El 20 de marzo Turquía anunciaba su retirada del convenio de Estambul (“Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, si nos referimos por su nombre completo). Los sectores más conservadores, entre los que se encuentran el partido MHP, que forma coalición con el Gobierno de Erdogan, acusaron al convenio de “destruir familias y normalizar a personas LGTBIQ+”
Este tratado comenzó a gestarse en los años 90, pero no fue hasta 2011 cuando entró en vigor. Los pilares básicos de este tratado son: “Prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores, sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa, destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil. la recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer.” Además, introducía un punto de gran importancia que reconoce y contempla como delito una gran variedad de formas de violencia contra las mujeres, como “la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada” y esto hace que los Estados que ratifiquen el tratado deben crear instrumentos para gestionar y condenar este tipo de delitos.
Turquía fue uno de los primeros países en adherirse, demostrando así su ánimo de ser un país moderno, democrático y occidental. Sin embrago, tras los cambios en el Gobierno de Erdogan el país ha sido el primero en abandonarlo. Este acto ha valido la condena de Europa y Estados Unidos. En respuesta, el gobierno ha prometido que esto no supondrá cambios en los mecanismos de protección de las mujeres. El presidente Erdogan ha anunciado un plan nacional de protección de las mujeres para los próximos cuatro años. Sin embargo, estas medidas se ven insuficientes por parte de las organizaciones nacionales, internacionales y la propia población, pues los datos de Amnistía Internacional denuncian que solo el año pasado fueron asesinadas 300 mujeres en Turquía.
El 1 de julio de 2021 se oficializaba la retirada de Turquía del Convenio, a pesar de haber llegado hasta los tribunales más altos para tratar de suspender el proceso. Las asociaciones feministas se movilizaron convocando protestas por todo el país. Las manifestaciones fueron pacíficas en los primeros momentos, pero la policía no tardó en intervenir, llegando a emplear gas lacrimógeno. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pero también con presencia de otros sectores como el colectivo LGTBIQ+, se vieron obligados a retirarse, aunque algunos de los manifestantes se enfrentaron contra la Policía. Estas movilizaciones abren la posibilidad a protestas multitudinarias como las que se vivieron hace años y comenzaron de manera parecida. Por la indignación de las mujeres con el recorte de su protección hacia la violencia se une un clima de mucha tensión social y mala imagen del Gobierno.
Las mujeres son uno de los blancos de las políticas más conservadoras del gobierno de Erdogan, pero esto no significa que se plieguen a ellas sin oponer resistencia. En la memoria de Turquía resuena aquella propuesta de ley que buscaba prohibir el aborto, legal desde 1983. Esta ley no se llegó a formalizar, eso sí, tras meses de manifestaciones multitudinarias. El propio presidente Erdogan verbalizó en varias ocasiones que no creía en la igualdad entre hombres y mujeres y relegaba a estas últimas a los papeles más conservadores como la maternidad obligatoria. Esto no es casualidad, ya que se revivieron viejas dinámicas como que el comportamiento y vida sexual de la mujer estaba ligada al honor de toda la familia.
Las protestas contra la ley del aborto se extendieron y otros colectivos descontentos con el Gobierno del AKP y con Erdogan se unieron y acabaron siendo una enorme masa de manifestantes que acamparon en el parque Gezi. La Policía intervino con dureza contra los manifestantes, empleando gases lacrimógenos y violencia física para tratar de dispersarlos. Estas protestas supusieron un golpe para el Gobierno y el propio presidente, ya que se creía que ya nada escapaba al control del ejecutivo.
Como ya comentábamos, en estas protestas contra la retirada del convenio se ha dado una importante presencia del colectivo LGTBIQ+. A pesar de que a nivel jurídico no está ilegalizado, la situación se ha deteriorado considerablemente en los últimos años esto se pudo ver en episodios como las protestas en la Universidad del Bósforo. Durante estas manifestaciones fueron detenidas cuatro personas del colectivo por una imagen en la que se representaban símbolos del islam coloreados con la bandera del arcoíris. A raíz de esto, el Gobierno empezó una serie de declaraciones contra el colectivo, entre ellas el presidente agradeciendo a las juventudes del AKP por no ser LGTB: “Llevaremos a nuestros jóvenes al futuro, no como los jóvenes LGBT, sino como los jóvenes que existieron en el glorioso pasado de nuestra nación. Ustedes no son los jóvenes LGBT, no son los jóvenes que cometen actos de vandalismo. Al contrario, ustedes son los que reparan corazones rotos.” Uno de los ejemplos más claros también es que el Orgullo de Estambul lleva prohibido siete años, y cuando se intentó celebrar este año fue reprimido por la policía usando gases lacrimógenos y cargando contra los periodistas que intentaban retransmitirlo.
La situación social en Turquía se encuentra en un periodo de alta tensión producido por la situación económica y las acciones del Gobierno a nivel social. Será necesario esperar a ver como se suceden los acontecimientos, pero no sería una locura pensar que la situación vivida en Gezi pueda repetirse.
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