Los paraísos fiscales de la Unión Europea

Un artículo de Melina Morales

El término “paraíso fiscal” –también conocido como tax haven– hace referencia a un territorio o Estado cuya característica principal es que aplica un régimen tributario beneficioso. Es decir que la presión fiscal en estos lugares es inferior a la de otros países, y no solo sus ciudadanos pueden verse beneficiados de esta situación, sino que también pueden hacerlo las empresas extranjeras registrando allí sus domicilios fiscales.

Asimismo, estos territorios suelen contar con sistemas tributarios opacos y secreto bancario, permitiendo así que sus usuarios se beneficien de su reducida o nula fiscalidad sin que ello se haga público.

Para poder llevar a cabo este sistema, los países no actúan solos, dado que también se valen de entidades tales como bancos, bufetes de abogados, consultorías y asesores fiscales que conocen en detalle el funcionamiento de los mismos y la legislación fiscal.

Para poder identificar qué Estado se puede considerar como tal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció cuatro características:

  • La legislación del país no impone tributos o solo los impone de manera nominal.
  • Falta de transparencia.
  • Las leyes vigentes no permiten el intercambio de información fiscal con otros países.
  • Se permite a los residentes beneficiarse de rebajas impositivas a pesar de que no desarrollen allí su actividad.

Se estima que cada año se pierden en el mundo alrededor de 500.000600.000 millones de dólares de la recaudación de impuestos de las distintas sociedades a raíz de este fenómeno.

¿Qué sucede en Europa con los paraísos fiscales?

Cada año, una gran cantidad de países europeos deja de ingresar a sus arcas unos 25.000 millones de euros. Esto se da como consecuencia de que las grandes empresas tecnológicas pagan impuestos muchos más bajos que las empresas restantes o que los trabajadores por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRF).

Estas empresas son conocidas como GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) y suelen transferir los beneficios desde su sede situada en un país de Europa con alta presión fiscal (Italia, Francia, Alemania o España) hacia filiales del grupo situadas en países de baja fiscalidad (Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, Chipre o Hungría).

Estos últimos países mencionados son conocidos como paraísos fiscales, y los mismos posibilitan que las empresas reduzcan de manera significativa su contribución a la hacienda pública.

Este es un problema que no solo se da en las islas del Caribe, sino que también se encuentra en el corazón de la UE, con países beneficiados y perjudicados.

De esta manera, los países que presentan impuestos elevados, dejan de recaudar dinero que en realidad les corresponde, traduciéndose así en una menor cantidad de recursos para ellos mismos.

Es importante mencionar que estas multinacionales no son estrictamente evasoras, porque lo que practican más que nada es la “elusión fiscal”. Esto implica la utilización de los resquicios de la ley, comportándose dentro de los márgenes permitidos por la normativa con fines a pagar impuestos más bajos que los que corresponde de acuerdo a beneficios obtenidos.

Según expertos, estas empresas están abonando diez puntos menos de impuesto de sociedades que el resto de las compañías.

Por lo tanto, para hacer frente a esta cuestión, desde el pleno de la Eurocámara se ha realizado un informe solicitando a las distintas instituciones y países de la Unión Europea (UE), la necesidad de adoptar medidas contra la elusión fiscal, y el fraude, así como también la propuesta de crear una base común consolidada del Impuesto de Sociedades, de forma que se garantice que las empresas paguen esta tasa de manera justa y proporcionada, allí donde generan beneficios.

En el caso de España, los paraísos fiscales de la UE, se llevan el 80% del dinero de las empresas que salen del país.

A causa de la fuga de beneficios, España pierde el 9,6% de la recaudación del impuesto de sociedades.

Por su parte, Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, en una de sus conferencias se expresó de la siguiente manera: “Es fundamental desarrollar un marco internacional para esta imposición digital, pero si no es posible llegar a un acuerdo en el G-20 y OCDE, acuerdos que estamos impulsando muy directamente, habrá que hacerlo a nivel europeo y, si no, a nivel nacional.”

El problema mayor radica en que la Unión Europea no reconoce a ningún país comunitario como refugio fiscal. El Parlamento Europeo, encargado de publicar de manera periódica una lista de territorios no cooperativos en materia impositiva, no incluye a ningún país de la Unión.

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Lista de paraísos fiscales aprobada por la UE en febrero de 2020. / Fuente: eldiario.es

Esto se debe a que necesita de la unanimidad política para poder hacerlo, lo cual lo hace realmente muy difícil. Por esto, es fundamental que los partidos europeos reclamen la eliminación de la unanimidad como requisito para la toma de decisiones de esta envergadura.

Irlanda, la isla con el Impuesto de Sociedades más bajo de Europa

A mediados de julio de 2016, la oficina estadística irlandesa sorprendió al mundo con la revisión de crecimiento del año anterior. Según los cálculos, la economía se había expandido en un 26,3%, frente al elevado 7,8% que había presentado anteriormente.

Pero este porcentaje tenía que ver en gran parte con las transferencias de activos de multinacionales estadounidenses, más que por la actividad económica real.

Para entender un poco las cifras de crecimiento que viene presentando Irlanda, y los motivos por los cuales se asientan cada vez más empresas tecnológicas de Silicon Valley, es necesario que miremos dos características importantes que presenta el país.

En primer lugar, Irlanda cuenta con el impuesto de sociedades más bajo de la zona euro, situado en un 12,5%. Esto redunda entonces en un atractivo mayor para fuentes de inversión, ya que la presión tributaria es menor que en otras regiones de Europa, y además, existe un alto nivel de confianza por parte de los inversores en la economía irlandesa.

En segundo y último lugar, es que cuentan con un mercado laboral bastante flexible, lo que también explicaría el descenso en la tasa de desempleo por debajo del 8%.

De esta manera, el costo por despido en Irlanda es de los más bajos en el Viejo Continente. Según datos proporcionados por la OCDE, los despidos son considerados procedentes cuando hay escasez de competencia, falta de conducta y carencias en las habilidades del empleado. Mientras que los despidos improcedentes existen cuando hay discriminación hacia el trabajador, ya sea por su edad, género, raza o religión.

Esta flexibilidad laboral conlleva entonces a que estas grandes empresas tecnológicas prioricen la atracción de talento en Europa, contratando y despidiendo sin intervención de sindicatos y leyes laborales estrictas.

Para lo cual, Irlanda cumple con los objetivos de estas multinacionales que desean instalarse en países con legislación laboral lo más parecida posible a la de los EE.UU.

Países Bajos: El paraíso fiscal ubicado al norte de Europa

Paises Bajos imagen.jpg Tulipanes haciendo referencia a Países Bajos como paraíso fiscal / Fuente: El Confidencial

En el caso de este país, resulta interesante mirar el volumen de inversión extranjera que atrae, lo que nos permitiría vislumbrar este tipo de prácticas.

En el año 2017, el país neerlandés ocupó la cuarta posición mundial en cuanto a la cantidad de inversión extranjera directa (IED) que recibe año tras año.

Multinacionales como Google, Nike, Amazon y Apple, aprovechan la laxitud impositiva del país para reducir de manera significativa sus impuestos.

El Reino de los Países Bajos justificó su sistema fiscal durante varios años, argumentando que fomentaban a compañías extranjeras a establecerse allí, creando de esta manera fuentes de empleo e inversión.

Pero luego de varias críticas y presiones – tanto por parte de los países del sur de Europa, como de los mismos ciudadanos neerlandeses- el gobierno comenzó a proponer una serie de reformas, a fin de establecer mayores restricciones y regulaciones para aquellas empresas que no cuenten con presencia real en el país.

Una de las críticas estuvo dada por parte de Romano Prodi, ex presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro de Italia, afirmando de esta manera: “Yo acepto lecciones de quién es virtuoso, pero de Holanda, que se ha convertido en el mayor paraíso fiscal europeo, no las acepto. Las lecciones las acepto en alemán, no en flamenco. Alemania es cada vez más dominante…”.

Las palabras de Prodi revelan el nivel de hartazgo para con el gobierno neerlandés, que siempre mantiene una puja con los países del sur.

También se pronunció al respecto el actual primer ministro italiano, Giuseppe Conte, durante el mes de abril de este mismo año denunciando a Países Bajos de “dumping fiscal”. Esto se dio en un contexto de conflicto entre el sur y el norte de Europa, debido a la reticencia del país neerlandés de ayudar económicamente a los países del sur –los más golpeados por la pandemia de coronavirus- a través de los distintos planes de recuperación propuestos.

Siguiendo esta misma línea, Alemania y Francia también manifestaron su disconformidad con la situación. Por esta razón, en el año 2017 elaboraron un plan con el objetivo de crear un impuesto sobre la facturación de éstas grandes empresas. A éstos dos países también se le sumaron Italia y España. La finalidad del mismo era lograr una recaudación que pueda compensar las pérdidas provocadas por estas firmas globales que no están abonando de impuesto de sociedades.

Este mismo objetivo volvió a ser retomado este año por Merkel y Macron en uno de los puntos del nuevo plan franco – alemán, ideado para paliar la consecuencias económicas del coronavirus.

En el mismo, abogan por establecer un sistema de impuestos “justo” a las multinacionales digitales, que complete una base mínima imponible y efectiva del mencionado impuesto de sociedades.

Por su parte, Snel, Secretario de Estado de Finanzas de los Países Bajos, afirmó que no querían ser vistos como evasores fiscales, y que por ello estaban trabajando en poner fin a los beneficios de estas empresas.

Como parte de los esfuerzos que se vienen llevando a cabo desde este país, el gobierno logró introducir un nuevo impuesto a las regalías. El mismo se aplicará a partir del año 2021 a aquellas empresas que paguen royalties en otro Estado, con una tasa impositiva inferior o en una jurisdicción de la UE que no coopere en materia fiscal.

La Comisión Europea también informó que tiene previsto proponer normativa al respecto, a fin de imponer tasas a las empresas digitales y tecnológicas tales como Amazon, Facebook y Google.

Por su parte, tanto Francia como España comenzaron a hacer frente a esta cuestión pero de manera individual, aprobando lo que se conoce como tasa Google.

¿Qué es la “tasa Google”?

España aprobó en febrero del 2020 la llamada “tasa Google” de manera unilateral.

De hecho, Francia fue pionero en aprobar esta tributación en julio de 2019, pero tanto el país galo como España, suspendieron los cobros hasta el 20 de diciembre de 2020, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los productos vinícolas franceses, como así también la implementación de nuevas tasas comerciales sobre la industria automotriz.

¿Pero qué es lo que establece? El objetivo de esta tasa es gravar en un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, venta de datos obtenidos a partir de información suministrada por el usuario y servicios de intermediación en línea.

En este sentido, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero se refirió a datos anónimos que empresas como Amazon y Google venden a otras empresas para su posterior utilización en la venta de productos a través de llamados telefónicos.

La ministra remarcó que la tasa será aplicada a las grandes plataformas con ingresos de más de 70 millones de euros a nivel mundial y 3 millones en España. Es decir que tanto las pymes como start ups digitales quedarían excluidas del pago de la misma.

Asimismo, la tasa tiene también como finalidad que estas empresas tributen en los países donde hacen negocio, en lugar de desviar fondos a territorios de baja fiscalidad.

De esta manera, el gobierno español prevé recaudar aproximadamente unos 968 millones de euros anuales.

Conclusiones

Durante el transcurso de este año restan ver algunas cuestiones. Una de ellas es si finalmente desde la OCDE se llegará o no a alcanzar un acuerdo de pago internacional a países afectados debido al desvío de fondos hacia paraísos fiscales, en lugar de aplicar la polémica y controvertida “tasa Google” que tanto crea hostilidades entre las distintas naciones.

El otro aspecto a seguir de cerca es que Google informó que pondría fin en 2020 al desvío de impuestos hacia paraísos fiscales, con lo cual si bien no hay una fecha establecida, habrá que esperar a ver si efectivamente se da su implementación.

Es importante tener en cuenta que la solución debería adoptarse de forma global, o en concordancia con grupos de países como lo es el G-20 u OCDE, abogando por una equidad fiscal con un impuesto único de sociedades.

Al estar la elusión fiscal dentro de los márgenes legales, se convierte en un trabajo complejo para las autoridades la posibilidad de perseguirla y crear de esta manera mecanismos rápidos y eficaces de resolución del problema.

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Melina Morales Sumay

Licenciada en Relaciones Internacionales. Interesada en el estudio de partidos de extrema derecha en Europa, crisis migratoria, terrorismo y Unión Europea.

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