El 2 de septiembre de 2024 Reino Unido tomó la decisión de suspender de manera inmediata 30 licencias de exportación de armas a Israel tras una revisión llevada a cabo por el nuevo gobierno laborista. Este estudio, que se alargó durante dos meses, identificó un "riesgo claro" de que el equipo militar británico podría ser utilizado en actos que constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Este riesgo está particularmente relacionado con el trato a los prisioneros palestinos y con las dificultades para garantizar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. No obstante, la investigación aún no ha llegado a la conclusión de si las exportaciones británicas armamentísticas son responsables de la devastación que sufre el enclave palestino.
Reino Unido ha optado por denegar 30 de las 350 licencias existentes. De las aprobadas, 108 fueron emitidas después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Entre ellas, 42 tienen fines militares, mientras que 66 están catalogadas como no militares. Sin embargo, estas últimas pueden incluir equipos de telecomunicaciones usados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) u otros artículos que no están siendo empleados en el conflicto, como algunos sistemas navales o aviones de entrenamiento.
La suspensión de esas 30 licencias afecta a componentes esenciales para aeronaves militares, incluidos aviones de combate, helicópteros y aviones no tripulados –como drones–, así como aparatos que facilitan la localización de objetivos en tierra. No obstante, estas no incluyen piezas para el programa F-35 Joint Fighter Strike, a menos que el artículo suministrado por Reino Unido sea específico para un avión a reacción de uso exclusivo de Israel.
A diferencia de otros países como Estados Unidos, Reino Unido no comercia con armas de forma directa con Israel, sino que expide licencias para que las empresas británicas las vendan. El valor de las licencias de exportación de armas al Estado sionista aprobadas por Londres se desplomó en 2023, pasando de 42 millones de libras en 2022 a tan solo 18,2 millones.
Según la Campaña de Reino Unido contra el Comercio de Armas, desde 2008 se han autorizado ventas de equipo militar a Israel por un monto de 574 millones de libras. 2017 fue uno de los más fructíferos para el negocio: se aprobaron licencias por valor de 221 millones de libras. De esa cuantía, 182 millones fueron destinados a la compra de tecnología para radares militares, guerra electrónica y equipos de adquisición de objetivos, así como componentes para helicópteros y aeronaves.
No obstante, los 574 millones de libras no abarcan la cuantía de las licencias vigentes. El valor de las licencias aprobadas por Downing Street entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre de 2023 descendió a 859.381 libras, por lo que se trata de la cifra más baja para ese periodo desde 2010.
La suspensión levanta polémica
La decisión ha provocado un fuerte terremoto dentro del Partido Laborista, y la colaboración entre la ministra de Economía y el fiscal general será fundamental para que el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, logre capear la tormenta política que se avecina en la conferencia anual del partido.
Asimismo, esta sacudida se extenderá más allá de la formación: las tensiones cruzaron el Atlántico y alcanzaron Estados Unidos. La administración de Joe Biden ha reiterado que no ve base alguna en el derecho humanitario internacional para suspender las exportaciones de armas. Por otra parte, Robert O’Brien, último asesor de seguridad de Donald Trump y actual pilar en materia de seguridad del expresidente, declaró: “Existe la posibilidad de que se produzca una grave ruptura, ya sea con la administración Harris o con la de Trump, entre el Reino Unido y Estados Unidos, y yo actuaría con mucho cuidado”.
O’Brien subrayó que el proyecto del F-35, al ser una iniciativa conjunta, continuará abasteciendo a Israel independientemente de las resoluciones de Turquía, Reino Unido u otros países. El exasesor subrayó que Londres pone en riesgo su participación en las plataformas F-35 en un futuro si sigue adelante con un embargo de armas y recordó que gran parte de la tecnología clave del país proviene directa o indirectamente de Israel.
Asimismo, O’Brien también instó al gobierno laborista a hacer todo lo posible para clausurar la investigación sobre Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI), reprochando que el fiscal británico que dirige el caso, Karim Khan, es especialmente selectivo a la hora de elegir a los líderes a los que procesaba.
Según el periódico The Times of Israel, Washington habría advertido a Reino Unido de que sus restricciones podrían tener un impacto negativo en las negociaciones sobre los rehenes y las conversaciones sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que Estados Unidos respetaba la decisión, si bien no seguirían la evaluación británica, sino una basándose en “la ley estadounidense”.
Igualmente, el gobierno británico también se enfrentará a un número creciente de recursos ante los tribunales nacionales. Los funcionarios evitaron vincular la suspensión de las 30 licencias de exportación de armas a violaciones específicas del derecho internacional humanitario, pero mencionaron que habían intentado negociar con Israel para obtener acceso a los detenidos palestinos, tanto a través de representantes judiciales británicos como del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Históricamente, esta política no ha marcado un precedente. Las limitaciones a las exportaciones de armas al Estado sionista fueron respaldadas por Margaret Thatcher en 1982, por Tony Blair en 2002, por Gordon Brown en 2009 y bajo el gobierno de coalición en 2014. Asimismo, desde el 7 de octubre de 2023, el gobierno conservador acometió cuatro análisis de las pruebas sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de los israelíes; en ningún caso hizo públicas las conclusiones obtenidas.
A pesar de la suspensión, los ministros insistieron en que esto no implica una disminución del compromiso del Reino Unido con la seguridad de Israel y que la medida no tendría un impacto material en su defensa, puesto que las exportaciones británicas suponen menos del 1% del total de armas que recibe el país.
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