A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre en España, el bloque opositor que encabeza el Partido Popular (PP) –con 137 diputados durante la legislatura que termina– junto a Vox –con 32 diputados– llega a la cita con una ventaja que, según los sondeos disponibles, será suficiente para poner fin a los más de ocho años de mandato de Pedro Sánchez. Es decir, un Gobierno de PP y Vox tras el 29-N es una posibilidad muy real.
La fotografía demoscópica presenta al PP como primera fuerza y a Vox como tercera, pero, sobre todo, sitúa la suma de ambas formaciones claramente por encima de los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.
Las proyecciones publicadas en los días inmediatamente cercanos a la repentina convocatoria electoral sitúan su agregado entre los 195 y 207 diputados, muy por encima de la barrera de la gobernabilidad.
El PP y Vox ya han alcanzado, no sin tensiones, acuerdos de gobierno en instituciones autonómicas como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía, negociando repartos de competencias y programas comunes pese a mantener algunas diferencias.
La experiencia autonómica demuestra que las diferencias ideológicas y de tono no impiden necesariamente el entendimiento entre populares y extrema derecha cuando los números permiten un acuerdo de gobierno.
Además, ambos partidos conocen ya los costes y beneficios de gobernar juntos. Trasladar esa lógica al ámbito nacional exigiría negociar carteras, prioridades presupuestarias y política exterior.
Si se confirma la fotografía demoscópica, el escenario más plausible sería un Ejecutivo de coalición PP-Vox, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza y Santiago Abascal en la vicepresidencia o en algún ministerio de peso.
Otra opción sería un acuerdo de investidura ligado a un programa común y una disciplina parlamentaria suficiente, que pudiera incluso permitir un Gobierno del Partido Popular en minoría.
El contexto mediático-político, poco antes de la convocatoria electoral, era eminentemente favorable tanto al Partido Popular como a Vox. La crisis en Ceuta, que desbordó las capacidades de las infraestructuras del enclave y puso en dificultades las herramientas ideológicas del PSOE, ofrecía un terreno fértil para las narrativas de la extrema derecha.
Por su parte, la peculiar situación legal que se ha atribuido a figuras del propio Partido Socialista, de la mano de los acuerdos alcanzados con fuerzas independentistas como ERC y Junts en Cataluña, o EH Bildu en el País Vasco, han sido sistemáticamente utilizados por el líder popular para movilizar al electorado contrario al PSOE, históricamente ligado al propio PP.
PP, ¿el gran partido popular de Europa?
Para el Partido Popular, las elecciones del 29 de noviembre ofrecen una oportunidad que trasciende la posibilidad inmediata de alcanzar La Moncloa. Una victoria permitiría a Alberto Núñez Feijóo consolidar al PP como una fuerza capaz de articular una alternativa conservadora superior a las que están logrando sus socios en Europa.
El Partido Popular ocupa una posición singular. En el Parlamento Europeo está integrado en el Partido Popular Europeo (PPE), principal familia política de centro-derecha de la Unión. Buena parte de sus homólogos en la región se han visto arrastrados por el auge de la extrema derecha o, anteriormente, por los terremotos políticos provocados por las las nuevas izquierdas contrarias a la austeridad.
En Alemania, la CDU/CSU de Friedrich Merz se encuentra en caída libre frente a un AfD que es, según todas las encuestas, la primera fuerza política del país. En Francia, Les Republicains son un actor secundario en un ecosistema dominado por el macronismo y, sobre todo, por La Francia Insumisa (LFI) y la extrema derecha de Reagrupamiento Nacional (RN). Una similar situación enfrenta Forza Italia.
No ocurre lo mismo con el PP, primera fuerza en el Congreso de los Diputados y con opciones claras de repetir esa posición y, además, lograr formar un Gobierno con Vox. La oportunidad, de hecho, está condicionada por la relación con el partido de Santiago Abascal.
Un PP dependiente de sus votos puede ganar las elecciones y, simultáneamente, perder capacidad para definir el rumbo del nuevo Ejecutivo. Los acuerdos autonómicos han demostrado que existen mecanismos de cooperación, aunque también han dejado claro que Vox utiliza su posición negociadora para incorporar prioridades propias y, muy en particular, para instalar marcos de discusión pública en los que se siente más cómodo que el líder de los populares.
Alberto Núñez Feijóo se juega, además, su propio liderazgo en el Partido Popular. Las elecciones generales de 2023, precedidas también por una serie de victorias en comicios autonómicos y por numerosas encuestas que vaticinaban una holgada victoria del PP junto a Vox, pusieron en duda su posición en la principal formación de la oposición.
Vox, frente al techo del 20%
Vox afronta las elecciones del 29 de noviembre desde una posición más fuerte que en 2023. Los sondeos disponibles apuntan a una expansión significativa de su representación parlamentaria, hasta 60-65 escaños, frente a los 33 actuales.
El crecimiento refleja, entre otros factores, la capacidad del partido para atraer a sectores que habían optado por la abstención y que ahora encuentran en el rechazo a Pedro Sánchez un incentivo para volver a las urnas.
Este fenómeno modifica la naturaleza de su electorado. Los análisis demoscópicos de 2026 señalan avances entre jóvenes, rentas bajas y antiguos abstencionistas. Vox se beneficia de un marco político que convierte las elecciones y, en general, toda la discusión política en España, en un plebiscito permanente sobre el Gobierno socialista y la figura del presidente Sánchez.
Sin embargo, existe un límite que todavía no ha sido superado. Pese al avance, Vox permanece alrededor del 20% en los principales escenarios, sin lograr disputar el liderazgo conservador. La comparación europea es dura para el partido de Santiago Abascal: varios socios de la extrema derecha han alcanzado ya cuotas superiores y se han convertido en fuerzas hegemónicas –o casi– en sus países.
Es el caso de AfD en Alemania, de RN en Francia y de Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni. También de otros socios internacionales del partido, como Javier Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, José Antonio Kast en Chile o el bolsonarismo en Brasil. Vox, en cambio, continúa necesitando al PP para transformar su crecimiento electoral en capacidad ejecutiva… y tiene que hacerlo desde una posición subalterna.
Esta paradoja define su posición. El 29 de noviembre será una prueba decisiva. El partido puede ser decisivo para formar Gobierno –salvo que las encuestas vuelvan a errar como lo hicieron en 2023– y, al mismo tiempo, seguir limitado por un techo electoral que reduce su autonomía estratégica. Su éxito sería aumentar su representación para condicionar el próximo Ejecutivo y, en el mejor de los escenarios, disputar la primera posición al Partido Popular.
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