Tras las elecciones generales de 2023, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudo reeditar –con matices, eso sí– el “Gobierno progresista” de los años previos. Pedro Sánchez logró seguir siendo presidente, aunque lo hizo con una aritmética parlamentaria particularmente enrevesada. De cara a los nuevos comicios del 29 de noviembre, la situación es bastante más compleja.
Para seguir al frente del Ejecutivo, el PSOE logró hilvanar un bloque de investidura con peculiaridades ideológicas y, sobre todo, territoriales. De él formaron parte el propio PSOE (121 diputados) y Sumar (26 diputados) –ambos ocupando el Consejo de Ministros– y una larga lista de partidos que, sin tener representación en el Gobierno de Sánchez, sí facilitaron que pudiera ser investido.
Estos partidos eran, por izquierda, el catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el vasco Euskal Herria Bildu (EH Bildu), el gallego Bloque Nacionalista Galego (BNG), el valenciano Compromís y Podemos –que concurrió como parte de Sumar a las elecciones, pero pasó a posteriori a formar parte del Grupo Mixto– y, por derecha, Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
A este denso grupo de apoyo parlamentario hay que añadir el hecho de que el ala izquierda del gobierno, Sumar, incluye partidos de izquierda regional como los Comuns de Cataluña, Más Madrid, Més per Mallorca y, hasta las elecciones autonómicas de Aragón, Chunta Aragonesista.
Los 121 diputados del PSOE, los 26 de Sumar, los 7 de ERC, los 7 de Junts, los 6 de EH Bildu, los 5 del PNV, los 4 de Podemos, y el diputado de BNG y Compromís, respectivamente, sumaron 178 escaños, suficientes para establecer una mayoría absoluta tras las elecciones generales, pero a expensas de un complejísimo equilibrio ideológico y territorial que acompañó toda la legislatura y bloqueó, entre otros, la aprobación de los presupuestos.
El PSOE, ¿la fuerza más votada?
El PSOE afronta las elecciones del 29 de noviembre con un objetivo inmediato: ser la primera fuerza política para mantener abiertas sus opciones de seguir gobernando España.
En un escenario marcado por la competencia frente al Partido Popular (PP) y Vox, la desmovilización de parte de su electorado y unas encuestas desfavorables, los socialistas necesitan convertir unos comicios adversos en una disputa sobre la orientación política del país.
La primera dificultad para Pedro Sánchez es recuperar a una parte de la izquierda que permanece alejada de las urnas. Las estimaciones sobre este electorado desmovilizado oscilan entre los 500.000 y los 1,5 millones de votantes, una bolsa de sufragios que puede resultar decisiva en una competición ajustada.
No todos son votantes socialistas, pero sí forman parte de un espacio electoral del que depende la capacidad del PSOE para contener el avance de la derecha. Así pues, su reto consiste en transformar el descontento, la abstención potencial y la indiferencia de su electorado histórico en participación efectiva.
En este contexto, la vivienda se ha convertido en uno de los principales terrenos de disputa. Sánchez trata de capitalizar las movilizaciones en torno al acceso a la vivienda y situar este asunto en el centro de la campaña, pese a la posición duramente crítica con el PSOE por parte de un sector mayoritario de quienes están sosteniendo las protestas en Madrid y otras capitales de provincia.
La estrategia de Sánchez pasa por plantear las elecciones como un plebiscito sobre quién está dispuesto a intervenir en el mercado inmobiliario, frenar las dificultades de acceso y responder a las demandas de los jóvenes y las clases trabajadoras de España.
De este modo, el PSOE aspira a desplazar el foco desde los asuntos que, como Ceuta, constituyen un marco de discusión favorable a la derecha y a la extrema derecha, hacia una cuestión social capaz de movilizar a sectores progresistas que no encuentran suficientes incentivos para acudir a votar.
Sin embargo, la estrategia presenta riesgos. La vivienda es una preocupación central para amplias capas de la población, pero también constituye un ámbito en el que el Gobierno debe responder por los resultados de sus propias políticas.
Convertirla en el eje electoral puede reforzar la movilización progresista, aunque también expone al PSOE a las críticas por la evolución de los precios, la capacidad de oferta disponible y las dificultades de emancipación.
En cualquier caso, en el PSOE parecen estar seguros de que esta problemática era la mejor –o, al menos, la menos mala– de todas en torno a las cuales podía girar una campaña electoral que no podía haberse postergado más allá del verano de 2027. La cuestión clave podría ser si el PSOE y los partidos a su izquierda logran apropiarse del debate o si la oposición consigue convertirlo en un juicio sobre la gestión del Ejecutivo.
Las encuestas antes de las elecciones en España tampoco ofrecen, de entrada, un panorama favorable a Sánchez. Los sondeos apuntan a una contienda complicada y a la necesidad de recuperar bastante terreno frente a sus adversarios. No obstante, el precedente de 2023 invita al optimismo en Ferraz: en aquel año, las expectativas demoscópicas también eran negativas y, en la práctica, daban por hecho que PP y Vox sumarían mayoría absoluta.
Esto no significa que el PSOE tenga asegurada una remontada, sino que el escenario no puede darse por cerrado antes de las urnas. Los cálculos socialistas sitúan el umbral de viabilidad por encima de los 130 escaños y, en términos de voto, en torno al 33%.
Por debajo de esas referencias, las posibilidades de articular una mayoría parlamentaria se reducirían considerablemente. Ser primera fuerza es, por tanto, una condición política fundamental, aunque no suficiente: la aritmética del Congreso y la capacidad de sus potenciales socios para sumar apoyos seguirán condicionando cualquier alternativa de Gobierno.
Finalmente, la participación puede ser decisiva. El PSOE necesita acercarse a una movilización cercana o superior al 80%, un escenario que favorecería la incorporación de votantes progresistas habitualmente menos constantes. El problema para Sánchez es que el electorado de PP y Vox parte de un elevado grado de movilización.
Por ende, el PSOE necesita equilibrar esa movilización con una equivalente, de forma que los aproximadamente 12 millones de votos que se le presuponen al bloque conservador constituyan un porcentaje más bajo del +50% que le brindan numerosos sondeos.
Si la derecha consigue mantener esa intensidad mientras la izquierda y el centro-izquierda permanecen desmovilizados, no habrá ninguna opción para Pedro Sánchez de continuar al frente de La Moncloa.
La izquierda "a la izquierda del PSOE"
Si hay un espacio político que genera dudas sobre su desempeño en estas elecciones en España, ese es sin duda el de la izquierda “a la izquierda del PSOE”. Este complejo entramado de partidos de izquierda –regional en unos casos, nacional en otros– sostuvo hasta el último minuto unas negociaciones políticas que condicionaron una entrada tardía en la campaña electoral.
Tras una legislatura marcada por las disputas internas, la fragmentación organizativa y una relación de subordinación política al PSOE por parte de algunos de sus partidos, este espacio llega a las urnas con dificultades para movilizar a su electorado. El reto consiste para ellos en recuperar una identidad propia sin quedar atrapado en la competencia entre las distintas formaciones que aspiran a representar al mismo bloque.
En 2023, las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE lograron superar la treintena de escaños. Sin embargo, las encuestas para estos nuevos comicios han llegado a situarlas por debajo de los diez diputados.
Parte de este retroceso responde a una posición subordinada al PSOE. La necesidad de sostener al Gobierno ha limitado la capacidad de estas formaciones para diferenciarse de los socialistas, mientras que las disputas internas y la multiplicación de siglas han debilitado considerablemente a sus líderes.
El resultado es un electorado dividido entre quienes han optado por la abstención, quienes han regresado al PSOE como opción considerada útil y quienes continúan buscando una alternativa a la izquierda del PSOE.
Frente a esta tendencia, los partidos de la izquierda regional podrían encontrar mejores condiciones para resistir. Chunta Aragonesista, Compromís, Més y Nueva Canarias cuentan con espacios políticos propios, vinculados a realidades territoriales concretas, que pueden facilitar la movilización de sus bases.
Su capacidad para defender intereses regionales y diferenciarse de las grandes formaciones estatales puede traducirse en resultados relativamente favorables, algo que ya ha ocurrido en recientes comicios autonómicos. De este modo, podrían estar llamados a jugar un rol determinante tras las elecciones en España el 29-N.
Los apoyos externos del PSOE
Incluso si el bloque de la investidura que permitió un nuevo gobierno de Sánchez en 2023 lograse superar el umbral de la mayoría absoluta, la situación aritmética del PSOE seguiría siendo enormemente compleja.
En este escenario, el PSOE podría encontrarse ante una paradoja: incluso si logra mantenerse como primera fuerza, la formación de Gobierno dependerá de unos socios cada vez más exigentes y de una aritmética parlamentaria potencialmente bloqueada.
Esquerra Republicana y EH Bildu previsiblemente mantendrían su disposición a facilitar una investidura socialista, pero el precio político de ese apoyo podría aumentar. La vivienda se perfila como uno de los principales ejes de negociación, con demandas orientadas a reforzar la intervención pública, ampliar las medidas de protección de los inquilinos y limitar los efectos de la escalada de precios.
La situación de Junts per Catalunya resulta todavía más compleja. Si mantiene una posición de rechazo a cualquier investidura, algo probable considerando tanto sus nulos vínculos con Vox como su ruptura con el PSOE en el cierre de esta última legislatura, sus diputados podrían convertirse en un factor determinante de bloqueo.
Una representación de aproximadamente media decena de escaños sin disposición a facilitar ninguna alternativa dejaría a los principales partidos con menos margen para articular mayorías. En ese escenario, la repetición electoral ganaría posibilidades, pues los diputados del partido independentista catalán podrían jugar como peso muerto.
A esta incertidumbre se suma el PNV. Aunque su posición puede resultar decisiva para una mayoría progresista, el PSOE no tiene garantizado su respaldo. Los intereses territoriales, las exigencias de autogobierno y las discrepancias sobre determinadas políticas podrían complicar las conversaciones.
Además, la posible entrada de Adelante Andalucía añadiría un nuevo elemento de complejidad. La formación de izquierda andalucista mantiene una posición crítica con el PSOE y se inclina por evitar a toda costa la integración en un gobierno con este partido, sin renunciar por ello a negociar medidas concretas.
Su eventual representación podría traducirse en un apoyo condicionado y exigente, antes que en una adhesión automática a la investidura, e incluso podría tener incentivos para dejar caer al Ejecutivo en cualquier momento de la legislatura.
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