Tras 10 años de actividad, el mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Mali (MINUSMA) llega a su fin. Así lo ha acordado el Consejo de Seguridad de forma unánime después de que el pasado 16 de junio el ministro de Asuntos Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop, solicitara la retirada inmediata del contingente de paz. Dicha retirada se producirá de forma paulatina y con el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite.
De esta forma se pone fin a una de las misiones de paz más costosas y mortíferas de la historia de Naciones Unidas. Su década de presencia en Mali se salda con 304 bajas –solo por detrás de las 329 que suma la misión en Líbano, UNIFIL, establecida en 1978–. Con un presupuesto que supera los 1.200 millones de dólares en el último año, se trata también de uno de los contingentes más numerosos. Los más de 15.000 efectivos entre personal militar y policial tendrán que replegarse en un plazo de apenas 6 meses.
La MINUSMA fue establecida por el Consejo de Seguridad en su Resolución 2100 en abril de 2013, con el objetivo de estabilizar el país tras la rebelión tuareg y el golpe de Estado acontecidos en 2012. Los primeros años de operaciones de la misión fueron notablemente exitosos, contribuyendo a una mejora de la situación en el norte de Mali y a una reducción del número de víctimas entre la población civil. Su contribución también se extendió a la celebración de las elecciones presidenciales de 2013 y a los diálogos que culminaron con la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación de 2015.
Sin embargo, la tensión en sus relaciones con el actual gobierno militar del país ha dificultado cada vez más su actividad ante una población dividida acerca de la conveniencia o no de la presencia de los cascos azules. La falta de cooperación de las autoridades malienses junto a la llegada del grupo Wagner ya habían llevado a países como Alemania a anunciar el cese de su contribución a MINUSMA. Los mercenarios rusos llevan instalados en Mali desde 2021 tras su acuerdo con la Junta militar del país, coincidiendo con la retirada de las tropas francesas.
Uno de los principales puntos de fricción entre el gobierno maliense y Naciones Unidas ha sido el informe de la Oficina de Derechos Humanos acerca de la masacre de Moura acontecida en 2022 y que apunta como responsables a las Fuerzas Armadas de Mali en colaboración con los mercenarios rusos. Los hechos se produjeron en el marco de una operación antiterrorista en la región central de Mopti, causando la muerte de al menos 500 civiles. En la investigación participaron miembros de MINUSMA a los que el ministro Diop acusó de cometer delitos de espionaje, rechazando tajantemente las acusaciones contra el gobierno.
Las críticas de Diop contra la misión no acaban ahí. El ministro maliense acusa a MINUSMA de “ser parte del problema al alimentar las tensiones comunitarias exacerbadas por acusaciones de extrema gravedad y que son muy perjudiciales para la paz, la reconciliación y la cohesión nacional en Malí”. Ante el Consejo de Seguridad también afirmó que el mandato de MINUSMA no responde al desafío de seguridad que enfrenta el país y alude a una crisis de confianza que imposibilita una actuación eficaz de la misión.
Pese al rechazo de países como Reino Unido o Estados Unidos, que han señalado al grupo Wagner como inductor de la petición de retirada, la unanimidad del Consejo de Seguridad era el escenario más probable. El consentimiento de las partes constituye uno de los principios básicos que articulan las operaciones de paz de la ONU, un consentimiento que queda ahora revocado a instancia de Mali. La renovación del mandato de MINSUMA pasaría por no reconocer la autoridad de la Junta militar, pese a no haber otra autoridad alternativa –como sí ocurría en Costa de Marfil en 2010, cuando se mantuvo la UNOCI contra la voluntad del presidente marfileño de facto– y dificultando aún más el proceso de transición política del país.
La retirada de MINUSMA genera un escenario de aún más incertidumbre para una parte importante de la población de Mali que se encuentra gravemente expuesta a la violencia terrorista y que no encuentra protección en las Fuerzas Armadas nacionales. La presencia militar europea queda ahora reducida a la Misión de Entrenamiento EUTM-Mali, donde España cuenta con el contingente más numeroso.
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