Se consuma el golpe de Estado en Madagascar. La tarde del 14 de octubre, el coronel Michael Randrianirina emitió un discurso en el que anunció que el ejército asumía el control del país.
La inmensa mayoría de las instituciones malgaches han sido disueltas, con la excepción de la Asamblea Nacional. Poco después, los militares comunicaron su intención de formar un gobierno de transición, liderado por las Fuerzas Armadas, que dirigirá Madagascar durante un periodo de dos años hasta la celebración de elecciones.
Aunque aún quedan muchos cabos por atar, este acto supone un respiro temporal a la grave crisis política que atravesaba la isla desde hace días, cuyo punto de inflexión fue el motín protagonizado por el Centro de Administración de Personal del Ejército de Tierra (CAPSTAT) el pasado 11 de octubre. Este grupo de élite, que ya participó en el golpe de Estado que aupó al poder a Andry Rajoelina en 2009, será el encargado de tomar las riendas del país durante el periodo transitorio.
Asimismo, el anuncio de Randrianirina llegaba tras dos episodios clave: la huida de Rajoelina de Madagascar y su destitución por parte de la Asamblea Nacional. Tras días en paradero desconocido, el ahora expresidente comunicó en Facebook que había abandonado el país temiendo por su integridad física.
Sin embargo, no anunció la dimisión que muchos esperaban, mostrando su intención de seguir gobernando Madagascar desde el exilio. Cabe destacar que, según múltiples fuentes, su huida se habría producido en un avión militar francés, lo que genera muchas dudas sobre el papel de París en los acontecimientos en su antigua colonia.
Desde el exilio, en un lugar aun desconocido, Rajoelina intentó disolver por decreto la Asamblea Nacional, lo que no impidió que esta se reuniera para aprobar, con 130 votos a favor y una abstención, su destitución como presidente. Tras ello llegaría el anuncio del ejército.
En este contexto, el Tribunal Superior Constitucional validó la decisión de la Asamblea Nacional al considerar que Rajoelina había ejercido un “abandono pasivo del poder”, llamando a Randrianirina a “ejercer como jefe del Estado”. No obstante, le otorgaba un periodo máximo de 60 días para celebrar elecciones, una cifra muy lejana a los dos años que prevén los militares. De este modo, la crisis constitucional sigue abierta en Madagascar.
El golpe tras la revuelta popular
Para entender la situación actual, hay que retroceder varios días, en concreto al inicio de una verdadera revuelta popular el 25 de septiembre. Ese día, miles de malgaches salieron a las calles convocados a través de las redes sociales para protestar contra los habituales cortes de agua y electricidad, que los manifestantes atribuyen a la mala gestión y la corrupción en la Compañía Nacional de Agua y Electricidad.
Sin embargo, eran muchos los motivos que llevaron a la llamada Generación Z a movilizarse, entre los que se encuentra la mala situación económica del país –el 80% de la población vive bajo el umbral de la pobreza– o el creciente autoritarismo y la falta de libertades políticas.
La brutal represión de las protestas dejó un saldo aproximado de 22 muertos y más de 100 heridos, según Naciones Unidas, lo que no hizo sino incendiar aún más el país. Rajoelina intentó calmar los ánimos con la destitución de todo el gobierno y haciendo un guiño al ejército con el nombramiento de un militar como primer ministro.
A pesar de ello, las protestas continuaron, esta vez con la exigencia directa de la dimisión del presidente. El 11 de octubre, el CAPSAT se unió a las movilizaciones, escoltando a los manifestantes hasta la simbólica plaza del 13 de Mayo y llamando al resto de las fuerzas armadas del Estado a sumarse al movimiento.
Poco después, anunciaron que, a partir de ese momento, “todas las órdenes del ejército malgache, ya sea terrestre, aéreo o naval, procederán del cuartel general del CAPSAT”, y designaron a uno de sus miembros, Démosthène Pikulas, como nuevo jefe del Estado Mayor.
El gobierno no dudó en calificarlo de “control del poder por la fuerza”, aunque el ministro de Defensa, nombrado días antes por el propio Rajoelina, acudió a la toma de posesión del nuevo jefe del ejército. Con este acto ya se puede hablar abiertamente de un golpe de Estado, el cual se aceleró con la huida de Madagascar del dirigente malgache.
Tanto la oposición política como los manifestantes que llevan semanas en las calles han celebrado la huida y dimisión forzada del presidente, aunque se mantienen expectantes ante lo que pueda ocurrir bajo el nuevo gobierno militar.
Aunque es probable que nos encaminemos a unos días de relativa calma, la crisis política sigue abierta, y es posible que las protestas continúen si no se resuelven los problemas más acuciantes de la población malgache. A su vez, también está por ver la respuesta de Rajoelina y las élites que han dominado el país ante la nueva situación, por lo que tampoco es descartable que esta siga escalando con resultados impredecibles.
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