El Ejército de Liberación Nacional: de la rebelión Cubana a la última guerrilla colombiana (I)
Tras más de medio siglo de lucha insurgente por parte del ELN no ha sido posible un sometimiento por parte de las fuerzas del Estado (como en Perú), una salida negociada entre las partes (como en Centroamérica) o una victoria insurgente (como en Cuba o Nicaragua). La expansión y repliegue del ELN ha generado una serie de afectaciones contra los DDHH de las comunidades bajo control guerrillero.
La desmovilización de las FARC-EP, en 2016, ha generado un escenario para la expansión y disputa territorial tanto del ELN como de diferentes organizaciones criminales, especialmente grupos herederos del paramilitarismo. Así mismo, el bajo nivel de implementación del Acuerdo de Paz junto con el continuo asesinato de firmantes de paz (exguerrilleros de las FARC-EP y miembros del Partido Comunes) deja en entredicho el compromiso de paz por parte de los gobiernos de turno.
En esta según parte/artículo se explorará los diferentes intentos de negociación entre el ELN y los gobiernos de turno desde 1990, los acontecimientos de los últimos 5 años en relación al escenario de negociación simultánea que se dio entre 2015 y 2016, la ruptura de las negociaciones durante el gobierno de Iván Duque y los posibles escenarios de cara al próximo gobierno en 2022.
Intentos y fracasos de negociación
Al igual que otras guerrillas de Colombia, y de América Latina, el ELN ha considerado la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado. Pero la forma en que los elenos han asumido esta posibilidad les diferencia del resto de procesos insurgentes de Colombia. Esto se debe a una transformación en el liderazgo y organización del ELN, siguiendo a Fernán González (2021), en tres etapas:
“la transición del primer ELN, centrado en el mando autoritario y personalista de Vásquez, a un segundo ELN, basado en la resignificación de su discurso y reagrupación confederada, liderada por “el Cura” Pérez y sus allegados, para terminar, insinuando una posible evolución a un tercer ELN, hegemonizado por el frente Domingo Laín y sus aliados.” (p. 584).
La primera etapa tiene su desarrollo desde el nacimiento de la guerrilla hasta la derrota de Anorí, y el proceso de purga y transformación interna de la guerrilla (mediados de los 1970). La según etapa se extiende desde principios de la década de 1980 hasta la muerte del “el Cura” Pérez (1998) y la ofensiva paramilitar de inicio de siglo; lo cual implicó la perdida de importantes territorios y bases sociales, así como el repliegue en zonas históricas (Magdalena Medio, Catatumbo y Arauca). Y la última etapa está marcada por un reacomodo territorial, especialmente en los últimos años (a partir de la desmovilización de las FARC-EP).
En la segunda etapa, es en la cual se presentan importantes cambios políticos. Por una parte las FARC-EP aceptaron negociar con los gobiernos de Belisario Betancut y Virgilio Barco, lo cual les permitió participar políticamente con la UP. Y con este último presidente, se pacta la desmovilización del M-19, el EPL y el Quintin Lame en el contexto de la asamblea nacional constituyente –ANC- de 1991
La distancia del ELN con estos proceso se mantuvo hasta que en 1991-1992 como parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar –CGSB- lidero las negociaciones en Caracas y Tlaxcala, posteriormente tuvo acercamientos durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y finalmente durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se inició una nueva ronda de negociaciones que se terminaron unilateralmente por parte de Iván Duque en 2019.
Con la nueva Constitución Política de 1991, la CGSB quedó conformada por el ELN, las FARC-EP y las disidencias del EPL que no se acogen a la desmovilización. Este nuevo escenario constitucional, junto con la caída de la URSS, plantea un posibilidad de negociación, se inician acercamientos en la región del Cravo Norte (departamento de Arauco – Oriente del país), en los que se logra un acuerdo de seis puntos entre los delegados del gobierno y los de la CGSB. Estos acuerdos dan paso a una fase pública de negociaciones en la ciudad de Caracas (sin cese al fuego), a partir de un acuerdo entre las partes que se concretó en un documento de 10 puntos.
Las primeras rondas –en Caracas- estuvieron marcadas por la desconfianza y acciones militares de parte y parte, por lo cual la posibilidad de un cese al fuego y la constitución de unas zonas de distención y concentración no fueron posibles. Los diálogos en Tlaxcala iniciaron con un documento de 12 puntos, que recogía los avances en la capital venezolana.
En marzo de 1991, se presentó por parte de la insurgencia una propuesta de negociación que denominaron “Doce Propuestas Para Construir Una Estrategia De Paz”. Dicha propuesta superó el enfoque que le quería dar el gobierno nacional; centrado en un breve proceso de Desarme, Desmovilización y Reincorporación –DDR-. La apuesta de la CGSB, por una negociación amplia (a la par de la ACN) y de lograr elementos que aporten a la Paz con justicia social, fue desestimada por los delegados del gobierno.
Con la suspensión de las negociaciones en mayo de 1992, se inició un trabajo interno y rondas de participación local –en Colombia- que permitirán lograr unos acuerdos entre las partes y recoger las posiciones de diferentes sectores. Sin embargo, la posición del gobierno se transformó durante este periodo y no se presentó para el reinicio de los diálogos a finales de octubre.
En este proceso se destaca el papel de las organizaciones de la sociedad civil por desarrollar espacios de dialogo a nivel local (elemento novedoso), la creación de espacios institucionales que facilitaran el proceso de DDR (elemento igualmente novedoso), y la presión de los gremios económicos contra el proceso de negociación (elemento nada novedoso).
Los diálogos de Carcas-Tlaxcala significaron, siguiendo a Nevito (2018) en su análisis sobre los procesos de negociación en Colombia, un fracaso del modelo de negociación propuesto desde el gobierno de Barco enfocado en un simple y rápido DDR, como se aplicó al M-19 o al Quintín Lame en 1990.
En el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), se dio un nuevo intento de acercamiento por medio de encuentro secretos en Madrid (España) y Maguncia (Alemania). El gobierno expidió una resolución que daba inicio al proceso de paz y le otorgaba reconocimiento de actor beligerante. Sin embargo, la masacre de Machuca (octubre 1998) con un saldo de 81 personas muertas por la voladura y posterior incendió de un oleoducto en el municipio de Segovia (departamento de Antioquia) por parte del ELN puso fin a este proceso.
Para 1998, la campaña presidencial se centró –en gran medida- en quien ofrecía mejores condiciones y lograba mayores avances para abrir un nuevo proceso de negociación con la insurgencia. La victoria del conservador Andrés Pastrana (hijo del presidente Misael Pastrana), permitió el inicio de diálogos con las FARC-EP tras el despeje de la “Zona distención de EL Caguán” el 14 de octubre de 1998, con un área de 42.000 km2 (entre los departamentos de Meta y Caquetá).
El ELN, tras los encuentros de Ginebra y Caracas en 2001, plantó una zona de distención, que permitiera la desmilitarización de los municipios de San Pablo y Cantagallo en el Sur del (departamento de) Bolívar. La presión de los grupos paramilitares, el fracaso de las negociaciones con las FARC-EP –en El Gaguán- y el secuestro de 34 trabajadores de la empresa petroleta OXY (en Arauca) merman las posibilidades de una nueva negociación; por lo cual el gobierno saliente rompe unilateralmente las negociaciones a pesar de la postura del ELN por continuar.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se realizaron una serie de acercamientos por medio de diferentes facilitadores (nacionales e internacionales) y encuentros (entre 2005 y 2007), a la par que el Ejército Nacional desplegaba una amplia ofensiva contra las guerrillas y grupos narcotraficantes, principalmente contra las FARC-EP, en el marco del Plan Colombia. La falta de reconocimiento gubernamental del “conflicto armado” y la prioridad presidencial frente ciertos indicadores de seguridad dilato los encuentros
Para 2007, -en la quinta ronda- se logra un Acuerdo Base con 4 puntos (ambiente de paz, participación social, garantías para el ELN y participación de la Comunidad Internacional), el cual se buscaba desarrollar a partir de la sexta ronda con una zona de concentración. La falta de acuerdos sobre la agenda (entre DDR por parte del gobierno y reforma de gran tamaño por parte del ELN), el deterioro de las relaciones con Venezuela (que hacía las veces de facilitador), y la prioridad nacional en otros temas (desmovilización de las AUC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Reelección presidencial), dejaron sin resonancia el proceso con el ELN.
El último intento, y el que más avance ha logrado se inició en el gobierno de Juan Manuel Santos. El “Acuerdo de diálogo para la paz de Colombia entre el gobierno nacional y el ejército de liberación nacional” se hizo público en marzo de 2016. Una agenda de 6 puntos y una fase pública de 4 puntos, planteaba una situación muy especial en el país al tener a ambas guerrillas en la mesa de negociación.
La fase pública de negociación inició en Quito a principios de 2017, a pesar de la derrota en el plebiscito para refrendar el Acuerdo con las FARC-EP y otras situaciones que dilataron el inicio de la Mesa. La sede de negociación cambio desde abril de 2018, por decisión del presidente Lenin Moreno tras el asesinato de tres periodistas en la frontera colombiana por disidentes de las FARC-EP; por lo cual se decidió continuar desde La Habana. Hasta agosto de 2018, con un nuevo gobierno, se realizaron seis ciclos de negociación sin un acuerdo sobre los puntos de la agenda.
El nuevo gobierno de Iván Duque, tras la evaluación de los avances decidió suspender el proceso hasta que no se hubieran cumplido tres condiciones: “1) suspender todo acto criminal, 2) tener una agenda clara y 3) definir tiempos de negociación”. Ya en octubre de 2018, el gobierno da por terminada su participación en las negociaciones; a lo cual le suceden varias acciones militares de parte y parte.
El atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander (Bogotá) deja un saldo de 20 muertos y 68 heridos, lo cual es asumido por la opinión pública y el gobierno como la “gota que derramó el vaso”; legitimando el fin de los acercamientos con esta insurgencia.
Las posibilidades para el ELN y el país
Con el atentado en Bogotá y la solicitud del gobierno colombiano a Cuba de extraditar a los jefes guerrilleros al país, las posibilidades de reiniciar las negociaciones han sido sepultadas. A pesar de los llamados de la sociedad civil y la comunidad internacional, tanto el gobierno nacional como el ELN no dan mayores indicios de llegar a unos acuerdos entre las partes para reiniciar la negociación.
Analistas y académicos han aportado reflexiones al debate sobre las dificultades y retos para una negociación con los elenos, partiendo de los aprendizajes de la negociación e implementación de los Acuerdos con las FARC-EP, las particularidades del ELN (apuntando a una organización federal y hasta confederal), y la reorganización de grupos armados vinculados al narcotráfico y otras economías ilícitas.
Desde 2015 hasta 2020 (Imagen 1), el ELN ha fortalecido y expandido sus posiciones sobre todo en la frontera con Venezuela. Esta nuevas zonas no han estado exentas de enfrentamientos con disidencias de las FARC (Frente Gentil Duarte, Nueva Marquetalia, y otros), con grupos herederos del paramilitarismo (como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC y las Águilas Negras) y grupos narcotraficantes (como el Clan del Golfo, los Pelusos o los Caparros); además de la confrontación con las Fueras Militares.
Durante el 2020 y 2021, a la par de la pandemia, el ELN reafirmo su posición en diferentes regiones del país incluyendo las restricciones sanitarias. En este periodo la sociedad civil ha tenido un amplio interés incidir en retomar las negociaciones con este grupo guerrillero, especialmente por los efectos que trae la prolongación del conflicto armado.
El 2021 ha estado marcado por las más importantes movilizaciones y protestas en años en diferentes ciudades del país, lo cual ha minimizado los acercamientos entre el gobierno y la guerrilla. Sin embargo, el gobierno Duque mantiene una posición de desconocer la complejidad del conflicto armado, las dinámicas territoriales en las regiones de control guerrillero y la necesidad de reformas estructurales.
En este orden de ideas es posible considerar ciertos escenarios considerando las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 y la trayectoria histórica del ELN:
- Con un gobierno de la misma línea política del actual (derecha), la negociación –de existir- podría mantenerse en términos de un DDR y un sometimiento de la insurgencia ante el “avance militar” del ejército.
- Con un gobierno de ideología de centro o centro-izquierda, es factible que se reinicie el proceso de negociación desde el sexto ciclo (en que quedó en 2018), no sin ajustes de parte y parte.
Ante el primer escenario, es muy poco probable que el ELN se someta a algo menos que lo acordado en 2016 con las FARC-EP, pues es uno de los primeros puntos en la agenda, o que se pueda afectar por vía militar el poder de mando del Comando Central -COCE – o de la Dirección Nacional –DN- (las dos instancias de dirección). Por otro lado, el fortalecimiento del Frente de Guerra Domingo Laín (Arauca – Frontera con Venezuela) le permite gozar de una estabilidad y control del nororiente del país. Sin embargo, esto podría generar fracturas internar, como sucedió con el Frente 1ro de las FARC-EP.
En este escenario, las posibles disidencias podrían quedar aisladas políticamente, como las disidencias lideradas por Iván Márquez (que se autodenominan “Segunda Marquetalia”) o Sendero Luminoso en Perú. Eso implicará la extensión del conflicto de manera mucho más localizada y fragmentada, sobre todo al tener vínculos con rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
En cuanto al segundo escenario no basta con un cambio de postura institucional sino se requiere un “acercamiento diferenciado” a los Frentes según los contextos regionales. Sobre todo, teniendo en cuenta las bases sociales que tiene esta guerrilla en cada territorio (especialmente Magdalena Medio, Catatumbo y Arauca).
En este segundo escenario, el papel de la sociedad civil será fundamental para darle legitimidad al proceso y la recuperación de la confianza en una salida negociada al conflicto armado; considerando la pérdida del Plebiscito en 2016. Eso querría decir que no se trata de un proceso de consulta, sino de participación “tripartita” con garantías; una exigencia fundamental y recurrente por parte del ELN desde la década de 1990.
Sin duda la salida negociada con las FARC-EP está rindiendo frutos (tema del próximo artículo), y el ELN tiene una posibilidad de transformar esa historia insurgente en propuestas de gobierno en el marco institucional colombiano y de responder a sus víctimas y a la sociedad por sus actos durante el conflicto armado. Así mismo, la internacionalización del conflicto es un factor de riesgo para la región.
¿Será posible una paz completa?
La posibilidad de una salida negociada con el ELN, o su poca probable derrota política, pasa por lograr tanto ejecutar unas reformas estructurales como una presencia integral del Estado en las zonas de dominio guerrillero. Los aprendizajes de la negociación e implementación del Acuerdo Final con las FARC-EP sin duda marcan una línea base para los elenos.
La posibilidad de disidencias dentro del ELN es un riesgo constante y una amenaza a nivel territorial, tanto las AUC como las FARC-EP son muestra de ello a nivel de Colombia. Así mismos, la prevalencia de una amplia economía del narcotráfico y de otras rentas ilícitas es una factor de incentivo para nuevos grupos delincuenciales.
El ELN plantea que la negociación, y con ello la implementación, de una eventual negociación debe ser tripartito y con un profundo enfoque territorial, étnico y diferencial. Así mismo, esta organización podría tener un rol fundamental en la transformación territorial en un contexto de PostAcuerdo, considerando su arraigo territorial y que su presencia está concentrada en zonas periféricas del país. Sin embargo esto pasa en parte por logar una unidad entre los proceso regionales y el Comando Central.
Bibliografia
http://www.cedema.org/uploads/rojoynegro.pdf
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1952
http://www.ideaspaz.org/tools/download/54295
https://pares.com.co/2015/10/30/los-frentes-del-eln/
https://www.blog.cerac.org.co/reporte-del-conflicto-con-el-eln-8
https://www.files.ethz.ch/isn/175224/529debc8a48fa.pdf
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