Estados Unidos ha vuelto a colocar a Venezuela en el centro de su agenda de seguridad y política exterior. El presidente Donald Trump ordenó a mediados de diciembre el bloqueo de los petroleros que entren y salgan del país caribeño tras la primera incautación de un buque con crudo venezolano en el Caribe.
Aquella acción tuvo un alto impacto simbólico y operativo, esclareciendo las intenciones de Washington de escalar en la práctica sus amenazas contra el gobierno de Nicolás Maduro. La decisión, a su vez, se inscribe en el endurecimiento del dispositivo militar estadounidense en la región.
Desde la Casa Blanca, la medida fue justificada una vez más bajo el argumento de que el Estado venezolano utiliza las rentas petroleras para financiar actividades ilícitas y que ello, en última instancia, convierte a Miraflores en una organización terrorista extranjera en sí misma.
El propio Trump vinculó el cerco energético con una narrativa de amenaza directa a la seguridad estadounidense, que incluye acusaciones sobre migración, criminalidad y narcotráfico.
Además, las nuevas acciones norteamericanas en el Caribe han tenido lugar después de que el propio presidente republicano definiese al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, emulando caracterizaciones hechas por la Casa Blanca años atrás en contextos como el iraquí.
Críticas al bloqueo contra Venezuela
La respuesta de Caracas a las nuevas acciones estadounidenses se basó en una internacionalización de los ataques, inscribiéndolas en una disputa de alcance global.
Nicolás Maduro calificó la incautación del buque como un acto de piratería y convocó a los trabajadores del sector petrolero y gasífero a impulsar una movilización internacional en "defensa de la libertad de comercio", además de apelar al resto de gobiernos de América Latina.
Las acciones estadounidenses también han sido protagonistas en las Naciones Unidas, donde Washington ha buscado encuadrar su narrativa como parte de un pretendido “conflicto armado no internacional” contra el narcotráfico, apelando al artículo 51 de la Carta de la ONU.
Por su parte, Venezuela, a través de su representante Samuel Moncada, ha denunciado una estrategia de “colonización encubierta”, caracterizando el bloqueo como una forma de extorsión política.
Rusia y China han criticado a Estados Unidos apelando al derecho internacional. Actores regionales alineados con Estados Unidos y, más específicamente, con la administración de Donald Trump, como Guyana, en cambio, se han alineado con Washington, tal como en la práctica lo están haciendo otros como Trinidad y Tobago.
A pesar de que la Casa Blanca considera que un bloqueo prolongado podría facilitar la caída del gobierno de Maduro, numerosas voces en el entorno del Partido Republicano cuestionan no solo las acciones recientes sino, en general, la estrategia contra Caracas.
Un eventual cerco más duro podría ofrecerle a Nicolás Maduro una narrativa de defensa de la soberanía que movilice no solo al núcleo duro del chavismo civil, político y militar, sino incluso a sectores no alineados con el oficialismo, pero tampoco fervientemente antichavistas.
Desde hace años, Estados Unidos ha tratado de quebrar la unidad interna del chavismo a través de estrategias de presión –sin mucho éxito por ahora–, primero con sanciones selectivas y luego con el embargo petrolero impuesto durante la primera presidencia de Donald Trump.
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