Los Estados Unidos de Ámerica son un país reconocido internacionalmente por la tenencia de armas de fuego. De hecho, existen más armas que habitantes –alrededor de 120 por cada 100 personas– y un 32% de los adultos posee al menos una.
La Segunda Enmienda establece que “una milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, [por lo que] el derecho del pueblo a poseer y portar armas no se violará”. Aunque esta redacción puede resultar algo ambigua, históricamente ha servido como una sólida base para el derecho a poseer y portar armas en el país.
Existen numerosas leyes a nivel federal y estatal, las cuales establecen distintos límites o restricciones en torno a diversas circunstancias, como la tenencia de armas en el hogar o el porte oculto en público.
Actualmente, todos los estados permiten el porte oculto –el último en aprobarlo fue Washington D.C como consecuencia del caso Palmer v. District of Columbia de 2014, cuando un juez federal dictaminó la inconstitucionalidad de la prohibición total de este derecho―, es decir, la posibilidad de portar un arma en público, pero sin que sea visible al resto de personas. No obstante, las distintas regulaciones a nivel estatal llevan a una maraña legal compleja que dificulta el entendimiento sobre el término "oculto".
Existen 18 estados junto a Washington D.C. donde el porte es lo más restrictivo posible y requiere de un permiso, entrenamiento y verificación de antecedentes. Destacan con menos requisitos los estados de Washington y Pensilvania, que exigen permiso y verificación de antecedentes, mientras que Rhode Island reclama únicamente permiso y entrenamiento. Estos 21 estados, más Washington D.C., se clasifican entre los que demandan permisos para el porte de armas. Sin embargo, también hay estados donde ni siquiera es necesario cumplir con unos mínimos.
Este otro grupo se define por el porte constitucional –en inglés constitutional carry– o porte sin permiso, al considerar que la Constitución ampara este derecho y que, por ello, los estados no pueden limitarlo. Sin embargo, los permisos de porte se pueden obtener voluntariamente en estos estados; en 21 de ellos con entrenamiento previo y en 7 sin él. Además, Vermont lleva el porte constitucional al extremo y considera que un estado no puede emitir permiso al porte cuando ya existe dicho derecho.
Los distintos requisitos dan lugar a otro problema: ¿qué sucede si te desplazas hacia otro estado? Ante esta situación existen leyes de reciprocidad, en la que algunos estados reconocen el derecho de porte oculto a ciudadanos con permiso en otro. Por ello, de una u otra manera, todos los estados permiten la posibilidad obtener permiso, aunque no sea obligatorio, excepto en el caso de Vermont, donde sus ciudadanos deben acudir a otro estado a obtener dicho permiso si fuera necesario.
Sumadas a estas restricciones existen dos enfoques regulatorios: el shall issue y el may issue. Mientras que, en el primero, cumplir los requisitos garantiza el derecho de porte en base a la regulación propia del estado en cuestión, en el segundo, la autoridad responsable puede denegar el porte o el permiso si considera que la persona pudiera suponer un riesgo o peligro para la seguridad pública.
En conclusión, existe una compleja red regulatoria en torno al porte oculto de armas en público. Sin embargo, en los últimos años, con la Constitución como base, las regulaciones han tendido a ser más laxas, lo que ha aumentado el número de estados donde es legal el porte –en 1991 no lo era en 14 estados– y donde no es necesario ningún tipo de permiso –en 1991 lo era en 35 estados–.
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