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras).
A la desmovilización de las AUC, se configuraron nuevas estructuras criminales y paramilitares englobadas en el concepto de BACRIM (o Bandas Criminales) entre las que destaca El Clan del Golfo (también autodenominado Autodefensas Gaitanistas), los Pelusos (como reconfiguración de la guerrilla del EPL) o los Rastrojos. La presencia de estos grupos se concentra dos zonas: 1) en el corredor –norte- desde la frontera con Venezuela con la región del Catatumbo, pasando por la región del Magdalena Medio, hasta la frontera con Panamá. 2) En el corredor –sur- desde el pie de monte que conecta la cordillera de los Andes con la Orinoquía y la Amazonia, y los puertos de Tumaco y Buenaventura.
Junto al cultivo de hoja de coca, y su transformación (en base de coca), la minería de oro y la extorsión son negocios complementarios. Pero es el primero que genera una conexión con los Carteles Mexicanos, quienes controlan la infraestructura y logística de exportación por diferentes vías (tierra, mar y aire) desde la costa pacífica colombiana –principalmente- hasta su destino en EEUU.
Esta presencia extranjera se ha venido concretando desde 2012, lo cual se ha constatado por estudios de centros de investigación, reportes de prensa y por las mismas autoridades colombianas; en concreto por la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) que dan cuenta de una presencia en al menos 10 departamentos.
Los efectos de los carteles mexicanos en territorio colombiano han implicado un crecimiento de las áreas de cultivo, una “depuración” de los intermediarios que se traducen en enfrentamientos y muertes, la captura de extranjeros (centroamericanos y mexicanos) por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los últimos años, así como masacres y asesinatos selectivos en las zonas de influencia, y la dificultad de superar el problema de la droga (ya sea por vía militar o según el Acuerdo Final).
Son 4 las regiones/departamentos más preocupantes ante la influencia de grupos mexicanos: 1) Nariño, 2) Cauca, 3) Norte de Santander y 4) la frontera entre Antioquia y Córdoba. Los dos primeros vinculados al corredor sur, y los segundos al corredor norte. En las cuales coinciden las alertas de presencia de Carteles Mexicanos y las masacres en los últimos dos años.
Conclusiones
El enfoque militar que han predominado frente al problema de las drogas, no ha logrado dar una solución adecuada a la oferta y menos a la demanda de la cocaína. La atomización de los carteles de la droga y la desmovilización de las FARC-EP a partir de 2016, no han sido aprovechadas por la institucionalidad colombiana para ocupar integralmente dichos territorios. Por lo cual, grupos delincuenciales (herederos del as AUC y de las mismas FARC-EP) han tomado control de tales zonas.
La expansión de los Carteles Mexicanos primero en Centroamérica y ahora en Colombia, responde a una pobres resultados en México y una debilidad institucional en estos nuevos destinos del crimen mexicano. Los Carteles Mexicanos se han enfocado en asegurar un flujo constante de cocaína, por medio de la cooptación de grupos locales (con dineros y armas), la “limpieza” de las zonas de influencia de grupos rivales y actores sociales contrarios al negocio de droga.
Así mismo, la recuperación de una política militarista en el gobierno Duque contrario a lo pactado en el Acuerdo Final con las FARC-EP; Acuerdo que contempla en el Punto 4, la solución al problema de las drogas y según el Instituto Kroc hay una implementación muy baja. Tan solo se ha completado el 5% de las disposiciones, a finales de 2019, de este punto. Esta política de gobierno ha implicado una postergación de la sustitución voluntaria (en los programas PNIS) o la presencia institucional integral en las zonas de cultivo de coca y la reactivación de la aspersión aérea y la erradicación manual. Tal enfoque militarista, incrementa los precios de la droga y el interés de los grupos mexicanos por asegurar el flujo de droga.
En últimas la presencia extranjera sobre el negocio de la droga implicará una prolongación del problema del narcotráfico a nivel nacional, una falta de seguridad a nivel regional y un sometimiento a grupos armados a nivel local. Además de los efectos de empobrecimiento, desincentivo a la producción licita y una perpetuación de los ciclos de violencia.
Bibliografía
http://www.cocaina.es/coca-y-cocaina.php
https://www.vidasindrogas.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1539
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