En 1977, Estados Unidos y Panamá firmaron los tratados Torrijos-Carter, nombrados así por los presidentes de ambos países en aquel momento: el demócrata Jimmy Carter, de un lado, y Omar Torrijos, del Partido Revolucionario Democrático, por el otro. Aquel pacto entregaba, bajo unas determinadas condiciones, el control del canal de Panamá al Estado panameño. Casi medio siglo después, el presidente Donald Trump ha puesto en jaque sus fundamentos buscando recuperar el estratégico canal de Panamá por motivos de "seguridad nacional".
El acuerdo, oficialmente nombrado “Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá”, contiene los fundamentos del control panameño sobre esta vía, tanto en el fondo como en las formas. En su primer artículo, se establece que el canal de Panamá “será permanentemente neutral” y, en el segundo, se añade que, “tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra”, se mantendrá “seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad” en base a cuatro requisitos:
El primero, el “pago de peajes u otros derechos por el tránsito y servicios conexos”; el segundo, “el cumplimiento de los reglamentos pertinentes”; el tercero, “que las naves en tránsito no cometan actos de hostilidad mientras estuvieren en el canal”; y el cuarto, “el cumplimiento de otras condiciones y restricciones establecidas en este tratado”. Estados Unidos, además, se reservaba el derecho en el artículo 6 de que sus “naves de guerra y naves auxiliares” transiten el canal, como “reconocimiento” a las “importantes contribuciones” del país en la construcción del mismo. Este derecho excepcional le correspondía también a la propia Panamá.
Trump, China y el canal de Panamá
Desde la perspectiva de la administración Trump, sin embargo, la coyuntura habría cambiado lo suficiente como para que Estados Unidos se plantee vulnerar los principios fundamentales de los tratados Torrijos-Carter y poner en cuestionamiento el control de Panamá sobre el canal, que lleva siendo efectivo desde el 31 de diciembre de 1999.
Según la narrativa del nuevo gobierno en Washington, la República Popular de China estaría recibiendo un trato preferencial por parte de las autoridades panameñas en relación al uso del canal. En su asunción el 20 de enero, Trump llegó a afirmar que “China está operando el canal de Panamá. No se lo dimos a China; se lo dimos a Panamá. Lo vamos a recuperar”.
Ciertamente, no existen evidencias de una presencia de autoridades chinas en la gestión formal de la vía. Lo que sí ha tenido lugar es un incremento considerable del uso que empresas chinas han dado al canal de Panamá en los últimos años, en paralelo con la también creciente penetración económica china en América Latina. En la actualidad, el gigante asiático es el segundo mayor usuario del canal, con un 22%, aunque muy por detrás de Estados Unidos, que sigue siendo el gran beneficiario y triplica a Pekín en uso total.
Probablemente, las pretensiones de Trump en el canal de Panamá son una de las armas que pretende usar el nuevo presidente de Estados Unidos en su disputa contra China. Habiendo sostenido durante la campaña que Pekín es el principal asunto de la política exterior estadounidense, la administración Trump ha decidido avanzar en la estrategia del Pivot to Asia y, para ello, busca tomar posiciones en enclaves de interés para su competidor. No solo Asia-Pacífico es crucial en este sentido, sino también regiones como la latinoamericana, en la que hay numerosos intereses chinos en juego.
Las intenciones de Trump con respecto a Panamá son una de las muestras del carácter expansionista de la nueva política exterior de Estados Unidos. La nueva administración Trump, amparada en un notable dominio de los aparatos del Partido Republicano y en una considerable protohegemonía cultural en el país, también ha expresado intenciones semejantes en Groenlandia y Canadá, además de abrir la puerta a intervenciones sobre el terreno en México o Venezuela.
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