El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha firmado una controvertida ley que le otorga un control más directo sobre los organismos anticorrupción del país, una decisión que ha desatado críticas tanto dentro como fuera de Ucrania.
La legislación, que fue aprobada apresuradamente por el parlamento ucraniano, elimina la independencia de dos de las principales instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción: la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada en Corrupción (SAPO). A partir de ahora, estarán bajo la autoridad del fiscal general, un puesto designado por el presidente, lo que implica una significativa centralización del poder en el ejecutivo.
La firma de Zelenski fue el paso final para que esta reforma se convirtiera en ley, un movimiento que se produce en medio de una creciente preocupación sobre el rumbo autoritario del gobierno ucraniano, especialmente en tiempos de guerra.
Zelenski defiende la ley anticorrupción
Miles de personas salieron a las calles de varias ciudades, incluidos Kiev, Lviv, Dnipro y Odesa, para manifestarse contra la reforma, que fue considerada por muchos como una amenaza para la independencia de las instituciones clave en la lucha contra la corrupción. Estas protestas, que se han convertido en las más grandes desde la invasión rusa, se han desarrollado bajo la ley marcial, lo que restringe el derecho a la movilización y establece un toque de queda nocturno.
Zelenski defendió la reforma argumentando que la infraestructura anticorrupción seguirá funcionando y que las nuevas medidas eran necesarias para eliminar la infiltración rusa. En un mensaje publicado en su canal de Telegram, el presidente afirmó que "NABU y SAPO seguirán trabajando" y justificó la ley como un paso para fortalecer la capacidad del país de resistir la guerra. A pesar de sus comentarios, la aprobación ha sido recibida con críticas tanto internas como internacionales.
La Comisión Europea expresó su "seria preocupación", destacando que va en contra de las recomendaciones que había realizado previamente, las cuales indicaban que tanto NABU como SAPO deberían poder investigar a los miembros del parlamento de forma independiente al fiscal general. La crítica se basa en el temor de que la nueva ley permita a Zelenski y a su círculo más cercano consolidar aún más su control sobre las instituciones del país, limitando la capacidad de investigación de figuras políticas de alto perfil.
Cabe recordar que esta reforma se produce en un contexto de creciente dificultad para Ucrania en el campo de batalla. A medida que el conflicto con Rusia se prolonga, el país enfrenta importantes desafíos tanto en el frente militar como en la obtención de un mayor apoyo de Occidente.
El presidente consolida su poder
Mientras la guerra se intensifica, las acusaciones de que Zelenski y sus principales asesores están utilizando los poderes excepcionales otorgados bajo la ley marcial para marginar a los críticos y reforzar su control sobre la sociedad civil se han incrementado. Las denuncias incluyen el uso de la maquinaria estatal para silenciar a los opositores políticos y fortalecer la lealtad entre los aliados del presidente.
Recientemente, las autoridades ucranianas llevaron a cabo una serie de redadas contra figuras políticas prominentes, incluidos aliados del expresidente Petro Poroshenko, quien fue derrotado por Zelenski en las elecciones de 2019 y ha sido uno de sus principales críticos. Según el NABU, las redadas, que involucraron a 15 empleados, se realizaron sin las órdenes judiciales pertinentes y se basaron en acusaciones vagas de tráfico de incidentes y supuestos vínculos con Rusia.
En un momento en que la presión sobre Ucrania aumenta tanto en el campo de batalla como en el ámbito diplomático, esta ley podría convertirse en un obstáculo para que Ucrania continúe o incluso aumente el apoyo de sus aliados internacionales.
Además, las acciones de Zelenski están dificultando la cohesión interna del país. La centralización del poder en su gobierno y el control sobre organismos clave de lucha contra la corrupción han generado malestar dentro de la sociedad civil y entre la oposición política, lo que podría socavar la unidad necesaria para mantener la estabilidad en tiempos de guerra.
Las protestas y las críticas a la reforma reflejan una creciente polarización dentro de Ucrania, lo que podría debilitar la moral y la eficacia de la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa.
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