Fuente portada: Benson Ibeabuchi/ AFP
El pasado 11 de octubre la policía nigeriana anunciaba la disolución inmediata del Escuadrón Especial Contra el Robo (SARS) después de varios días de multitudinarias protestas a lo largo de todo el país contra esta polémica unidad policial acusada durante años de numerosos abusos. El asesinato de un joven en la ciudad de Ughelli a manos de este escuadrón durante el 3 de octubre y la existencia de un video que parecía demostrarlo y que rápidamente se viralizó en las redes, fue la chispa que provocó que miles de nigerianos se lanzaran a la calle hartos de la impunidad.
El hashtag #ENDSARS, creado en 2017, cogía ahora otra dimensión, llegando a cifras millonarias los tuits con esta etiqueta que se crearon en todo el mundo. La indignación recorrió el país en pocas horas y las calles de más de cien ciudades nigerianas se llenaron de manifestantes. Las más numerosas se producieron en Lagos, segunda ciudad más poblada de África, pero también fueron importantes en la capital del país, Abuja. Además, el movimiento consiguió extenderse más allá de las fronteras nigerianas, llevándose a cabo concentraciones de solidaridad tanto en países con una fuerte inmigración procedente de Nigeria como Estados Unidos o el Reino Unido, como en países vecinos como Ghana o Senegal.
Los campamentos, manifestaciones y bloqueos se sucedían en todo el país y eran mayoritariamente liderados por jóvenes, que en Nigeria representan un porcentaje muy elevado de la población (el 60% tiene menos de 24 años). Pese a ello lo verdaderamente novedoso fue que las protestas consiguieron unir a una gran diversidad de sectores como los trabajadores del petróleo o el movimiento LGTBIQ. Este participó de manera activa en las protestas demostrando que se trataba de un hartazgo contra todo el sistema político en un país con unas leyes abiertamente discriminatorias contra este colectivo. También la reivindicación feminista tuvo un importante papel en el movimiento, siendo las mujeres una de las grandes afectadas por el polémico escuadrón policial, acusado de multitud de abusos sexuales y violaciones.
La principal demanda, la supresión del SARS, se cumplió a los pocos días, dando alas al movimiento para ir más allá. La fuerza que estaban cogiendo las protestas llevó a la redacción de un programa de cinco puntos que sintetizaba sus demandas. Estas se resumían en cinco puntos que incluían temas como la liberación de todos los detenidos de los últimos días, la investigación de los crímenes policiales y la reparación a las víctimas, pero también otros más sorprendentes como la evaluación psicológica a los miembros de las fuerzas de seguridad del estado y la subida de su sueldo. Esta última y sorprendente petición responde a que muchos consideran que los bajos salarios son la causa directa de la corrupción policial.
El gobierno no dudó en reprimir fuertemente las protestas de forma violenta. Según el propio gobierno cincuenta y cinco civiles habrían muerto durante las protestas, así como once policías y siete miembros del ejército. Otras fuentes aumentan estas cifras y las acercan al centenar. Especialmente grave fue la masacre ocurrida la tarde del 20 de octubre y que ha sido denunciada por Amnistía Internacional. Este organismo asegura que más de veinte personas fueron tiroteadas después de que el ejército abriera fuego contra una manifestación. Los intentos del gobierno por encubrirlo y el hecho de que horas antes se hubiesen retirado las cámaras de seguridad de la zona no hicieron más que atizar el descontento.
Las manifestaciones, en un principio pacíficas, fueron subiendo de tono con el paso de los días y los miembros de seguridad del estado se convirtieron en el blanco principal de los ataques, llegándose a quemar diecisiete comisarias durante los primeros días. El gobernador de Lagos no dudó en aplicar un duro toque de queda y mandar al ejército para aplacar las protestas, mientras en Abuya se prohibían todas las reuniones en la calle. A pesar de ello y del anuncio de la disolución del SARS, las citadas medidas no fueron suficientes para aplacar las protestas.
Este escuadrón fue fundado en 1992 para luchar contra los robos y secuestros, pero se convirtió rápidamente en un cuerpo policial que no dudaba en utilizar métodos de extorsión muy violentos que en ocasiones incluían asesinatos, secuestros y violaciones. Las víctimas en la mayoría de los casos: los jóvenes y los trabajadores más empobrecidos. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) hace años que denuncian las violaciones a los Derechos Humanos y consideran especialmente preocupantes las graves y sistematizadas torturas a los detenidos en dependencias policiales.
La respuesta gubernamental para intentar calmar los ánimos fue disolverlo, paro crear en su lugar el Equipo con Armamento y Técnicas Especiales (SWAT por sus siglas en inglés y en clara referencia al cuerpo policial norteamericano). Además, la propia policía recomendaba la imputación de varios miembros del cuerpo acusados de abusos, mientras el presidente nigeriano, Muhammadou Buhari afirmaba: “Es solo el primer paso en el compromiso para una extensa reforma policial para garantizar que la tarea de la Policía y otras agencias de seguridad siga siendo la protección de la población y su sustento”. Los manifestantes no le creen.
La comunidad internacional no dudó en criticar duramente al gobierno nigeriano y a la represión de las protestas e hicieron un llamamiento al fin de esta. El entonces candidato presidencial de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó: “EE.UU. debe apoyar a los nigerianos que se manifiestan pacíficamente por la reforma policial y buscan el fin de la corrupción en su democracia”. Otros organismos como la Unión Africana hicieron un llamamiento por el respeto a los derechos humanos mientras otros como la CEDEAO pidieron una amplia reforma policial. Por otra parte, el movimiento también generó muy pronto la simpatía de gran parte de la opinión pública internacional e incluso artistas mundialmente conocidas como Rihanna o Beyoncé no dudaron en mostrar su apoyo.
La corrupción y la mala situación económica como base del descontento
Este enorme estallido social no fue más que la respuesta de gran parte de la población civil al resentimiento hacia la clase política. La corrupción, los ataques yihadistas, los desastres medioambientales relacionados con la extracción de petróleo o la mala situación económica son solo algunos de los motivos de descontento que la represión policial no ha hecho más que engrandecer.
Muhammadou Buhari, llega al poder el año 2015 con la promesa de pacificar el país tras el pacto de los diversos partidos para acabar con la violencia que desde años atrás teñía de sangre el panorama político, siendo frecuentes los enfrentamientos en la calle entre distintas facciones que a menudo acababan con varios muertos. Para muchos, su elección fue un ejemplo de reconciliación política, étnica y religiosa. Cinco años más tarde, las expectativas creadas se han convertido para muchos en desilusión. La represión de las movilizaciones obreras de los últimos años han recordado a los más mayores al régimen dictatorial que el propio Buhari dirigió entre los años 1983 y 1985.
Pero quizás lo más preocupante para gran parte de la población es sin duda la mala situación económica. En el país más poblado de África, más de veinte millones de personas se encuentran en situación de desempleo. En el caso de los jóvenes las tasas de paro llegan hasta el 30%, siendo por ello uno de los colectivos más activos de las últimas protestas. A esto hay que sumarle que este último trimestre el país ha entrado oficialmente en recesión, mientras que entidades como el Fondo Monetario Internacional pronostican caídas de hasta el 4% del PIB para este año.
Especialmente grave es el pronóstico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este organismo considera las altas probabilidades que tiene Nigeria de sufrir una severa hambruna. La combinación de conflictos armados, crisis económica, eventos climáticos extremos y la pandemia de Covid-19 sitúan al país, junto a Burkina Faso, Sudán del Sur y Yemen, en el punto de mira de los organismos internacionales en la lucha contra el hambre aguda.
Y todo ello ocurre en el décimo país con mayores reservas de petróleo en el mundo, concentrándose en su práctica totalidad en el delta del río Níger. Sin embargo, la población local no ha disfrutado de sus beneficios, y si en cambio ha sufrido las consecuencias en forma de desastres medioambientales o en la pérdida de la economía tradicional basada en al agricultura y la pesca. A pesar de que la industria del petróleo está teóricamente controlada en un 60% por el Estado, son en la práctica empresas transnacionales quienes rigen el destino del país, solicitando en ocasiones la intervención del ejército para proteger sus intereses, creando una confusión constante entre estos y los intereses estatales.
Son los altos cargos del Estado, quienes ven los beneficios de la riqueza en hidrocarburos del país. Se calcula que el 80% de los beneficios de estos repercuten en menos de un 1% de la población. Estos datos sitúan a Nigeria en el puesto 146 del índice de Percepción de la Corrupción. Para el principal partido de la oposición, el Partido Democrático del Pueblo: “Un partido que llegó al poder con un mantra anticorrupción ha terminado por convertirse en el más corrupto de la historia de nuestra querida nación”.
Las atrocidades de Boko Haram, principal preocupación para el norte del país
Para entender la situación actual de Nigeria resulta imprescindible señalar las enormes diferencias entre el sur y el norte del país. El sur, una zona históricamente cristiana y más marcado por conflictos étnicos e independentistas como la cruenta guerra de Biafra, es donde se encuentran las grandes ciudades y una población más urbana. Por ello, es aquí donde se han concentrado las mayores protestas. El norte en cambio, una zona más árida y donde rige la “sharía”, tiene en el fundamentalismo islámico su mayor causa de preocupación.
Para ver más; El desafío africano a Boko Haram
La victoria de un militar como Buhari en las elecciones de 2015, trajo para muchos la esperanza de acabar con una insurgencia yihadista muy arraigada en Nigeria. Sin embargo, ese mismo año el grupo fundamentalista islámico Boko Haram declaraba su adhesión al Estado Islámico. Este grupo, aunque presente en otros países de la región, cuenta con una base sólida en el norte de Nigeria, siendo especialmente conocido por el uso de métodos atroces como las decapitaciones o el secuestro y la esclavización de niñas en pos de sus objetivos.
El asesinato el pasado noviembre de más de 100 agricultores en la aldea de Kishobe, en el noreste del país, demuestran que las acciones de estos grupos están lejos de darse por terminadas y han llevado a la población de estas zonas a crear grupos de autodefensa para enfrentarlos. La situación a la que viven los civiles en los territorios controlados por Boko Haram pueden calificarse de auténtico terror, enumerándose en miles los casos de torturas y asesinatos hacia cualquiera que se salga de sus preceptos.
A pesar de ello, según denuncia Amnistía Internacional, la situación no es mucho mejor para quién consigue escapar. En muchos casos son recluidos en campos de desplazados sin las mínimas condiciones y en donde, en muchos casos, deben sobrevivir durante años. En otros casos son detenidos por la policía y negados de sus derechos.
Nigeria vive por tanto una convulsa situación social con una gran parte de la población exigiendo cambios inmediatos. Las protestas del pasado mes de octubre por la violencia policial se convirtieron rápidamente en un grito contra el gobierno. La corrupción generalizada y la mala situación económica junto a la omnipresente presencia de Boko Haram en el norte del país, crean una combinación de difícil pronóstico. El papel de los jóvenes en las movilizaciones puede interpretarse sin embargo como un rayo esperanzador de una sociedad harta del conflicto permanente y con deseos de una transformación profunda del sistema político.
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