El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní: Garante y participe del Régimen (II)

Miembros de la Guardia Revolucionaria asisten a una sesión parlamentaria en Teherán | Atta Kenare / AFP

Parte I | Parte II

El salto a la política

Volviendo al apoyo de la IRGC a Jamenei y su contexto histórico, este fortalecimiento de la posición de la IRGC dentro del sistema político coincide con un momento de integración dentro del sistema internacional tras la guerra con Iraq y con un modelo económico basado en la intervención estatal; ello bajo el mandato pragmatista de Hashemi Rafsanyani. Esta reorientación de la política económica iraní suscitó el rechazo de los sectores más conservadores, dando a lugar a una agudización de fricciones políticas entre las fracciones que por ese entonces comenzaban a conformarse.

Respecto a la IRGC, las políticas de Rafsanyani apostaban por reducir su influencia en la política nacional a través de su implicación en la economía comenzando por las labores de reconstrucción nacional. Sin embargo, obtuvo el efecto contrario: el ala conservadora logró conquistar nuevas posiciones dentro del Estado y en la medida que ello ocurría la IRGC, principal base de apoyo del sector conservador en su ofensiva contra las posiciones y políticas reformistas abanderadas por Rafsanyani que atentaban contra sus intereses, vio su papel político incrementado. Así, dentro del bloque conservador surgía una nueva fisura producto de la oposición entre un sector mercantilista más conservador y otro tecnocrático agrupado en torno a la figura del presidente iraní.

Así pues, el primero, apoyándose en la IRGC, logró neutralizar y reducir el efecto de las políticas aplicadas por Rafsanyani. En este sentido, altos cargos de la IRGC realizaron durante la segunda mitad sucesivas declaraciones públicas contra la figura del presidente, calificándolo de actuar contrarrevolucionariamente y apelando a la necesidad de actuar tajantemente contra este tipo de comportamientos. De este modo, unas medidas que inicialmente pretendían reducir la influencia de las fuerzas armadas en la política iraní a la vez que reducir el gasto estatal dotando a las anteriores de independencia económica, por sus efectos sobre los sectores más tradicionalista y en beneficio de los tecnócratas, tuvieron el efecto contrario al deseado.

Desfile de miembros de la Guardia Revolucionaria | The Associated Press

A partir de entonces, la IRGC se constituyó definitivamente como último bastión estratégico de los conservadores y desde el cual, en contextos de repliegue, reorganizarse para lanzar una contraofensiva en caso de ver sus posiciones políticas amenazadas. Este será el escenario que se configure durante el mandato de Jatamí y el auge reformista y la posterior llegada a la presidencia de Mahmud Ahmadinejad. Con ello, la IRGC y su inserción en la política a pesar de los intentos por evitar su politización quedaba totalmente asentada.

Hasta ahora se puede observar como la IRGC ha intervenido en la política iraní en calidad sujeto o actor pasivo, es decir, sus intervenciones han venido motivadas por los intereses de actores externos al cuerpo revolucionario en la medida que este actuaba como un representante político-militar de dicho sector. Esta situación comienza a cambiar a partir del gobierno reformista de Jatamí. Desde ese momento, la IRGC actuará no sólo como representante y valedor de los intereses de una clase política, sino en cierto sentido como clase política en sí misma con unos intereses específicos vinculados a aquellos ámbitos de la economía donde tiene presencia y por los que velará, incluso por encima y en contra de su mandato inicial de velar por la estabilidad del orden islámico iraní, tal y como la Constitución mandata.

La toma de consciencia política de sus intereses económicos frente a la apertura reformista

La holgada victoria del candidato reformista, Mohamed Jatamí, en las elecciones presidenciales de 1997 evidenció una clara desconexión entre los sectores conservadores y su base social. Dicho desgaste de la mencionada vinculación, producto de un descontento generalizado hacia la situación que atravesaba Irán junto a la expansión entre la sociedad civil que los reformistas habían logrado aprovechando la situación de descredito que los conservadores atravesaban, permitió a los reformistas acumular fuerzas suficientes para plantear un proyecto político construido sobre el fortalecimiento de las instituciones republicanas que gozase de respaldo social.

El proyecto reformista se vertebraba sobre una serie de reformas políticas y económicas orientadas hacia la apertura económica y política, lo cual suponía una clara amenaza para las posiciones de los sectores conservadores y de la IRGC. Desde el punto de vista político, el programa de reformas aspiraba a dotar de mayor capacidad de maniobra a aquellas instituciones cuyos miembros eran elegidos a través del sufragio; una pretensión que ponía en riesgo la hegemonía de los conservadores, cuya principal garantía en el poder era su presencia en instituciones no elegibles. Desde el punto de vista económico, estas reformas buscaban promover la inversión extranjera e integrar al país en la economía mundial; sin embargo, esto implicaba también un indirecto desplazamiento de las posiciones de los principalistas y la IRGC en tanto que su monopolio económico se sustentaba sobre las redes clientelares y de patronazgo y no sobre una verdadera competitividad económica; de tal modo, cualquier potencial entrada de empresas extranjeras en el mercado iraní presentaba un riesgo directo a los beneficios que estos obtenía al no poder competir en situación de igualdad contra ellas.

Para la segunda legislatura de Jatamí (2001-2005) comenzó a conformarse un frente común resultado de las convergencias entre los grupos conservadores que durante el periodo de Rafsanyani estuvieron enfrentados y al que la IRGC expresó su apoyo. Ante las medidas reformistas que defendían un proyecto de economía estatista, se planteó un programa basado en la privatización e industrialización del país donde el Estado se ocupase de las necesidades sociales y asegurase la independencia y seguridad nacional.

Una vez establecido, se inició una campaña de deslegitimación y desprestigio hacia las políticas reformistas con el fin de generar una opinión pública contraria a ellas que les permitiese volver a recuperar las posiciones pérdidas ante el empuje de Jatamí. En dicha campaña, la relevancia de la IRGC fue bastante notable, implicándose de lleno en los ataques y denuncias contra la figura de Jatamí y otras figuras reformistas relevantes, así como en la persecución de las asociaciones y grupos civiles vinculados al reformismo.

La involucración de la IRGC a tal nivel encuentra su sentido político en la creciente presencia económica que la organización había adquirido. Para el año 2000, la IRGC se había convertido en el principal socio del Estado en el sector de la construcción, y la posibilidad de que la administración de Jatamí aprobase medidas que implicasen una mayor fiscalización estatal de las actividades que la IRGC realizaba, así como de liberalización económica, suponían una amenaza a su posición por lo explicado previamente.

Es por ello que el proyecto principalista, nombre que recibió el bloque constituido para frenar las políticas reformistas, abogaba por que el Estado mantuviese cierto papel activo en la economía iraní bajo el pretexto de salvaguardar los intereses iraníes y preservar la seguridad nacional; de esta forma, el Estado, controlado por los principalistas, podía regular la entrada de empresas extranjeras al mercado iraní, imponiendo los términos y condiciones de manera que sus intereses no se viesen perjudicados a la par que el país se industrializaba. Así las cosas, en esta ocasión, la IRGC ya no actuaba únicamente como herramienta utilizada por los principalistas para presionar a los reformistas, sino también en tanto que grupo de presión cuyos intereses específicos se hallaban amenazados por las medidas de los reformistas.   

La consolidación de la IRGC en el poder

La mencionada campaña de hostigamiento orquestada contra los planteamientos reformistas junto a la política de bloqueo por parte de los órganos no elegibles sobre aquellas propuestas que implicasen una mínima apertura política creó un clima de abatimiento y desidia entre la base social reformista ante la patente imposibilidad de reformar el sistema político iraní, provocando su desmovilización. A ello se le sumó una correspondiente movilización de las bases sociales conservadoras ante la campaña de opinión pública desatada que llevó a los principalistas a ganar las elecciones locales de 2003, las parlamentarias de 2004 y finalmente conseguir la presidencia en 2005.

La llegada de Ahmadinejad a la presidencia iraní permitió a la IRGC una cooperación y entrelazamiento aún más estrecha con la economía nacional iraní. Así mismo, el apoyo dado al nuevo presidente fue compensado con una mayor representatividad política de la IRGC, siendo sus miembros colocados en puestos de decisión y relevancia política hasta el punto de que, de los 152 parlamentarios elegidos en 2004, 91 tenían vinculación con la IRGC. Además, a la IRGC le fueron adjudicados diversos contratos de construcción de gran envergadura durante los dos mandatos de Ahmadinejad en sectores tanto de la construcción como del gas y el petróleo, obteniendo acceso a fondos económicos del Estado e incorporándose al sector bancario iraní a través de filiales.

En esta foto del 26 de noviembre de 2006, el general Mohammad Hosseinzadeh Hejazi (derecha) acompaña al entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad (3º izquierda) durante una ceremonia en Teherán | Vahid Salemi / AP Photo

Sobre este último aspecto destaca la revisión del artículo 44 de la constitución iraní en 2009. El mencionado artículo en lo referido a la propiedad estatal declaraba que:

“abarca todas las grandes industrias, las industrias básicas, el comercio exterior, los grandes yacimientos, la banca, el seguro, la energía, las presas, las grandes redes de distribución de agua, la radio y la televisión, el correo, el telégrafo y el teléfono, la aviación, la navegación marítima, la red de carreteras y el ferrocarril, y otros sectores similares”.

Tras la revisión, se permitió que las propiedades estatales en los sectores mencionados pudiesen ser privatizadas de manera que tras la reforma las principales industrias del Estado pasaron a manos privadas y paraestatales. Si bien inicialmente se plateó esta reforma para beneficiar al sector privado, fueron las empresas paraestatales las principales beneficiarias gracias a la presión ejercida a través de las redes clientelares vigentes, siendo, sobre todo, las filiales de la IRGC y sus subsidiarias las que más rédito obtuvieron de esta reforma. Con ello, las principales instituciones crediticias cayeron también manos de la IRGC, dotándole de mayor capacidad económica para sus proyectos y volviendo incluso al Estado dependiente de los créditos que le ofrecían dichas instituciones.

De esta manera, la presencia de la IRGC dentro de la economía iraní abarca todos los sectores de la misma, así como gracias a ello se presenta como una institución autosuficiente en términos económicos respecto al Estado. Igualmente, la actividad económica de la IRGC también incluye actividades en el mercado negro, llegando a ser señalada como la principal organización contrabandista del Estado. Por otro lado, también interviene en obras públicas de desarrollo local, principalmente en las zonas rurales de manera que la IRGC no sólo obtiene un beneficio económico en sus actividades, sino también un beneficio social en clave de reconocimiento y simpatía.

Ahora bien, la gran y veloz expansión de la actividad económica de la IRGC y su correlato político ha repercutido también negativamente en ella desde un punto de vista interno, es decir desde dentro de la propia IRGC. En la medida que participa en tan diversos sectores económicos y abarca a tantas capas de la sociedad, en el seno de la IRGC se han ido progresivamente reflejando y proyectando las mismas divisiones internas que atraviesa la política de Irán.

Dentro de la IRGC se ha dado un simultáneo proceso de fraccionalización, lo que constata la ausencia de homogeneidad ideológica y política en el cuerpo. En este sentido, dicha división interna ha tenido claros momentos de tensión y fricción conforme la pugnas entre las distintas fracciones políticas se agudizaba; de forma esquemática puede afirmarse que mientras la dirección de la IRGC se alinea claramente con los sectores conservadores, los rangos medios tienden a identificarse más con las propuestas reformistas. Expresión de la mencionada fraccionalización de la IRGC es el hecho de que esta actúe como productora de cuadros políticos al servicio de todas las fracciones políticas iraníes.

Así pues, la participación de la IRGC de forma activa en el poder tras la victoria de Ahmadinejad ha puesto de relieve cómo incluso esta organización tampoco puede ser tratada de manera monolítica, sino que dentro de ella debe atender a especificidades concretas a la hora de analizar su actividad y decisiones.

La dependencia del Estado iraní de la IRGC

La emergencia de la IRGC como actor político clave en un momento de debilidad del Estado respecto a sus mediaciones con la sociedad civil y más concretamente de las mediaciones que vinculaban a los sectores conservadores con su base social ha implicado una alteración en la relación original entre la IRGC y los conservadores, así como entre la IRGC y el Estado. La debilidad del régimen a la hora de mantener su legitimidad ante la sociedad civil y presentarse como un sistema competitivo ha sido un espacio que la IRGC ha ocupado para sustituir otras correas de transmisión entre el Estado y la sociedad civil como hasta en su momento lo fueron las mezquitas.

Esta situación ha derivado en una situación de dependencia de la IRGC por parte del Estado que se expresa en varios términos. Primeramente, en términos sociales. La IRGC ha logrado una reputación muy positiva en las zonas rurales a través de sus proyectos de mejora de las infraestructuras locales y las actividades populares realizadas por el Cuerpo Basij, integrado en la IRGC desde 2007. Esto coloca a la IRGC en una posición de fuerza frente al Estado en la medida que una parte de la sociedad se encuadra en el Estado a través de la IRGC, por lo que, en caso de conflicto entre ambos, el Estado vería su legitimidad cuestionada desde ese flanco. Asimismo, a nivel social la IRGC actúa también como fuerza de choque contra otras fracciones políticas que presenten un peligro para su posición de fuerza en la que se hallan y que identifican y justifican como la situación más adecuada para la supervivencia del sistema revolucionario islámico.

Por otro lado, en términos económicos. Su participación en la economía iraní ha derivado en el desarrollo de intereses específicos que, como sucedió con la cancelación de la apertura del aeropuerto Imam Jomeini en 2004, enfrente a esta institución con los intereses del Estado o, al menos, de otros sectores con fuerte presencia en él, demostrando que la IRGC ha dejado de ser hace tiempo un mero instrumento de presión al servicio de una u otra fracción política. En este sentido, puede plantearse que los intereses inmediatos de la IRGC chocan con los intereses estratégicos de Irán en la medida que cualquier política de apertura o integración internacional será bloqueada por la IRGC ya que ello supondría una potencial entrada de empresas extranjeras inversoras que podrían desplazar a la IRGC del mercado nacional.

Finalmente, otro elemento de dependencia que se puede señalar está en relación con el aspecto ideológico. La IRGC actúa como educador social en la medida que educa a la sociedad iraní en lo valores islámicos. De esta forma, en su papel dentro del sistema educativo nacional, la IRGC juega un papel también destacable que bajo cierta circunstancia puede volverse contra el propio Estado.

Conclusiones

Con todo lo expuesto a lo largo de este trabajo se puede comprobar que la IRGC no se limita a actuar como una fuerza de seguridad más ni a exclusivamente velar por mantener el orden interno iraní sin interferir en la política, sino todo lo contrario. La progresiva politización de la IRGC, primero en tanto que fuerza de presión utilizada por los conservadores y después desde sus propios intereses político-corporativos constituidos sobre su actividad económica, ha difuminado notablemente su proyección inicial: ser guardiana de la Revolución islámica.

De igual forma, la IRGC no ha actuado como actor externo en la política iraní, sino que, al participar en ella, la situación política de Irán también ha repercutido dentro de la IRGC, apareciendo en su seno diferencias que se enmarcan dentro de las discusiones y pugnas políticas desarrolladas entre las fracciones iraníes del bloque político. Además, su presencia y actividad dista bastante de ser la enunciada por los textos jurídicos iraníes, sino que ella es mucho más variada de lo que de ellos se puede presuponer e incluso opuesta a su contenido debido a la existencia de redes informales y clientelistas de poder que atraviesan a toda la política iraní.

Así las cosas, la IRGC es simultáneamente fuerza protectora del orden iraní, agente económico, actor político pasivo y activo y productora de cuadros políticos. Sin embargo, esta variedad da lugar a cuestionarse sobre las capacidades reales del IRGC y, sobre todo, sobre su capacidad para en un futuro e hipotético escenario de crisis ser capaz de mantener su cohesión interna. Como último punto, dada la posición que actualmente la IRGC ocupa dentro del sistema político iraní y considerando los fracasados intentos de reforma y apertura realizados, así como la actitud de la IRGC respecto a ellos, queda patente que mientras la IRGC siga manteniendo su preponderancia político-económica, ninguna transformación efectiva será posible en Irán.


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