Disputa por el Esequibo (II): El chavismo y la intervención de la Justicia internacional

El presidente venezolano (1999-2013) y el guyanés Bharrat Jagdeo (1999-2011) durante un encuentro bilateral

Primera parte – Segunda parte

Por Néstor Prieto y Alejandro López

La disputa por la soberanía del territorio Esequibo, más de 159.000 km2 de tierra, hunde sus raíces en la independencia de los países latinoamericanos; cuando la decadencia española fue aprovechada por Reino Unido para expandir su influencia y poder sobre el continente. Pronto la zona sería objeto de disputa entre la naciente Venezuela, que reivindicaba el mismo por haber sido parte del territorio español, y el Imperio Británico, que se había hecho fuerte en un territorio sin control efectivo de la anterior metrópoli.

El conflicto experimentó distintas fases, declarándose nula la primera mediación internacional que se desarrolló, el laudo arbitral de París. No obstante, los graves errores del mismo permitirían reavivar la pretensión venezolana y que en 1966 la ONU diese un nuevo marco para el conflicto. Aunque la situación se mantuvo atascada, e incluso llegó a momentos de tensión, la llegada de Chávez al poder cambiaría radicalmente las relaciones entre Venezuela y Guyana.

El acercamiento de Chávez

Con la llegada del chavismo a Venezuela, se aprueba una nueva Constitución en 1999. En ella se reconocen los territorios de la República como sucesores de los de la Capitanía General. Sin embargo, la buena relación con Guyana por parte de los líderes venezolanos se vio con la presidencia de Guyana por el Partido Progresista del Pueblo (PPP), que logró gobernar entre 1992 y 2015 con cinco presidentes diferentes.

Hugo Chávez mantuvo un perfil bajo en la disputa del Esequibo, donde se buscó mejorar las relaciones bilaterales con Guyana y potenciar la integración regional sin abandonar la pretensión territorial, pero apostando por un perfil más social y menos nacional en ese aspecto, de manera combinada con el nacionalismo venezolano forjado en torno a la figura de Simón Bolívar y los libertadores. Precisamente en ese apoyo sobre la herencia de la época de la independencia de Venezuela, Chávez realizó su gesto a la causa del Esequibo al incluir la octava estrella en la bandera de Venezuela en 2006. La bandera del país contaba con 7 banderas dispuestas en forma de arco, pero la apuesta por el cambio –rechazado por la oposición antichavista- conformaba un reconocimiento de la importancia de la Guayana Esequiba en la independencia, por un lado, y la reivindicación de la figura de Bolívar, por el otro. La octava estrella ya estuvo unos años presente en la iconografía oficial hasta 1821, con la entrada de Venezuela en la Gran Colombia.

De nuevo, parece que la poca presencia discursiva del Esequibo en la etapa de Chávez podría seguir la senda de la reivindicación de la soberanía venezolana frente al imperialismo, más que en un conflicto bilateral concreto y abordable. No obstante, de forma puntual, se registraron choques diplomáticos a causa de incursiones en la zona fronteriza desde Venezuela, bajo el pretexto de impedir actividades extractivas ilegales. Esta cuestión tendría especial relevancia posteriormente durante el periodo de Nicolás Maduro.

“Propongo al país para que se decrete la octava estrella en la Bandera Nacional, es la estrella de Bolívar, la estrella de El Libertador”.

Sin embargo, aunque durante los primeros años del chavismo perdurase la retórica reivindicativa con la mencionada Constitución, a partir de 2004 se vivió con menor intensidad. Hugo Chávez mantuvo una política aperturista a la inversión y la consecución de proyectos desarrollistas en la Guyana Esequiba, en beneficio de la población del territorio. Esta política pretendía evitar hostilidades con la población local, crucial dentro del proceso nacional venezolano y estrechar los lazos diplomáticos con el gobierno de Guyana, con el que se mantuvieron contactos políticos sin el Esequibo como punto de choque principal. No se renuncia a la reclamación en ningún momento pero sí se establece una cooperación mayor con la que potencialmente se podrían dirimir los contenciosos territoriales.

Hasta tal punto fue la situación que se deslegitimó en parte la intervención de Estados Unidos en las negociaciones del siglo pasado por tratarse de un intento para ejercer presión sobre el gobierno social de Guyana y apoyar a una Venezuela de derechas, así como se achacaba el conflicto a una herencia del colonialismo. Incluso Chávez mantendría que Estados Unidos quería emplear a Venezuela “para derrocar al gobierno” del PPP de Guyana con Forbes Burnham, en la Cumbre de Río de 2008.

En ese sentido, la sintonía del chavismo con el PPP gobernante en Guyana le granjeó las simpatías del país vecino en los foros multilaterales de la región. Incluso se menciona la sintonía entre Venezuela y Guyana para la obtención de un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU por parte venezolana gracias a los votos de los países caribeños, mientras Chávez creó Petrocaribe en 2005 como una institución energética que beneficiaba en suministro a países menores como Guyana. Especial interés podemos observar en el acercamiento con países del Caribe en el marco de la agresión internacional que el gobierno de Chávez adolecía en algunos de los foros.

Con el fin de la etapa de Chávez en 2013, la situación se complicó para Venezuela ya que los gobiernos izquierdistas de Latinoamérica venían cayendo en tromba: Paraguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Bolivia o la propia Guyana. Este último cambió fue el más determinante para el Esequibo, con la llegada en 2015 del gobierno de David Granger, con un partido de perfil más derechista, el Congreso Nacional del Pueblo (CNP), que rompía con décadas del PPP.

Cambio de paradigma en Venezuela y Guyana

El gobierno de Nicolás Maduro, más hostigado diplomáticamente, vio cómo Estados Unidos aprovechaba el cambio guyanés para invertir en varios puntos clave para sus recursos. La tensión creció como lo hizo la vehemencia de Venezuela para defender sus pretensiones territoriales. Tras varios intercambios de acusaciones sobre la violación de las aguas entre ambos países y sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), acordaron en Trinidad y Tobago negociar pacíficamente la delimitación de la frontera marítima.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala la región del Esequibo.

Sin embargo, Guyana decidió autorizar la exploración petrolera de la empresa norteamericana Exxon Mobil en aguas disputadas. Ante el anuncio en 2015 del descubrimiento de un yacimiento de petróleo en el Atlántico, la disputada zona recobró una importancia inusitada años atrás por la valoración energética potencial que se asomaba. Guyana, uno de los países más pobres de América, asimismo, decidió competir en instituciones judiciales por el territorio en disputa. Incluso se ha acusado a más empresas de estar realizando operaciones extractivas en el territorio, desde brasileñas hasta chinas.

Una investigación de Daily Maverick vinculaba las múltiples donaciones de empresas petroleras y personas de su entorno al Partido Conservador y al Partido Laborista británico desde el inicio de las prospecciones autorizadas por Guyana, señalando no solo a ExxonMobil sino a otras como la francesa Total, la anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell y la británica Tullow. El interés por la inversión en la zona fue señalado por el Alto Comisionado británico en Guyana. En julio de 2016, la Marina Real británica habría impartido un curso a personal guyanés sobre la protección de la ZEE.

Guyana seguía argumentando que nadie de habla española había ejercido su soberanía histórica sobre el Esequibo, solo neerlandeses y británicos –incluso habría zonas con herencia de incursiones francesas-, mientras que Venezuela seguía reivindicando que la Capitanía General históricamente incluía las zonas al oeste del río Esequibo. Asimismo, Venezuela ha esgrimido el argumento de la nulidad sobre el laudo arbitral de 1899, donde no pudo tener voz propia, por estar viciado ante la colusión entre la parte británica y la rusa.

Con la victoria electoral de David Granger en 2015, las relaciones entre Venezuela y Guyana siguieron tensándose hasta el punto de la llamada a consultas y la posterior reducción de la presencia diplomática en Guyana. El presidente Granger lanzó duras declaraciones contra Venezuela y su democracia, que fueron respondidas por el gobierno de Maduro. El presidente de Guyana decidió mover a la ONU sus aspiraciones en 2016, mediante conversaciones con el Secretario General saliente de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, pudiendo derivar el contencioso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Esta situación soliviantaba los intereses venezolanos, ya que consideraban que por esa vía podían perder el litigio.

La figura del “buen oficiante” que debía mediar en el marco de la ONU estaba paralizada con el fallecimiento del representante jamaicano, pero Venezuela seguía confiando en su reactivación para la mediación hasta 2017, ya que el mecanismo estaba presente en el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, al no lograrse avances con esa figura, el Secretario General –entonces Antonio Guterres- accedió a su traspaso a la CIJ en 2018.

La Corte Internacional de Justicia

Guyana solicitó esta vía en 2018, a pesar de que Venezuela ha negado desde entonces la legitimidad de esa institución internacional para dirimir la disputa del Esequibo, por lo que no reconoce su derecho jurisdiccional. Guyana arguyó que el Acuerdo de Ginebra de 1966  sostenido entre Venezuela y el Reino Unido, previo a su independencia, permitía a la ONU enviar la disputa a la CIJ, mientras que Venezuela interpretaba que Ginebra solo permitía ese traspaso bajo consentimiento de ambas partes.

Sin embargo, Guyana podía aprovechar este choque de legitimidad puesto que según el artículo 53 de la CIJ, si una de las partes no se presenta al litigio o se abstenga de su defensa, se puede solicitar que se le da la razón a la presente. Y Venezuela tendría la disyuntiva entre no presentarse y perder el caso o presentarse y reconocer la vía jurisdiccional que Guyana consideraba pertinente. El proceso se dilató desde 2018 hasta 2020, cuando tendrían lugar las vistas orales.

En su informe hasta agosto de 2020, la CIJ informaba de la documentación que las partes habían presentado desde marzo de 2018, cuando Guyana presentó la demanda contra Venezuela solicitando “la validez jurídica y el efecto vinculante del Laudo Arbitral de 1899 entre la Guyana Británica y los Estados Unidos de Venezuela (antecesores de Guyana y Venezuela)”, lo cual según Venezuela rompería directamente la pretensión de alcanzar una salida negociada en el marco del Acuerdo de Ginebra donde serían siempre de conformidad bilateral y no unilateral ni impuesto por terceros. Guyana, mediante esta demanda, estaría tratando de declarar competente a la Corte de resolver la disputa precisamente en el marco firmado en Ginebra. Por lo tanto el primer asunto que debía ser dirimido es la competencia del organismo sobre el caso.

En junio de 2018, Venezuela habría informado a la Corte de su postura contra la competencia que tenían para arbitrar el caso, desistiendo de participar en el mismo. Así que la Corte decidió que la cusa trataría primero la cuestión competencial. En abril de 2019, a pocos días del final del plazo de entrega de la memoria para el caso –que sí entregó Guyana-, Venezuela envió una carta confirmando que no presentaría sus alegaciones escritas pero informaría a la Corte mediante un memorándum, que llegaría en noviembre de 2019.

Imagen de archivo de la Corte Internacional de Justicia.

Representantes del gobierno de Guaidó, como la Embajadora en Brasil, aseguran que el argumento venezolano ante la Corte es desconocido ante la falta de publicación de los anexos que consignan junto al memorándum enviado por el canciller Arreaza, aunque se apoya la necesidad de que la CIJ se declare incompetente.

Las audiencias públicas sobre la cuestión de la competencia del organismo sobre el caso iban a tener lugar en marzo de 2020, pero quedaron pospuestas hasta junio a causa de la pandemia de COVID-19. Venezuela anunció que no se presentaría al procedimiento oral y así fue. El 30 de junio de 2020, la delegación de Guyana presentó su caso telemáticamente a la Corte Internacional de Justicia. La fecha de publicación del fallo sería anunciada con posterioridad.

Finalmente, el 18 de diciembre de 2020, la CIJ aceptó la solicitud de Guyana por 12 votos favorables y cuatro contrarios, y se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la soberanía guyanesa sobre el Esequibo. El gobierno de Venezuela rechazó de inmediato la sentencia, pero ello no evita que continúe el proceso judicial, ya que a partir de ese momento la Corte procederá a buscar un fallo sobre la reclamación territorial y no se trata simplemente de un asunto competencial. La clave de su asunción jurisdiccional reside en que valora el Acuerdo de Ginebra como un documento vinculante que arroja a la figura del Secretario general de la ONU la potestad para designar el procedimiento pertinente para la resolución del contencioso. Y Guterres fue quien derivó por esta vía el caso a la CIJ, por lo que se declara competente.

El Esequibo como excusa

El gobierno de Nicolás Maduro aumentó la potencia nacionalista sobre la reivindicación del Esequibo con respecto al de Hugo Chávez, llegando a permitir la concesión de ciudadanía mediante una orden de cedulación para la población esequibana en 2017, aunque se llevaba comentando desde 2015, cuando Guyana rechazó esta posibilidad.

Cabe mencionar la crisis política de Venezuela, con la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” interino del país, ante la incapacidad esgrimida de Maduro y en el marco de su posición en la Asamblea Nacional. Aunque mantuvo su cargo autoproclamado sin demostrarse tal incapacidad presidencial y sin seguir la línea de sucesión constitucional para tal interinidad, el liderazgo de la Asamblea Nacional cambió entre tensiones dentro de la oposición.

En ese contexto, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, esgrimió en 2020 que Guaidó estaría buscando una mayor legitimidad internacional en Reino Unido a cambio de no mantener los reclamos sobre el Esequibo. Para sostener tal acusación hizo pública una conversación presuntamente mantenida entre la embajadora en el Reino Unido designada por la Asamblea y un asesor de Juan Guaidó, a quien se había comenzado a investigar por esta cuestión. La acusación de Rodríguez pasaba por hacer ver que la representante de Guaidó habría asegurado al Alto Comisionado de Guyana la entrega del Esequibo, lo que buscaría la conversión en “una colonia británica nuevamente” a cambio de un importante apoyo. Del mismo modo se acusaba de la entrega del oro venezolano depositado en el Reino Unido y de poner como representante venezolana a “una agente del gobierno de Estados Unidos”. Finalmente, la disputa por el oro de Venezuela se dirimiría por otra vía entre el Banco Central de Venezuela y la justicia británica.

Incluso ese nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el también opositor Luis Parra, no reconocido por el sector de Guaidó en 2020, apoyó el argumentario oficialista sobre la cuestión del Esequibo, apoyando la integridad territorial venezolana mientras se acusaba a Guyana de buscar la ruptura del Acuerdo de Ginebra de 1966 y querer la entrega de los hidrocarburos de la zona en disputa a las petroleras internacionales. A raíz de ello se habló incluso de la necesidad de emplear los poderes del Estado venezolano, incluyendo la Fuerza Armada Nacional. A este apoyo se unieron otros poderes como representantes del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente. La disputa por la legitimidad dentro de la Asamblea Nacional se dirimiría en un nuevo proceso electoral en diciembre de 2020. Pero la causa por la Guyana Esequiba no terminaría.

Durante 2020 el gobierno de Nicolás Maduro ha revitalizado su campaña en favor del Esequibo como parte integral de la soberanía venezolana. En el mes de junio, la misma Delcy Rodríguez aseguró en televisión que el gobierno de Guyana trataba de deshacer el Acuerdo de Ginebra de 1966 para buscar un acuerdo pacífico y negociado sobre el territorio bajo gestión administrativa guyanesa pero en reclamación venezolana. Y esto habría ocurrido al romper con la mediación de la figura del “buen oficiante” de la ONU para apostar por una vía judicial en la CIJ, que Rodríguez declaró como “unilateral”; para buscar una validación del anulado laudo arbitral de 1899, que favorecía al Imperio Británico; y para apoyar los intereses de las petroleras estadounidenses, tras el descubrimiento de yacimientos en las zonas en disputa y las prospecciones de empresas transnacionales como Exxon Mobil.

A pesar de la tensión existente entre Venezuela y Guyana en este periodo, la presión internacional contra el gobierno de Maduro agudizó la contienda ya que el Esequibo fue empleado como un arma arrojadiza más entre las sanciones. A pesar de la escalada de la retórica con el presidente David Granger, este se negó en julio de 2020 a permitir el uso del espacio radioeléctrico guyanés para emitir propaganda contra Venezuela mediante una frecuencia de Voice of America.

En contra de la moderación que pudiera abrirse durante toda esta etapa, destacan dos hechos en las relaciones diplomáticas entre ambos países. En diciembre de 2018 se produjo una interceptación de dos buques de Exxon Mobil –con bandera de Bahamas y de Trinidad y Tobago- por parte de la Armada Nacional Venezolana al encontrarse en el Delta del Orinoco, de soberanía venezolana, no en la zona en disputa. Guyana habría autorizado esas prospecciones.

Mike Pompeo durante su visita oficial a Guyana (2020), una de las paradas de su extensa gira latinoamericana

El otro punto clave se sitúa en enero de 2019, con la declaración del Grupo de Lima para reconocer a Juan Guaidó y condenar las posiciones de Nicolás Maduro. En ella se incluyó un punto –el número 9- que se posicionaba en la disputa en contra de las “acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos [Guyana]” y en directa preocupación por las acciones emprendidas por Venezuela en la Zona Económica Exclusiva de Guyana en diciembre de 2018. Guyana suscribió esta declaración del Grupo de Lima, aunque la mayoría de países se desdijeron de ese controvertido punto posteriormente. El especialmente crítico punto 9 de la ya de por sí polémica declaración quedó solo apoyado por tres miembros: Canadá, Paraguay y la propia Guyana. Otros países apoyaron la declaración posteriormente o desde fuera del Grupo de Lima.

En el mes de julio de 2020, recordando la tensión en las aguas venezolanas tras los hechos de diciembre de 2018, se produjo la incursión marítima estadounidense del USS Pinckney en aguas reclamadas por Venezuela. Ninguno de los dos Estados es firmante de la Convención del Mar de Naciones Unidas (UNCLOS), por lo que no se adscriben al límite de la extensión del mar territorial a las 12 millas náuticas. Venezuela reclamaría hasta las 15 millas y Estados Unidos lo considera aguas internacionales. Aunque estas acciones también han evolucionado en 2020 por la tentativa de bloqueo estadounidense sobre las rutas de diversos buques iraníes que llevaban petróleo a Venezuela en el marco de la crisis de la refinería venezolana, la situación no ha escalado en las aguas en disputa ni en aguas internacionales.

El regreso en 2020 del PPP al gobierno de Guyana, tras acusaciones de fraude en la elección, se asentó a partir de agosto bajo el liderazgo de Irfaan Ali. Y ocurrió a pesar de que Estados Unidos, junto a otros países como Canadá y Reino Unido, amenazó con la imposición de restricciones de visado a los oficiales guyaneses que “socavasen la democracia” en el reconocimiento de los resultados de las elecciones en marzo de 2020. A pesar de ello, Irfaan Ali alcanzó el gobierno. En septiembre de 2020, el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, visitó Guyana para reunirse con el recientemente proclamado presidente de Guyana, Irfaan Ali, en una gira que también abarcó Brasil, Colombia y Surinam. Este momento podría ser clave por la intención de negociar una salida y un acercamiento potencial entre Maduro y Ali, ya sin la discordancia tan sonada con el presidente Granger. A pesar de esto, la visita de Pompeo fue de gran importancia y se saldó con acuerdos en materia de seguridad marítima y cooperación, así como con declaraciones de Ali en favor de unas “elecciones libres y justas [en Venezuela]”.

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