La incertidumbre que ha acompañado durante semanas a las elecciones presidenciales en Perú contrasta con uno de los únicos datos que estuvo claro desde las primeras horas del recuento: Keiko Fujimori competirá el 7 de junio en el cuarto ballotage de su extensa carrera política.
La que fuera primera dama de Alberto Fujimori, su padre, entre 1994 y 2000, y posteriormente congresista por Lima entre 2006 y 2011, ha quedado en segunda posición en tres elecciones consecutivas en el país.
Keiko encabezó la lista de Fuerza Popular en 2011 –por aquel entonces llamada Fuerza 2011– y avanzó a la segunda vuelta contra Ollanta Humala, donde perdió por una diferencia de apenas medio millón de votos y tres puntos porcentuales.
En 2016 fue la candidata más votada en primera vuelta, pero nuevamente salió derrotada en el ballotage frente a Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia nimia: 40.000 votos y una décima porcentual. Cinco años después, su suerte fue prácticamente idéntica.
En unas elecciones ostensiblemente fragmentadas, logró apurar sus apoyos en primera vuelta hasta el 13%, garantizándose el acceso al desempate como la segunda candidata más votada. Sin embargo, tal como ocurrió en 2021, perdió el ballotage por una décima porcentual y 40.000 sufragios, en esta ocasión contra el candidato de izquierdas Pedro Castillo, líder por entonces de Perú Libre.
Quién es Keiko Fujimori
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y cabeza principal de la derecha peruana en los años recientes, es la hija de Alberto Fujimori, pero también su sucesora política. No por casualidad reivindica el legado de su padre al frente del Estado peruano, a pesar de las denuncias que pesan sobre él por crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La visión revisionista de Keiko Fujimori con respecto a la política represiva del gobierno de su padre va de la mano con una convergencia programática significativa, especialmente en materia económica.
La candidata de Fuerza Popular hace suyo el legado del programa del fujishock –la particular forma que adquirió el neoliberalismo en la década de los años noventa en Perú– y propone una agenda de privatizaciones y desregulaciones en la economía peruana, de por sí bastante poco estatista.
Los lazos de Keiko Fujimori con el gobierno de su padre, así como con su “memoria” política, han sido un arma de doble filo en la carrera política de la ex primera dama. Por un lado, han limitado –por la mínima en dos ocasiones– sus posibilidades de acceder a la presidencia de Perú.
Por otro lado, han allanado el terreno para que haya sido la líder política predilecta tanto de los principales actores del capitalismo peruano como de buena parte de los grandes medios de comunicación.
En cierta medida, el poder en Perú –más allá de los coyunturales equilibrios presidenciales y parlamentarios– se reordenó durante la década fujimorista y, a pesar de que Alberto dimitió en el año 2000 y fue a posteriori declarado “incapaz moral” por el Congreso de la República, las estructuras del poder en el país permanecieron casi intactas.
Es decir, el poder en Perú se reagrupó en torno a Alberto Fujimori durante su gobierno y, tras su salida del cargo, los grandes beneficiarios de su década al frente del Estado peruano conservaron los activos económicos, políticos o mediáticos que habían adquirido previamente. Hoy son esos mismos sectores los respaldos más relevantes con los que cuenta la candidata Keiko Fujimori.
Además, se ha mostrado contraria al derecho al aborto y a lo que ha definido como “ideología de género”. Reivindica el “modelo peruano” para las economías latinoamericanas, fundado sobre la base de una macroeconomía relativamente ordenada que favorece la estabilidad y el acceso al consumo para una clase media a costa de bajos niveles de desarrollo e inclusión económica en “la base de la pirámide” económica del país.
¿Puede ser presidenta?
Pero, indudablemente, Keiko Fujimori ha sabido jugar con su estrecha vinculación con el legado político de su padre. Su campaña redunda en referencias a la “mano dura” en materia de seguridad y ello, unido al decreciente peso de la identidad antifujimorista entre los votantes menores de 40 años y al elevado peso de la inseguridad como clivaje electoral, le garantizan un notable caudal de apoyo en segunda vuelta.
Keiko Fujimori afronta el que, posiblemente, es el ballotage más favorable de los cuatro en los que ha participado. Al desgaste del clivaje fujimorismo-antifujimorismo ha de sumarse la fragmentación de una izquierda afectada tanto por la destitución de Pedro Castillo como por la cooptación de Perú Libre.
A ello se añade la sensación de que, incluso si Roberto Sánchez lograra una eventual victoria en las elecciones presidenciales, los “superpoderes” del parlamento harían inviable su agenda transformadora.
La experiencia del mandato de Pedro Castillo podría haber “aleccionado” a la izquierda peruana, al tiempo que estaría reduciendo los incentivos de su electorado para acudir a las urnas.
Razón de ello son tanto los equilibrios partidarios del Congreso peruano como la voluntad de buena parte del arco parlamentario nacional de impedir cualquier gobierno de izquierdas en el país y la contrastada capacidad del poder legislativo de destituir sistemáticamente a cualquier jefe de Estado cuando así lo consideren sus diputados –de estos comicios emergerá el noveno presidente en apenas diez años–.
Todo ello, además, en una coyuntura electoral en la que hasta 35 candidatos compitieron en primera vuelta, buena parte de los cuales comparten en cierta medida la agenda de Keiko Fujimori.
Sin un aglutinante antifujimorista tan nítido como el que existió en las elecciones de 2021, y al calor del doblegamiento que el poder legislativo –controlado por la derecha– infligió sobre el poder ejecutivo –controlado durante algo más de un año por la izquierda–, es francamente probable que Keiko Fujimori logre, esta vez sí, la presidencia de Perú.
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