Hay un tiempo para la cooperación y un tiempo para el conflicto, uno puede notarlo en los congresos, en los comunicados, en los gestos públicos. La Historia ofrece pocas oportunidades en las que se pueda marcar fechas concretas para el inicio de sustanciales procesos de cambio. La cooperación en el Artico nos obsequió con una de esas anomalías cuando el 1 de octubre de 1987 los amodorrados oyentes asistieron a un discurso sin mucha cobertura mediática en Murmansk –la capital rusa en el Ártico occidental–. El entonces presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorvachev pronunció palabras de esperanza que abrieron la veda para hacer que el Ártico se convierta en “una zona de Paz”. La época era la correcta y el momentum de la iniciativa fue aprovechado. Treinta y cinco años después, con Gorvachev fallecido, parece que se va con él también aquel “espíritu de Murmansk” cada vez más rápido.
No se puede negar que desde entonces e incluso hasta ahora, el Ártico ha sido un campo de cooperación más que de conflicto con la ciencia climática como bandera. Los logros previos de la OSCE se materializaron seguidamente del discurso en la iniciativa finlandesa para una Estrategia de Protección Ambiental del Ártico (AEPS) en 1989 en lo que se conoció como el “espíritu de Rovaniemi” por la ciudad lapona en la que se dio la conferencia. Consejos y asociaciones entre regiones y naciones fueron creadas y las comunidades indígenas así como otras oenegés y corporaciones fueron invitadas a todas ellas para marcar un verdadero referente en colaboración para la nueva era post-Guerra Fría.
Así y con un prolongado buen entendimiento, un nuevo despertar tomaba forma en 2007 con la hazaña de Artur Chiligarov, héroe nacional y buen amigo del Kremlin, en su expedición polar. La retransmisión y cobertura internacional de la disposición de una bandera de titanio rusa bajo el hielo perpetuo del Polo Norte fue seguido por las declaraciones de que “el ártico es ruso. Debemos demostrar que el Polo Norte es una extensión de la masa terrestre rusa”. Para el resto de naciones y para Europa en particular, este fue el golpe de realidad que necesitaban para tomar el futuro geopolítico de la región en serio y la respuesta no se dejó esperar.
Europa y la UE en el Ártico
Tras el mencionado “espíritu de Rovaniemi”, las conversaciones trans-árticas dieron paso a iniciativas nacionales por alcanzar el protagonismo en las oportunidades que se abrían en cooperación más allá de la investigación climática. Noruega presentó su deseo de abrir un consejo regional alrededor del Mar de Barents en 1993 con la Declaración de Kirkenes –fruto del Consejo Euro-Ártico de Barents (CEAB)–, en la ciudad ártica fronteriza homónima que sufría los gases negros de la industria pesada rusa. Una Finlandia al fin integrada en la UE reivindicó su protagonismo como enlace de la Unión y la región a través de la multifacética iniciativa Northern Dimension en 1997. Canadá, en busca de identidad y política propias, vio en el norte un derecho propio, por lo que en la Declaración de Ottawa de 1996 comenzó un complicado proceso de cooperación transnacional sustancial sobre los acuerdos por la protección ambiental que culminaría en la creación del Consejo Ártico (CA), el organismo más importante para la gobernanza ártica.
Paralelas a estas iniciativas, las naciones europeas tienen un balance bastante desigual en lo que se refiere a la política ártica. De las cinco potencias europeas que copan la región, Oslo es sin duda el actor más proactivo, interesado y capaz. Debido a su geografía, sus esfuerzos políticos se han enfocado en el CEAB, del cual es, realísticamente, el único contribuyente directo de la actividad en la región mientras mantiene al mismo tiempo acuerdos bilaterales de defensa con Estados Unidos y con Moscú en lucrativas industrias pesqueras y petroleras del Atlántico Norte. El segundo gran actor europeo es Finlandia, representante principal de la Unión en la región engalanándose de las iniciativas mencionadas en sus presidencias del CA siendo la segunda (2017-19) provista de una renovada Estrategia Gubernamental Ártica en 2016 con la que Helsinki esperaba “ser un actor líder en política Ártica internacional, tanto dentro de la UE como global”.
Groenlandia sufre una dependencia crónica en este panorama que permite a Dinamarca reclamar un territorio en el ártico 20 veces su tamaño como garante de políticas que, sin la metrópolis, el territorio cuasi-independiente no podría llevar a cabo. A caballo entre América y Europa ha requerido intervención danesa –que mantiene autoridad militar y de política exterior en el territorio– para descartar tanto los intereses de Trump por comprarla, una acción aparentemente caprichosa que no refleja sino la presencia e intereses históricos de Washington, así como inversiones chinas clave en su política de la Ruta Polar. Finalmente los actores restantes se esconden tras sus propias políticas regionales o sus escasas capacidades de actuación. Estocolmo se contenta con ser uno de los mayores actores del Báltico, donde sostiene muchos intereses, mientras que Reykjavik centra sus esfuerzos en acuerdos para la magnánima industria pesquera o en modestos acuerdos que aprovechen su inigualable posición como puerta norte al Atlántico.
Para ampliar: La carrera por el ártico
Y no es poco lo que está en juego. Ya hemos comentado las nuevas oportunidades y peligros que suponía el deshielo de las capas polares. Aunque la región aqueja de financiación y legislación propia, así como de un saldo de población negativo, en las conferencias sobre industria en la Región de Barents, donde se espera invertir 160 mil millones de euros hasta el 2030, se siguen destacando sectores clave: minería y refinería, bio-productos y madera, producción energética, industria alimenticia, turismo y TIC y espacio. Estas industrias tienen en paralelo una relegada pero intensa infraestructura militar que es el elefante en la habitación de muchas reuniones. Incluso después de la desmilitarización de los noventa, el Ártico europeo era y es uno de los almacenes de armas más extensos, por no hablar de la escalada militar producida por la renovada influencia atlantista.
La UE es consciente, quizá con algo de tardanza, de todos estos sectores clave, sobre todo ahora que sus dos miembros en la región podrían pasar a ser parte de la OTAN. Pero la Unión empieza en desventaja ya que ningún territorio costero de la región forma parte de la misma, distanciándola geográficamente de un grupo –el CA– que ha sido en ocasiones acusado de exclusionista. Sin embargo, Bruselas mantiene importantes tratados bilaterales con Groenlandia de millones de euros con una reciente oficina representativa en Nuuk y establece programas de asistencia para comunidades indígenas en la isla y para el único pueblo indígena reconocido de la Unión, los Sami. También invierten en el marco de la investigación polar –200 millones de euros entre 2002 y 2012– y ostentan estrategias árticas desde 2008 –el último fue de 2021– sumado a los guiños de figuras como el alto representante de Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, sobre la importancia de la región para la seguridad europea y global.
Así y con todo, la UE, no forma parte de los miembros observantes del Consejo Ártico. ¿Por qué? La relación con el CA ha sido una de desentendimientos variados. Sin entrar en profundidad, la Unión ha sufrido constantes vetos por tres razones: desencuentros por los productos derivados de las focas en Canadá; las sanciones a Rusia por la anexión de Crimea; y la relegación de organizaciones como la Unión en el papel de la gobernanza Ártica. Pero Bruselas no está desanimada, en este sentido, el futuro papel en el Consejo depende en gran medida de cómo se va a transformar el propio organismo tras las sanciones y expulsión de Moscú. Aunque la Agenda Estratégica avanzada del Consejo Europeo para 2023 no menciona la región, Suecia tomará la presidencia rotativa el próximo enero y tras el reciente experimento de la Comunidad Política Europea en Praga, muchos en el norte esperan ver a los países europeos polares más integrados en la UE con la iniciativa correcta.
Pausa en la cooperación
La respuesta no fue inmediata, pero el 3 de marzo, los restantes siete miembros del Consejo Ártico pausaron los contactos con Moscú en lo que debía haber sido una medida temporal. El 8 de junio y manteniendo las altas tensiones, el A7 anunció la reanudación parcial de los proyectos del Consejo que no necesitasen de implicación rusa. Algo similar sucedió a nivel regional. El 6 de marzo, los países nórdicos pusieron en alto toda la cooperación regional, que incluye no solo la CEAB, sino también el Consejo Nórdico de Ministros y el Consejo de Estados del Mar Báltico.
Pero en diplomacia las cosas nunca son tan sencillas. Negadas las reuniones ministeriales, los canales alternativos, las conexiones personales y la tradición cooperativa de la región han demostrado un interés mutuo de reanudar las actividades del Consejo. A ello se suman las empresas que pasan desapercibidas en los discursos sobre sanciones.
Rusia sigue siendo la mitad del ártico, el negocio pesquero es abismal y Oslo aún exime a buques rusos de atracar en puertos noruegos, algo que la propia Ucrania ha denunciado. Especialmente notable es el acuerdo energético de gas natural licuado (GNL). Mientras que los envíos vía gasoductos se han reducido sustancialmente de acuerdo con las sanciones, los envíos por mar de los puertos del Ártico ruso han incluso aumentado a países como Bélgica, Países Bajos, España o Francia, cuya principal empresa petrolera TotalEnergies posee un 20% de participación minoritaria en el proyecto Novatek de GNL en la península de Yamal y afirman que continuarán cooperando “mientras no haya sanciones”.
Finlandia, que además ha tenido políticas iniciales laxas en el debate sobre la restricción de visas a ciudadanos rusos, se vio encharcada con su empresa nacional Gasum, cuando se la criticó públicamente protestando Greenpeace en el puerto de Tornio al recibimiento de un buque de GNL de Gazprom. La representante de la empresa Olga Väisänen afirmaba para el medio finés Yle que han seguido las sanciones pero que “es un trato de ‘take or pay’. Esto significa que, en cualquier caso, tenemos que recoger la entrega mínima. Si no lo hacemos, tenemos que pagarlo igualmente”.
Pero la guerra continúa, las sanciones se suman y con ellas las declaraciones de las figuras y organismos públicos de las naciones –el A7– que más críticas se ha mostrado frente a Rusia. El “excepcionalismo ártico”, si es que alguna vez existió, parece llegar a su fin. Moscú ha recibido mucho dinero y conocimientos técnicos para desarrollar y hacer sostenible la región, pero ahora no solo estos se han ido; los mineros y petroleros entrenados marchan a Ucrania tras la movilización parcial y muchos piensan que al Kremlin no le queda otra que aumentar la tensión en la región para presionar sus intereses. Hemos visto un aumento en intercepciones de drones sospechosos de espionaje, inmigración forzosa, actos de sabotaje y ejercicios militares que nos recuerdan que las capacidades en el Ártico de Moscú, especialmente después de su reordenación naval. Estas acciones no deberían infravalorarse por el curso actual del frente en Ucrania.
¿Cuál es el futuro de la región?
Todos quieren saber qué pasará con el Consejo Ártico, pero ¿qué ocurrirá con los lazos tejidos por los investigadores, los consejos de minorías étnicas o los acuerdos por el cambio climático en la región? ¿Pecaron de inocencia o puede salvarse la importantísima cooperación a sabiendas del mantenimiento de las tensiones? En 1920, los firmantes del Tratado de Svalbard, territorio noruego con derecho de explotación, asumieron aquel “excepcionalismo”. Ahora, Rusia cuenta con una boyante industria pesquera, una colonia minera y unos 450 habitantes en el archipiélago que le justifican en su implicación con las islas, pero que ha aumentado las tensiones con Oslo ante la reinterpretación del tratado.
Por ahora, solo dos escenarios a medio plazo se contemplan y ninguno ofrece volver al punto de partida. O bien el CA se mantiene y reanuda la mayoría de las actividades relegando a Rusia como un actor silencioso o cada bloque procura sus propios mecanismos para la gobernanza de la región. Si un A7 persiste, la UE podría verse incluida finalmente en el consejo, algo que no gustaría a otros observadores como China que ya ha afirmado que no reconocería un CA sin Rusia. Pero si Rusia se ve aislada, podría invitar a países no árticos al desarrollo de su norte. Una improbable tercera vía permitiría reconsiderar el aislamiento internacional de la región desarrollando un Tratado Ártico al estilo de su contraparte Antártica que podría considerar las preocupaciones en materia de seguridad, la delimitación conjunta de la región o la integración del Código Polar. Sea cual sea el resultado, el Ártico necesita la cooperación ahora más que nunca para evitar una nueva carrera armamentística que desoiga las urgentes medidas que los lazos en la región habían tejido con tanto cuidado.
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