Secuelas del bloqueo a Venezuela

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A fines de mayo, cinco buques iraníes cargados con gasolina atracaron en aguas venezolanas. La expedición tenía como objetivo solucionar temporalmente el desabastecimiento interno de combustible en Venezuela. El absurdo, se cuenta solo. ¿Cómo es posible que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo se haya quedado sin gasolina? A raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Venezuela es incapaz de adquirir los aditivos químicos necesarios para la producción de combustible. Esto, sin embargo, solo es un efecto más del bloqueo económico, financiero y comercial que ha destrozado la economía venezolana.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se entrevista con el Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán, 2015

Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, en estrecha alianza con la oposición política venezolana, justifican el estrangulamiento económico en base a distintas acusaciones -dictadura, narcotráfico, corrupción, etc- dirigidas a las autoridades venezolanas. En esencia, el régimen viola los derechos humanos y ha provocado una crisis humanitaria. Al margen de cualquier valoración sobre las causas de la actual situación, el bloqueo constituye, indudablemente, “una agresión con el objetivo claro de generar sufrimiento humano generalizado que termine por forzar un cambio político”, tal como explica Luis Navas Mora en su informe Todo es por el petróleo. El proyecto venezolano resulta intolerable para la visión geopolítica de Estados Unidos.

Las medidas coercitivas unilaterales comenzaron durante la administración de Barack Obama. En marzo de 2015, el entonces presidente estadounidense declaró mediante una orden ejecutiva a la situación en Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Desde entonces y hasta ahora, el asedio económico no da tregua. El ascenso de Donald Trump no hizo otra cosa que empeorarlo. Según recoge el estudio Bloqueo y despojo de Lorena Giménez, ya fueron sancionadas más de cien empresas públicas y privadas, entre las que se destaca la petrolera estatal PDVSA, cuya filial en Estados Unidos ha sido confiscada. Lo mismo sucedió con las reservas de oro del Banco Central de Venezuela en el sistema bancario inglés.

A continuación, un breve listado de las principales leyes, regulaciones y disposiciones ejecutadas contra Venezuela, elaborado a partir del ensayo Crimen de lesa humanidad de Erick L. Gutiérrez García.

  • Diciembre 2014. El Congreso de Estados Unidos aprueba la “Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela”, que impone el bloqueo.
  • Marzo 2015. Obama dicta una orden ejecutiva que declara a la situación en Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
  • Agosto 2017. Trump emite una orden ejecutiva que limita severamente la emisión de deuda por parte del gobierno venezolano y, sobre todo, por parte de PDVSA.
  • Febrero 2018. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplía las sanciones financieras a empresas venezolanas.
  • Marzo 2018. Trump lanza un decreto que prohíbe a todo ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana “Petro”.
  • Noviembre 2018. Trump expide una resolución que impide a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde Venezuela.
  • Enero 2019. Trump dicta una nueva orden ejecutiva que establece el congelamiento de los activos de PDVSA en Estados Unidos.

El bloqueo se ha focalizado deliberadamente en el negocio del petróleo, dado que, en términos venezolanos, decir el negocio del petróleo es decir la economía misma. Como apunta Navas Mora, más del 95 por ciento de los ingresos de Venezuela provienen de la industria petrolera, en manos del Estado desde su nacionalización en 1976. Esto convierte al gobierno venezolano en el protagonista central de la economía nacional, siendo tanto el principal exportador de bienes como el principal receptor de divisas extranjeras. Por lo tanto, al focalizarse en la industria petrolera, el bloqueo acaba obstruyendo el funcionamiento del Estado, privándolo de asumir la totalidad de sus responsabilidades ante la sociedad.

El anquilosamiento de la industria petrolera venezolana ha sido tan histórico como el alcance y la magnitud de las medidas aplicadas por Estados Unidos, solo comparables a las que aplica a Irán, Siria, Cuba y Corea del Norte. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la producción venezolana de petróleo viene cayendo desde 2015, cuando se registró un promedio de 2,36 millones de barriles diarios. En 2016 se redujo un 6 por ciento; en 2017 un 12 por ciento; y en 2018 un 28 por ciento. La caída más profunda tuvo lugar durante los primeros cinco meses de 2019, cuando la actividad “se contrajo un 38 por ciento respecto de igual período del año anterior, alcanzando un promedio de 0,96 millones de barriles diarios”.

Al margen del cerco jurídico estadounidense, la corrupción dentro de la administración pública venezolana también hizo lo suyo con relación a la debacle de la explotación petrolera. Así lo reconoció el presidente Nicolás Maduro: “Lamentablemente, en la industria petrolera se enquistó una mafia (…) que saqueó PDVSA” (Russia Today, 19-09-19). En ese sentido, un documento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sostiene que la actividad petrolera “ya estaba en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”; aunque, al mismo tiempo, puntualiza que el bloqueo agrava “aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria”.

Analizando el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la economía venezolana desde 2013, Gutiérrez García concluye que las pérdidas ya ascienden a 114 mil millones de dólares. Las sanciones, afirma, “han  atacado la moneda venezolana, el bolívar, induciendo una hiperinflación y una desestabilización de todos los sectores de la economía; por lo tanto, se trata de una guerra económica”. A mediano plazo, Maduro vislumbra el pasaje de una “economía de la resistencia” a una “economía autónoma”. Por ahora, lejos de reflejar transición alguna, los indicadores económicos -completamente distorsionados- se mantienen en una línea de resistencia.

La asfixia económica, financiera y comercial repercute fuerte y negativamente a nivel social, ocasionando estragos en la calidad de vida de la población. El ejemplo más contundente es la escasez de alimentos y medicinas. El documento de la ONU calcula que 3,7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición; asimismo, señala que, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, alrededor de 1.500 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. Perseguido y maniatado, el gobierno venezolano ni siquiera puede mantener a flote la importación de estos bienes.

A escala internacional, Rusia, China e Irán se ubican como los principales socios estratégicos del gobierno venezolano, conformando una sólida coalición de contrapeso frente a la combativa posición estadounidense. Cuba también, aunque con una influencia diferente. Este contrapeso contraviene el aislamiento global auspiciado por Estados Unidos, que, como advierte Giménez, marca “la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia, adopten medidas coercitivas similares”. Los gobiernos de Canadá, Reino Unido, Suiza, Panamá y la Unión Europa, entre otros, también han impuesto sanciones contra Venezuela.

Desde luego, el bloqueo no representa la única apuesta para derrocar al gobierno venezolano. En realidad es más bien un complemento dentro de un amplio repertorio de tentativas: robo de un helicóptero oficial y bombardeo a edificios públicos (enero 2018); ataque con drones durante un acto gubernamental (agosto 2018); ingreso forzado de “ayuda humanitaria” desde Colombia (febrero 2019); sublevación de un grupo de militares con vehículos blindados (abril 2019); y, recientemente, una incursión marítima a cargo de mercenarios (mayo 2020). Si bien todos estos intentos fracasaron, la amenaza de una intervención militar estadounidense, con el apoyo del cómplice gobierno colombiano, continúa “sobre la mesa”. Mientras tanto, el bloqueo sigue apretando.

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Mateo Guarnaschelli

Estudiante de periodismo en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

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