España y Francia sellaron en enero de 2023 un tratado de amistad que buscaba reforzar los vínculos entre ambos países, profundizar en las relaciones económicas o promover mejoras en las órdenes de detención y entrega. La firma de este acuerdo se realizó en el marco de la visita que el presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, hizo a España enero de 2023.
Esta semana estaba previsto que el Congreso de los Diputados español votase este tratado de cara a su entrada en vigor. Lo que en apariencia parecía un mero trámite parlamentario, se ha convertido en un serio traspiés para el gobierno, pues a la hora de votar el resultado fue de 171 votos en contra frente a 163 a favor.
Se trata esta de una situación poco habitual, si bien ya en su momento la firma del acuerdo suscitó no pocos comentarios. El texto preveía que un representante del ejecutivo galo asistiera al Consejo de Ministros español al menos una vez cada tres meses y de manera rotatoria. De igual forma, un representante del ejecutivo español asistiría a los encuentros del gabinete galo.
Este punto ya generó controversia en su día y no fueron pocos en España los que cuestionaron su inconstitucionalidad. En concreto, podría violar lo estipulado por el artículo 98 de la carta magna. Por este motivo, el Senado ya planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional, el cual todavía no ha sido resuelto.
Se da la circunstancia de que hace unos días en la cámara baja el tratado pasó los trámites pertinentes ante la Comisión de Asuntos Exteriores, donde el Partido Popular (PP) se abstuvo entonces. Ahora, tanto el PP como otras formaciones han votado en contra, al tiempo que el gobierno no ha contado con el apoyo de varios de sus socios parlamentarios, recelosos ante algunos puntos del tratado. El PP ha denunciado que la votación se ha llevado a cabo con "prisas" y ha acusado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de tener la "obsesión" de validar el tratado sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Este desenlace parlamentario supone un varapalo para el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, que ve temporalmente frustrada esta iniciativa de política exterior. La derrota parlamentaria también constituye un serio revés para el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se había comprometido el pasado mes de enero, durante su encuentro con su homólogo francés, a que España ratificaría el tratado antes del verano.
Y es que Francia ya había dado por ratificado el tratado, con lo cual ahora el texto se encuentra en una situación de incertidumbre. Queda por ver qué tiene que decir el Tribunal Constitucional y si el gobierno lo vuelve a presentar ante las Cortes o, por el momento, opta por dejarlo aparcado en vía muerta.
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