El 22 de agosto de 2025, Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, anunció en redes sociales que el gobierno había adquirido el 10% de Intel Corporation, una de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Lutnick definió la operación como un “acuerdo histórico que fortalece el liderazgo de Estados Unidos en materia de semiconductores, hará crecer nuestra economía y ayudará a asegurar la ventaja tecnológica del país”.
El caso Intel
El anuncio oficial de la compra de la participación en Intel llegó tras varios días de especulación en los medios de comunicación y semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamara a la dimisión del CEO de la compañía en la red social Truth. La operación ha estado rodeada de polémica tanto por su carácter excepcional como por la forma en que se ejecutó: utilizando fondos de subvenciones previamente aprobadas.
El uso de estos recursos ha generado un particular rechazo porque habían sido concebidos para estimular la producción doméstica de chips y financiar investigación en el marco de la CHIPS Act. Al redirigirse hacia la compra de participaciones bursátiles, el gobierno ha sido acusado de desvirtuar el objetivo de las ayudas y de emplear dinero público con fines financieros más que industriales.
Para la oposición se trata, por lo tanto, de un precedente peligroso, pues abre la puerta a que futuras subvenciones puedan transformarse en instrumentos de intervención accionarial en lugar de apoyo directo a la innovación.
Sin embargo, el verdadero giro no reside tanto en el procedimiento irregular, sino en las motivaciones y la compañía elegida. Intel no es solo un gigante tecnológico, sino un símbolo de la industria de los semiconductores, uno de los ámbitos donde se libra la competencia más intensa entre Washington y Pekín. Desde la Casa Blanca se insistió en que asegurar una participación directa equivalía a blindar un recurso crítico para la seguridad nacional y el futuro económico del país.
La reacción, sin embargo, evidenció el carácter disruptivo de la medida: en Wall Street algunos interpretaron la entrada del Estado como una garantía de respaldo a largo plazo, mientras que otros alertaron de que se abría la puerta a una politización de la gestión empresarial e incluso denunciaron que se trataba de una “nacionalización encubierta”. La controversia se amplificó porque una intervención de este tipo resulta profundamente atípica en el marco estadounidense.
A diferencia de países con fondos soberanos o con tradiciones de control estatal en sectores estratégicos, Washington ha defendido durante décadas la primacía del capital privado como motor de innovación y crecimiento. Lo ocurrido con Intel parece romper con esa tradición, aunque en realidad se inscribe en una tendencia más amplia cuya primera señal no vino del Departamento de Comercio, sino del Pentágono.
MP Materials y la competencia con China
Meses antes, a finales de 2024, el Pentágono había impulsado la entrada del Estado en MP Materials, la principal compañía estadounidense dedicada a la extracción y procesamiento de tierras raras. La República Popular China concentra más del 80% de la capacidad mundial de refinado de estos minerales, indispensables para la fabricación de armamento avanzado, baterías y componentes electrónicos, por lo que la operación se presentó como una decisión inevitable para reducir la dependencia de Pekín y garantizar el suministro de un recurso vital para la seguridad nacional.
El movimiento refleja hasta qué punto las materias primas críticas han pasado a situarse en el centro de la agenda estratégica de Washington. Las tierras raras no son únicamente un insumo para la industria militar, sino también un componente esencial de la transición energética y de la producción de tecnologías de consumo masivo. Asegurar su acceso puede considerarse, por lo tanto, no como una cuestión técnica o empresarial, sino una prioridad de alcance nacional.
Tanto el caso de Intel como el de MP Materials comparten un elemento central: ambos giran en torno a industrias que se han convertido en epicentro de la competencia estratégica con China. Los semiconductores marcan el pulso de la innovación tecnológica global, mientras que las tierras raras son la base material que permite producir desde chips y baterías hasta sistemas de armamento avanzado.
En ambos frentes, Pekín ha consolidado una posición dominante, ya sea mediante su liderazgo en manufactura de microchips de última generación o a través del control del refinado de minerales críticos, lo que ha llevado a Washington a considerar estas cadenas de suministro como un terreno de seguridad nacional. El resultado es que las intervenciones en Intel y MP Materials, aunque distintas en naturaleza, responden a una misma lógica: reducir vulnerabilidades frente a China y reforzar la autonomía estratégica de Estados Unidos.
Aunque ambos movimientos fueron presentados como decisiones excepcionales y justificadas por razones de seguridad nacional, lo cierto es que empiezan a dibujar un patrón: un gobierno que no solo regula o subvenciona, sino que entra directamente en el capital de empresas estratégicas.
Lo que hasta hace poco habría parecido incompatible con la ortodoxia económica de Estados Unidos empieza a ser percibido como un posible cambio de rumbo, un giro que plantea interrogantes sobre si Washington está ensayando su propia versión de un capitalismo de Estado.
Capitalismo de Estado con “características estadounidenses”
Puede parecer exagerado hablar de un cambio significativo en el modelo político-económico estadounidense, pero lo cierto es que existen motivos claros para hacerlo. Este giro comenzó a tomar forma institucional cuando Donald Trump firmó, en febrero de 2025, una orden ejecutiva para sentar las bases de lo que, en la práctica, se configurará como un fondo soberano estadounidense.
El objetivo declarado es disponer de un instrumento capaz de invertir de forma estratégica en sectores considerados vitales para la seguridad nacional, desde la energía hasta la inteligencia artificial. En teoría, se trata de un mecanismo para proteger la innovación y evitar que empresas críticas queden bajo influencia extranjera. En la práctica, supone institucionalizar la presencia del Estado como accionista en la economía, un paso que hasta hace muy poco habría resultado impensable en Washington.
La iniciativa provocó de inmediato un intenso debate dentro de Estados Unidos. Algunos sectores empresariales, especialmente en industrias emergentes como la inteligencia artificial y las energías limpias, celebraron la medida como una señal de apoyo y de estabilidad frente a la volatilidad del mercado global.
Sin embargo, críticos tanto en el Partido Demócrata como entre los republicanos más ortodoxos advirtieron que un fondo soberano podría convertirse en un vehículo de favoritismo político, distorsionar la competencia y alejar al país de los principios que durante décadas habían definido su modelo económico.
La ironía resultante es tan evidente que es necesario remarcarla. Durante décadas, Estados Unidos criticó el intervencionismo estatal de China como una distorsión del mercado y una amenaza para la libre competencia global. Sin embargo, en su intento de contener a Pekín y preservar su primacía tecnológica, Washington parece estar transitando un camino similar, aunque revestido de un discurso distinto.
Lo que Pekín denomina “socialismo con características chinas” encuentra ahora un espejo inesperado: un capitalismo de Estado con “características estadounidenses”, que se justifica en nombre de la defensa de la libre empresa y de la seguridad nacional, pero que en el fondo reproduce lógicas que hasta hace poco eran denunciadas como propias de sistemas autoritarios.
La cuestión de fondo es si se trata de un viraje coyuntural, marcado por la rivalidad con China y por el liderazgo de Trump, o de un cambio estructural en la relación entre Estado y mercado en Estados Unidos. La acumulación de casos como Intel y MP Materials, sumada al proyecto de un fondo soberano, sugiere que podría estar configurándose un patrón más duradero.
Si Washington decide consolidar este tipo de instrumentos, el país podría avanzar hacia una forma de capitalismo de Estado que, aunque diferente del modelo chino o de los petroestados, compartiría con ellos un rasgo esencial: el uso directo del poder público para orientar el rumbo de la economía.
Estados Unidos siempre se ha definido a sí mismo como la tierra del libre mercado, pero los últimos movimientos apuntan a que esa narrativa ya no basta para sostener su primacía. Lo que está en juego no es solo la gestión de unas cuantas empresas estratégicas, sino la definición misma del modelo económico que guiará al país en la era de la rivalidad con China.
La paradoja es que, en su afán por preservar el liderazgo global y contener a Pekín, Washington parece estar configurando su propia versión de aquello que durante décadas criticó en otros. Queda abierta, por tanto, la cuestión central: ¿estamos ante simples respuestas de emergencia o ante el nacimiento de un capitalismo de Estado con características estadounidenses?
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