El 15 de septiembre El Salvador conmemora el Día de la Independencia y en 2022, al cumplirse 201 años del grito emancipador centroamericano, el presidente salvadoreño Nayib Bukele aprovechó la efeméride para realizar un anuncio tan esperable como erosivo en el sistema político salvadoreño. “Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República”, dijo Bukele en compañía de la primera dama ante la ovación de sus simpatizantes en un mensaje desde la Casa Presidencial.
Bukele ya había allanado el camino antes de dar este paso. Un movimiento clave fue el del 3 de septiembre de 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema interpretó que la prohibición a la reelección solo aplicaba a postulantes a las elecciones presidenciales, no al mandatario en ejercicio. Una explicación cuanto menos flexible a la vista de lo contundente que es el artículo 88 de la Constitución, que afirma que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos”. Inclusive, agrega, que “la violación de esta norma obliga a la insurrección”.
Además, en su inciso primero del artículo 152, esboza que no puede ser candidato presidencial quien “haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. Pese a ello, y con la venia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se espera que Bukele pueda aspirar a otro mandato, con la única condición de que dimita seis meses antes de culminar su período presidencial.
En su sentencia número 1-2021 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema considera que “esta interpretación deja de lado que el permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por la presidencia, no implica de facto que este llegue a ser electo, implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia, y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta”. En casi 30 páginas, el órgano reitera su posición: la norma fue objeto de interpretación y “hacía referencia a una prohibición dirigida a candidatos y no al presidente”. Asimismo, expone que el impedimento electoral era para un gobernante con 10 años en el cargo.
Desde el regreso a la democracia, la Carta Magna salvadoreña establecía que los mandatarios con cinco años en el poder —que Bukele cumplirá en 2024— no podían continuar para un período inmediato. “No es posible una interpretación sobre este artículo en la que se obligue al pueblo a renunciar a la posibilidad de elegir nuevamente como presidente a quien fue electo en una elección anterior, cuando es el mismo artículo 152 ordinal 1° quien permite como máximo que una persona ejerza la presidencia por 10 años y de hecho, el Constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva”, dispuso la nueva Sala de lo Constitucional.
Una discusión leguleya que ha desatado todo tipo de comentarios, incluso a nivel internacional. Países como Estados Unidos u organizaciones como Amnistía Internacional han condenado esta decisión, avalada tras la destitución masiva de los jueces constitucionales en El Salvador. “Muchas de las acciones de Bukele creo que están llevando a ese país a una dirección mucho más autoritaria (que la) que vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez”, declaró a finales de 2021 el principal asesor del Gobierno de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Juan González, en declaraciones a la Voz de América.
El origen de todo
En cuestión de horas, a principios de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa –con mayoría bukelista tras arrasar en los comicios– removió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y designó a sus reemplazantes, quienes emitieron la sentencia número 1-2021 meses después.
“El pueblo votó y el pueblo decidió darnos mayoría en la Asamblea Legislativa. Y gracias a esa super mayoría es que se pudo cambiar al fiscal general de la República anterior y a la anterior Sala de lo Constitucional”, subrayó Bukele el jueves 15 de septiembre en medio de aplausos, antes de añadir: “y también la Asamblea Legislativa tuvo la valentía de jubilar a un montón de jueces corruptos que tenían acuerdos con los grupos terroristas”. Una controversial reforma legal que llevó a un tercio de los 690 jueces y a decenas de fiscales a la jubilación forzosa, incluyendo a todo aquel con más de 60 años de edad o con más de 30 años de servicio.
Inmediatamente Bukele censuró la postura de la comunidad internacional e indicó que gracias a estas medidas, El Salvador tiene “seguridad al fin”. Sostuvo que la nación tiene “tranquilidad, paz y libertad” producto de estas acciones. Es la tónica del discurso bukelista, seguridad por encima de todo, a pesar del rechazo internacional. Recientemente, en una audiencia ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, fue nuevamente señalado. “Tenemos miembros de la prensa que se sienten obligados a huir de El Salvador muchas veces, muchas personas activas en la sociedad civil no sienten que pueden decir lo que creen por temor a que sean atacados por el Gobierno (…) reciben amenazas”, afirmó el congresista demócrata, Jim McGovern, citado por medios salvadoreños.
De acuerdo con el especial Los nuevos caminos de la migración centroamericana realizado por varios medios de la región, al menos 50 personas abandonaron El Salvador en el último año por persecución política. El jueves 15 de septiembre, horas antes de que Bukele oficializara su intento de reelección, el ex director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseveró en Twitter que el joven presidente “desmanteló el Estado de derecho (siguiendo el manual de Hugo Chávez) y su política antidelictiva ha causado masivas violaciones a los Derechos Humanos”.
En múltiples ocasiones han acusado a Bukele de violar los derechos humanos en su país. Hace poco la coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, remarcó que las medidas englobadas en el régimen de excepción “deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos”.
Son críticas habituales para Bukele, quien suele bromear al autodenominarse “dictador”. En medio de su guerra contra las pandillas, que según estadísticas gubernamentales es altamente exitosa, el jefe de Estado respondió a los señalamientos estadounidenses recordando que el 13 de septiembre se registró otro día completo sin homicidios. “Mientras unos congresistas de otro país quieren que regresemos al pasado de muerte y destrucción que vivió El Salvador… nosotros seguimos demostrando que, sin ellos, estamos mucho mejor”.
La política de mano dura contra la criminalidad, pese a las críticas internacionales por supuestas vulneraciones de derechos humanos, parece tener un amplio respaldo entre la población local. En agosto la encuestadora CID Gallup mostraba en un sondeo la aprobación de Bukele en 85%, cifra que se eleva hasta el 95% en materia de seguridad.
Camino sin agujas
La política de seguridad de Bukele, decidido a acabar con la violenta Mara Salvatrucha, Barrio 18-Sureños y Barrio 18-Revolucionarios —entre otras pandillas menores—, arroja miles de detenidos y sus seguidores lo respaldan. Bukele, asimismo, avanza con una oposición diezmada y un bipartidismo quebrado. El bukelismo ha tomado control de las instituciones con el amparo de unos sufragios, que hasta ahora, han sido reconocidos por toda la comunidad internacional.
En marzo de 2021 el Tribunal Supremo Electoral comunicó que Nuevas Ideas, el partido gobernante, obtuvo 56 de 84 curules a los que hay que sumar cinco de su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha). Cifras con las que lograba la mayoría cualificada de la Asamblea Legislativa. Mientras que a nivel regional, la formación gobernante se quedó con 152 alcaldías de 262 posibles en coalición con otras agrupaciones. Dirigentes del opositor y ex gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la otrora guerrilla, protestaron por la “deriva” del dignatario, que calificaron de “inconstitucional”.
Desde 2018, cuando Bukele superó ampliamente al izquierdista FMLN y a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el escenario político salvadoreño ha sido eclipsado por su figura. No hay encuesta que anticipe siquiera algún liderazgo alternativo. “Ha pactado con pandillas, la vida es más cara, la corrupción es peor que nunca. Ha destruido nuestra democracia y nuestro Estado de derecho”, acusó Arena en un comunicado. La otra pata del sistema bipartidista, una formación que coquetea con el ideario de la derecha radical, aseguró tras el discurso del Día de la Independencia que Bukele “se quitó la máscara y develó su verdadera intención, postergarse en el poder”.
Que un expresidente pueda retarlo tampoco es una opción. Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), del FMLN, son investigados por casos de corrupción y se encuentran actualmente en Nicaragua, bajo la égida de Daniel Ortega.
Es un caldo de cultivo archiconocido en América Latina para la irrupción de un líder mesiánico. Un bipartidismo atomizado, ensuciado por presuntos casos de corrupción, que provoca ira entre la ciudadanía, menos confianza en la democracia y en el sistema en general.
El Barómetro de las Américas, estudio en el cual se mide la opinión de la población en la democracia, reflejó en 2021 que más del 40% de personas en El Salvador —más que cualquier otro país— justifica que el mandatario gobierne solo, es decir, aceptaría un golpe ejecutivo que disuelva la labor legislativa. “Por lo general, los países con mayor tolerancia a los golpes del Ejecutivo también son aquellos con mayor tolerancia a los golpes militares”, se lee en el informe Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia. Un texto en el que explican este panorama por el respaldo a Bukele. “De hecho, estudios recientes han encontrado que los Ejecutivos populares pueden potencialmente socavar la oposición de los ciudadanos a las acciones antidemocráticas del Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, reforzar la satisfacción con la democracia”.
El escenario en El Salvador, así como en la arena internacional, está controlado por Bukele, ese tuitero empedernido, que de momento no tiene rivales, ni contrapesos. Que tampoco duda en replicar a cualquiera que lo critique, como fue el caso de 21 ex jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica.
El 21 de septiembre figuras como Mauricio Macri (Argentina), Óscar Arias (Costa Rica) o José María Aznar (España) suscribieron una misiva en la cual alertaron que el intento de reelección de Bukele “afecta el desarrollo del proceso político institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder”. El presidente salvadoreño respondió en Twitter: “una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos. Todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así”.
Aunque en el mercado generan dudas las acciones de Bukele, especialmente por un posible impago de deuda —entre 2023 y 2025 El Salvador tiene que pagar 1.600 millones de dólares—, su política de seguridad es la principal bandera, con la cual aspira a gobernar cinco años más.
“El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva”, subrayó Bukele. “¿Por qué debería un pueblo estar obligado a desechar el camino que lleva si funciona? ¿Por qué debería un pueblo estar condenado a truncarlo y regresar al camino equivocado?”. Es la lógica que ahora impera en El Salvador, con un presidente altamente popular que esquiva denuncias por violaciones de derechos humanos. Seguridad por encima de todo con el camino despejado a la reelección.
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