La relación entre el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y la oposición venezolana ilustra hoy una convergencia explícita de intereses estratégicos, económicos y militares.
En este sentido, es decisivo entender qué ofrece María Corina Machado a Estados Unidos, en tanto líder de facto del antichavismo, y quien se reconoce a sí misma como el principal canal de interlocución, articulando un proyecto político cuyo núcleo central responde a las necesidades energéticas, militares y geopolíticas de Washington en el contexto del repliegue americano de la Casa Blanca.
Sus propuestas, presentadas en foros empresariales y espacios como el Council of the Americas, delinean un modelo de “transición democrática” que, por encima de todo, promete transformar a Venezuela en un enclave favorable a los capitales y las agendas estadounidenses a cambio de apoyo a lo que ella misma describe como un “retorno a la democracia”.
Desde enero de 2025, Machado apoyó las tesis del Tren de Aragua y del Cártel de los Soles, ambas habiendo contribuido a que Washington impulsase su actual campaña de ataques en el Caribe bajo el pretexto de la lucha contra el “narcoterrorismo”.
A su vez, tal narrativa facilitó deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, presionando aún más el escenario migratorio y ampliando la justificación de medidas coercitivas contra Caracas.
La oferta de María Corina Machado
Paralelamente, Machado ha ofrecido una visión económica presentada como “la oportunidad del billón de dólares”. Se trata, en última instancia, de un esquema de privatización integral de la industria petrolera, de apertura al capital extranjero y de desregulación fiscal. Tal propuesta casa con lo que han postulado numerosos gobiernos de corte liberal y proestadounidense en América Latina desde los años setenta del siglo XX.
Machado promete garantías jurídicas, estabilidad institucional y acceso privilegiado a recursos estratégicos, con el petróleo evidentemente en el centro. Su planteamiento pivota sobre un elemento central: convertir a Venezuela en un proveedor capaz de asegurar la “seguridad energética de Estados Unidos”, en línea con informes financieros como los del UBS que destacan el valor geoestratégico del crudo pesado venezolano por su proximidad geográfica.
La hoja de ruta propuesta por Machado involucra la creación de una Agencia Estatal encargada de privatizar las industrias de hidrocarburos, gasísticas, petroquímicas, de telecomunicaciones y de otros sectores clave.
Proyecciones de redes de la derecha y la derecha radical latinoamericana –como Atlas Network y CEDICE– estiman que la producción petrolera podría elevarse hasta 4,7 millones de barriles diarios en 15 años, generando un lucrativo mercado de 420.000 millones de dólares.
María Corina Machado promete, además de acceso a petróleo, minería. Abre la puerta a sendas concesiones sobre hierro, oro y bauxita, y la puesta en venta de hasta 30 millones de hectáreas calificadas como “tierras fértiles no desarrolladas”.
Ello implica una notoria reorganización del control económico del suelo venezolano, que permitiría a empresas estadounidenses beneficiarse del nearshoring –el desplazamiento de la producción de una empresa a un país geográficamente cercano, pero con menores costes laborales–, potenciando el traslado directo de recursos venezolanos hacia el mercado norteamericano.
En el marco de las explícitas amenazas de Donald Trump contra Venezuela, María Corina Machado opera como “intermediaria” entre intereses empresariales, políticos y militares.
Su propuesta de transformar el país en solo 100 días, mediante privatizaciones masivas y reformas constitucionales de facto, exige un apoyo decisivo de Estados Unidos para desarticular el poroso y complejo andamiaje social y político del chavismo más allá del propio gobierno de Maduro.
En síntesis, Machado ofrece a Estados Unidos la legitimación de su narrativa de seguridad nacional, la apertura total a sus grandes conglomerados, la entrega de sectores estratégicos y la promesa de reconfigurar el Estado venezolano en función de la agenda geopolítica de Washington, alejándose de la influencia de China y de Rusia –con quien recientemente firmó un Tratado de Asociación Estratégica Integral–.
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