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Sangrientas protestas contra la manipulación electoral en Tanzania

La presidenta Samia Suluhu Hassan vence en las elecciones de Tanzania con el 97,66% de los votos, un resultado que ha desatado masivas protestas.
La presidenta Samia Suluhu Hassan vence en las elecciones de Tanzania con el 97,66% de los votos, un resultado que ha desatado masivas protestas. Fuente: Palacio Presidencial de Tanzania

La actual presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha sido declarada por la Comisión Nacional Electoral como vencedora de las elecciones presidenciales del pasado 29 de octubre.

Pocos dudaban de su victoria, pero los aplastantes datos, que le dan un 97,66% de los votos, han generado incredulidad e indignación en todo el país. Desde la celebración de los comicios, las calles de las principales ciudades tanzanas se han llenado de manifestantes que denuncian tanto un fraude electoral como la manipulación de todo el proceso. 

Aunque los datos difieren y no existen cifras certeras, se puede afirmar que decenas de personas han fallecido ya como consecuencia de la represión policial. La principal fuerza opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (CHADEMA), denunció que al menos 700 personas habrían muerto durante las movilizaciones, mientras Amnistía Internacional asegura que serían al menos 100.

Por su parte, desde Naciones Unidas informaron que, según “informes creíbles”, al menos 10 personas habrían fallecido. En cambio, el gobierno tanzano rechaza todos estos reportes, tildándolos de “enormemente exagerados”, aunque reconoce que habría varios muertos causados por “pequeños focos de incidentes”.

El origen de las protestas en Tanzania

Las protestas estallaron la misma noche electoral, siendo especialmente relevantes en ciudades como Dar es Salaam o Mwanza. Los manifestantes entraron en diversos colegios electorales donde destrozaron urnas, atacaron varios edificios gubernamentales e incluso incendiaron una comisaría de policía. La respuesta del gobierno fue la militarización de las calles con el despliegue de cientos de soldados, la declaración de un toque de queda nocturno y un corte generalizado de internet que ha durado varios días. 

Más allá de lo abultado del resultado, el principal motivo de las protestas es la inexistencia de una competencia electoral real, con decenas de potenciales candidatos encarcelados o inhabilitados para presentarse. Uno de los más relevantes es Tundu Lissu, actual presidente de CHADEMA y conocido activista por los derechos humanos.

Habiendo regresado al país en 2023 después de varios años exiliado, Lissu fue detenido en abril de este año tras la celebración de un mitin, acusado de traición y de intentar impedir la celebración de las elecciones. Por su parte, CHADEMA fue inhabilitado por no firmar el código de conducta electoral al considerarlo una “imposición arbitraria”. 

De esta forma, Hassan allanaba el camino a la victoria con la exclusión tanto de su principal rival como del principal opositor histórico. Sin embargo, no se quedó allí, sino que centró entonces su persecución contra el partido ACT-Wazalendo, al que le fue revocado su registro como formación política al considerar que había incumplido sus propias normas internas.

A todo ello cabe sumarle una serie de irregularidades durante la campaña y las elecciones, lo que incluye desde la censura en medios de comunicación, la manipulación de los registros de votantes o el impedimento de acceso a los colegios a los apoderados de la oposición. 

Las elecciones en Tanzania “no cumplieron con los principios, marcos normativos ni otras obligaciones y estándares internacionales para considerarlos elecciones democráticas”. Así de contundente se mostró la misión de observadores enviada por la Unión Africana. Entre otros motivos, el organismo afirmó que algunos votantes depositaron varias papeletas y que muchos de sus observadores fueron obligados a abandonar los colegios.

Asimismo, desde la Unión Europea señalaron tanto la violencia postelectoral como las irregularidades del proceso, denunciando “la ausencia de condiciones equitativas” y “los secuestros, desapariciones y violencia que reducen el espacio cívico y democrático”.

La deriva autoritaria del partido de Nyerere

Con su nueva victoria electoral, el partido Chama Cha Mapinduzi (CCM) –traducible como Partido de la Revolución– continuará gobernando el país como lleva haciendo de forma ininterrumpida desde 1977.

Este partido surge de la fusión de la Unión Nacional Africana de Tanganica –la fuerza independentista liderada por Julius Nyerere– y el Partido Afro-Shirazi de Zanzíbar. Esta unión culminaba de forma simbólica la integración política de la isla de Zanzíbar con la parte continental, siendo hasta la adopción de un sistema multipartidista en 1992 la única formación legalmente reconocida.

Desde su creación, el CCM ha dominado por completo las instituciones y la vida pública de Tanzania, convirtiéndose en la práctica en una extensión del propio Estado. Bajo el liderazgo de Nyerere, impulsó un modelo de socialismo africano conocido como unjamaa, basado principalmente en la búsqueda de la autosuficiencia económica y una marcada identidad nacional. Sin embargo, parte de estos principios se han ido perdiendo desde la renuncia de Nyerere en 1985, y ningún otro presidente ha tenido el mismo consenso y carisma.

Con la aparición de partidos como CHADEMA o ACT en la segunda década de este siglo, el CCM vio peligrar su hegemonía por primera vez, ganando con la menor diferencia de su historia en las elecciones de 2015. En esos comicios saldría elegido John Magufuli, quien se presentaba como un reformador.

Bajo su gobierno, se redujo drásticamente el gasto público, iniciando, a su vez, una fuerte deriva autoritaria con la persecución de oponentes políticos y un control férreo de los medios de comunicación. Además, convencido por sus fuertes creencias religiosas, negó la gravedad de la pandemia de COVID-19, por lo que no tomó medidas importantes para atajarla, creando una gran crisis sanitaria. 

Estatua de Julius Nyerere en Dodoma, la capital de Tanzania.
Estatua de Julius Nyerere en Dodoma, la capital de Tanzania. Fuente: Pernille Bærendtsen - bajo CC BY-SA 2.0

Con su muerte en el cargo en 2021, su lugar lo ocupó su vicepresidenta Hassan, quien al principio ofreció una imagen de apertura con la liberación de presos políticos y medidas a favor de la libertad de prensa.

Sin embargo, pronto cambió su actitud, purgando a los partidarios de Magufuli y rodeándose de un bloque de fieles que incluía un gran número de miembros de las fuerzas de seguridad. A su vez, se iniciaron procesos judiciales y policiales contra opositores y activistas, en lo que muchos denuncian como una deriva autoritaria incluso peor que durante el gobierno de Magufuli.

Junto al retroceso democrático, la situación económica ha sido otro de los factores que más ha influido en el estallido de las protestas. A pesar de mantener unas tasas de crecimiento constante, esto no se ha traducido en una mejora palpable de las condiciones de vida de la población, siendo un país altamente desigual.

El contraste es especialmente grave en las zonas rurales, donde la inversión del Estado es mínima a diferencia del enriquecimiento de las élites urbanas. A esto cabe sumarle los frecuentes escándalos de corrupción sucedidos en los sucesivos gobiernos tanzanos.

Todo ello ha creado un clima de profundo hartazgo de la población tanzana hacia su clase política, especialmente entre los más jóvenes. Tras décadas del mismo partido en el poder, los tanzanos vieron con esperanza las promesas de cambio democrático con las que Hassan llegó a la presidencia, viendo con desilusión cómo estas se han convertido en un nuevo ciclo de represión política y manipulación electoral.

Aunque las movilizaciones parecen haberse calmado en los últimos días, la represión de estas y los increíbles datos con los que Hassan se ha hecho con la victoria han dañado profundamente la imagen de uno de los países considerados como de los más estables del continente, lo que puede influir en su propia legitimidad interna y desembocar en nuevos ciclos que pongan en grave riesgo la continuidad del gobierno. 

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