Desde noviembre de 2024, Donald Trump ha realizado varias declaraciones sobre el canal de Panamá, expresando su intención de que Estados Unidos recupere su control. El líder republicano ha criticado las supuestas tarifas “ridículas” o “exorbitantes” que Washington debe pagar por su uso, subrayado su importancia estratégica para el gobierno estadounidense y advertido sobre la creciente influencia de China en Panamá.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha rechazado de pleno las declaraciones estadounidenses, afirmando que “el canal es y seguirá siendo de Panamá”. Sin embargo, esto no ha impedido que exista un nerviosismo entre las elites panameñas ante la creciente convicción sobre la seriedad de las intenciones del nuevo gobierno republicano; el ultimátum planteado por Marco Rubio durante su visita al país no ha hecho más que acrecentar este temor.
Los tratados entre Estados Unidos y Panamá
Antes de centrarnos en la situación actual, resulta necesario abordar cuál es la legalidad vigente en lo referente al canal de Panamá puesto que, a lo largo de la historia, Estados Unidos y Panamá han suscrito varios tratados referentes a la construcción, administración y soberanía sobre la infraestructura.
El primero de estos acuerdos es el Tratado Hay-Bunau-Varilla de 1903, también conocido como el Convenio para la Construcción de un Canal Marítimo. Este documento fue firmado pocos días después de la separación, respaldada por Estados Unidos, de Panamá de Colombia y otorgó a la potencia norteamericana el derecho de construir y administrar el canal de Panamá y a ejercer control sobre la “zona del canal” a perpetuidad.
A lo largo de las décadas siguientes, se introdujeron enmiendas y convenios para ajustar algunas condiciones de administración, tales como la presencia militar o ciertos aspectos financieros, pero ninguno de estos alteró significativamente la soberanía estadounidense en la "zona del canal" hasta la firma de los dos tratados –conocidos colectivamente como Tratados Torrijos Carter– en 1977.
El primero es el Tratado del Canal de Panamá, que estableció la reversión progresiva del control y la administración del canal de Panamá a manos panameñas en un proceso que culminaría el 31 de diciembre de 1999. El segundo, el Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá, fue firmado para garantizar la neutralidad de la vía, disponiendo que permanezca abierto, bajo la supervisión de Panamá, a todas las naciones en tiempo de paz y guerra.
Es importante señalar, de cara a hablar de la situación actual, que el Tratado de Neutralidad Permanente designa, en su artículo IV, a Estados Unidos como garante de la neutralidad del canal. Esto podría otorgarle cierta prerrogativa para actuar si considera que dicha neutralidad está en riesgo, un concepto cuyo alcance no está claramente definido dentro del acuerdo.
El canal de Panamá, "controlado" por China
Volviendo a la actualidad, nos encontramos con que Donald Trump no es la única figura política estadounidense que pone el foco en el canal de Panamá. Ted Cruz, senador por Texas y uno de los principales aliados de la administración republicana en el senado, convocó el 28 de enero de 2025 una sesión plenaria del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte bajo el título “Tarifas e influencia extranjera: análisis del canal de Panamá y su impacto en el comercio y la seguridad nacional de Estados Unidos” para abordar la situación en torno a la vía.
Cruz, que ha estado haciendo campaña en la televisión estadounidense para avivar el debate sobre el canal, declaró lo siguiente para justificar la convocatoria del comité:
“El canal de Panamá, que atiende al 40% del comercio marítimo de Estados Unidos, es vital para los intereses económicos y de seguridad nacional. Estados Unidos pagó por el canal de Panamá y lo construyó, pero Panamá está tratando a Estados Unidos de manera injusta y cediendo el control de infraestructuras clave a China. Espero que esta audiencia informe mejor a los miembros del Comité de Comercio sobre los desafíos que enfrenta la industria marítima, el alcance de la influencia extranjera en Panamá y cómo el gobierno panameño puede estar incumpliendo sus obligaciones en virtud del Tratado de Neutralidad”.
La República Popular China, como ya adelantaban tanto Cruz como Trump, es la principal protagonista de la cuestión del canal de Panamá para las autoridades estadounidenses debido a la creciente influencia de Pekín en el país centroamericano. Eric Schmitt, senador por Missouri, afirmaba durante su intervención en la reunión del Comité de Comercio que “Estados Unidos está caminando en sueños hacia una trampa cuidadosamente preparada por China y, afortunadamente, personas como el presidente Trump no están cayendo en ella”.
En el centro del debate sobre la influencia de China en Panamá están las concesiones portuarias al conglomerado Hutchison, con sede en Hong Kong. En múltiples ocasiones se ha señalado la presencia china en los puertos de Balboa, en la costa del Pacífico, y Cristóbal, en el Caribe, con acusaciones sobre la posible infiltración de espías chinos entre su personal.
Un ejemplo de esta narrativa lo encontramos en las palabras de Dan Sullivan, senador por Alaska, quien durante la reunión del comité afirmó: “Creo que podemos suponer que estas empresas tienen espías chinos o funcionarios militares entre sus empleados. No creo que sea una gran suposición. Creo que probablemente sea cierto”.
Durante su intervención, Sullivan también acusó a Panamá de posible corrupción en la extensión por 25 años de la concesión de la gestión de los puertos panameños a Hutchison, ocurrida en 2021, afirmando que se trataba claramente de un “trato de favor” ilícito. Además, comentó lo siguiente: “Se sabe que funcionarios del Partido Comunista Chino sobornan a otros funcionarios en países de todo el mundo. Lo sabemos. Lo hacen todo el tiempo. Sin ofender a Panamá, pero no tienen la mejor reputación de tener funcionarios que no están en condiciones de aceptar sobornos”.
Otro tema señalado por varios senadores durante la reunión del comité, incluidos Sullivan y Schmitt, fue el riesgo de que, en un escenario hipotético como una invasión de Taiwán o Filipinas por parte de China, el gobierno chino pudiera utilizar el control de los puertos panameños a través de una empresa nacional para bloquear el tránsito por el canal de Panamá o desatar una crisis económica. Schmitt, quien adoptó una de las posturas más duras en el debate, planteó un escenario:
“Taiwán está bajo asedio y el Partido Comunista Chino ha decidido aplastar la resistencia de Taiwán y evitar una respuesta estadounidense activando una estrategia de múltiples frentes. Aprovechando su control sobre la infraestructura portuaria y de transporte marítimo global en Panamá, los puertos controlados por China a ambos lados del canal colapsan repentinamente. Los barcos que transportan mercancías, petróleo y suministros militares son rechazados, paralizando la economía.
Supongamos que China invadiera Taiwán o Filipinas o entrara en guerra en algún lugar del mar de China Meridional y estuviéramos enviando nuestra Armada al Pacífico a través del canal de Panamá. ¿Las empresas que controlan ambos lados del canal de Panamá están sujetas a las leyes de seguridad nacional chinas que exigen la cooperación con el ejército y las agencias de inteligencia estatales? ¿No es ese un gran riesgo para nosotros en este momento? Que pudieran ir a estas empresas y decir: ‘Oigan, cierren el canal o hundan un barco en el canal’ ¿No estarían obligadas a hacerlo según la ley china?”
La mayoría de los testigos invitados a la sesión del Comité de Comercio también hicieron alegatos alineados con la posición de la nueva administración estadounidense. Un ejemplo de ello lo encontramos en las palabras de Eugene Kontorovich, profesor de la Universidad George Mason de Virginia y miembro del think-tank conservador Heritage Foundation, quien afirmó que Estados Unidos podría decidir unilateralmente que el tratado de neutralidad permanente ha sido violado sin necesidad de que para ello haya un acuerdo formal entre Panamá y China.
“Si Panamá firmara un tratado con China, por el cual esta última operaría el canal, esto sería una clara violación. Pero ¿qué sucedería si Panamá contratara las operaciones del puerto con una empresa estatal china, o incluso una empresa privada influenciada o controlada en parte por el gobierno chino? Una empresa no necesita ser propiedad de un gobierno para estar parcialmente controlada por el gobierno. Por lo tanto, la verdadera pregunta es el grado de control. Cuánto control es demasiado queda a discreción de las partes [del tratado].
La presencia del gobierno chino –de empresas chinas, especialmente de empresas estatales chinas, pero no solo de ellas– plantea graves problemas y preocupaciones en relación con el tratado de neutralidad. El canal, a los efectos del tratado de neutralidad, no se limita a las esclusas del canal y al tránsito de buques por él, sino que incluye las entradas del canal y el mar territorial adyacente”.
Las conclusiones del comité, por lo tanto, son reforzar la postura de la administración Trump y apoyar iniciativas como la resolución presentada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, una semana antes de la reunión del Comité de Comercio, por el senador Eric Schmitt.
La resolución de Schmitt exhorta a Panamá a tomar una serie de medidas, incluyendo la revisión y suspensión de los acuerdos con empresas chinas con vínculos con el gobierno chino y la expulsión de cualquier oficial de la potencia asiática trabajando en puertos panameños u otras infraestructuras críticas. Además, llama a la administración estadounidense a actuar decisivamente, en colaboración con el gobierno panameño, para contrarrestar la influencia extranjera en el canal de Panamá y “restablecer su control operativo”.
¿Cambio en la hegemonía estadounidense?
La nueva posición de la administración Trump en lo referente al canal de Panamá es una muestra más de los cambios tectónicos que se están produciendo en la política exterior estadounidense para adaptarse a las características de un nuevo orden internacional que aún continúa en proceso de definición.
Antes de continuar, es necesario señalar que la oposición a la influencia de cualquier gran potencia extranjera, incluida la República Popular China, en América Latina no es algo novedoso. Esta postura tiene una larga trayectoria en su política exterior y se ha manifestado en principios históricos como la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt.
Sin embargo, la aparente priorización de América Latina, que parece ser vista nuevamente por el gobierno estadounidense como una esfera de influencia privilegiada, la declaración de que Estados Unidos volverá a expandirse territorialmente y las medidas tomadas para reducir la importancia de algunos de los principales pilares del orden liberal –tales como el institucionalismo o la ayuda internacional para el desarrollo– hacen pensar que estamos ante una forma de imperialismo estadounidense con mayores similitudes con el periodo anterior a las guerras mundiales –el llamado imperialismo decimonónico– que con su progresiva reinterpretación liberal posterior a estas.
Si finalmente se produce, la importancia del cambio en la naturaleza de la hegemonía estadounidense, reflejado en su abandono de lo que podría denominarse como su “forma benigna”, no puede ser subestimada.
Las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo pueden estar a las puertas de una gran transformación hacia un modelo más transaccional que afectará a todos los ámbitos de las relaciones internacionales, desde la diplomacia hasta la economía, provocando efectos significativos en la reconfiguración del orden internacional. América Latina, como vecindario inmediato del gigante estadounidense, puede ser el canario en la mina que nos muestre que estos cambios se han producido y que han llegado para quedarse.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
