Las tensiones entre la Unión Europea y China han entrado en una nueva fase después de que Pekín haya activado por primera vez una herramienta legal diseñada para responder a medidas extranjeras consideradas “extraterritoriales”. La decisión ordena a empresas y entidades chinas no colaborar con la investigación abierta por Bruselas en diciembre de 2025 contra la compañía Nuctech.
En concreto, el Ministerio de Justicia chino ha prohibido formalmente la entrega de información, documentos y datos vinculados a la investigación europea. Pekín sostiene que Bruselas está intentando aplicar su jurisdicción más allá de sus fronteras al exigir documentación localizada dentro del país asiático.
Qué es Nuctech
Nuctech es una de las principales compañías chinas dedicadas a sistemas de inspección y control de seguridad. La empresa fabrica escáneres para aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias, aduanas y pasos fronterizos, incluyendo equipos de rayos X, sistemas de detección de explosivos y mecanismos automatizados de inspección de contenedores y mercancías.
Sus productos se utilizan en decenas de países y forman parte de infraestructuras especialmente sensibles desde el punto de vista logístico y de seguridad. Precisamente por operar en ese sector, Nuctech lleva años bajo sospecha en varios países occidentales.
Estados Unidos ya había impuesto restricciones contra Nuctech, alegando motivos de seguridad nacional y señalando los vínculos de la empresa con el Estado chino. En Europa, sin embargo, el núcleo formal de la disputa no se centra directamente en espionaje o ciberseguridad, sino en competencia económica y subvenciones públicas.
La Comisión Europea abrió una investigación formal contra Nuctech bajo el Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR), una herramienta adoptada en 2022 que permite investigar si empresas de terceros países reciben ayudas estatales capaces de distorsionar el mercado europeo.
La investigación plantea que la compañía pudo haber recibido financiación preferencial, apoyo estatal y otras ventajas económicas procedentes del Estado, con posible impacto en sus ofertas para concursos públicos europeos.
El caso resulta particularmente sensible para ambas partes. Para la Unión Europea, porque los contratos afectados se sitúan en infraestructuras críticas, incluidos puertos, aeropuertos y pasos aduaneros, donde Bruselas intenta reducir las dependencias estratégicas y reforzar el control sobre proveedores considerados de riesgo.
Para China, porque la investigación no se limita a examinar la actuación de Nuctech dentro del mercado europeo, también apunta a la relación entre la empresa y el apoyo recibido en territorio chino.
De este modo, un caso que en principio podría leerse como una mera disputa comercial se transforma en un choque de jurisdicciones. Bruselas necesita información sobre posibles ayudas estatales chinas para sostener su expediente, mientras que Pekín rechaza que una autoridad extranjera pueda exigir documentación localizada dentro de sus fronteras.
Además, este no es el primer choque entre la Unión Europea y China sobre Nuctech. Las tensiones ya habían aumentado significativamente en 2024, cuando la Comisión Europea realizó inspecciones sorpresa en oficinas vinculadas a la empresa en Países Bajos y Polonia.
Aquellas redadas fueron interpretadas en Pekín como una señal de endurecimiento europeo hacia empresas chinas vinculadas a sectores sensibles. Ahora, con la investigación entrando en una nueva fase, China ha decidido responder con herramientas legales más contundentes que las empleadas hasta ahora.
Una China más asertiva
El caso Nuctech no debe verse como un episodio aislado. En las semanas previas, China también ha utilizado nuevas herramientas regulatorias para responder a las sanciones estadounidenses relacionadas con el petróleo iraní, especialmente contra refinerías vinculadas a la compra de crudo procedente de la República Islámica.
En ambos casos aparece una misma lógica de fondo. Para Pekín, las sanciones, investigaciones y restricciones occidentales forman parte de un esfuerzo por contener su crecimiento y poner a sus empresas en una posición desfavorable.
Partiendo de esta lógica, la respuesta china pasa por construir un aparato jurídico orientado a resistir la presión occidental, elevar el coste de esas medidas y dificultar su aplicación dentro del espacio chino.
Esto incluye leyes contra sanciones extranjeras, listas de entidades consideradas hostiles, controles sobre exportaciones estratégicas y, como muestra este caso, herramientas específicas para bloquear investigaciones extranjeras consideradas extraterritoriales. El movimiento se produce además en un contexto de deterioro creciente de las relaciones entre Bruselas y Pekín.
Durante los últimos años, la Unión Europea ha abierto investigaciones sobre vehículos eléctricos, equipamiento médico, energías renovables y otros sectores para determinar si las subvenciones estatales chinas generan competencia desleal. China, por su parte, interpreta buena parte de estas medidas como una deriva proteccionista impulsada por motivos geopolíticos más que comerciales.
En este contexto, el caso Nuctech marca un antes y un después por el uso de la nueva norma sobre extraterritorialidad. Su aplicación puede dificultar el acceso de la Unión Europea a información ubicada en territorio chino en investigaciones futuras o ya en marcha, y aumentar el riesgo de nuevos choques regulatorios entre ambas partes.
Más allá de las consecuencias inmediatas, la decisión muestra también una mayor asertividad por parte de Pekín. La potencia asiática parece cada vez más dispuesta a trazar y defender líneas rojas en defensa de sus empresas y a responder a las investigaciones occidentales mediante instrumentos legales propios.
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