La idea de este artículo es ofrecer la visión de la República Islámica respecto a las negociaciones que se están llevando a cabo para conseguir un nuevo acuerdo nuclear, después de que el alcanzado en el año 2015 fuese abandonado unilateralmente, en 2018, por Estados Unidos durante la administración Trump.
Por el momento, lo que ha trascendido de este nuevo acuerdo es la manera en la que se implementaría, a través de cuatro fases aceptadas por todas las partes implicadas. La 1º fase implicaría la eliminación de sanciones que pesan sobre 17 bancos iraníes. En la 2º fase, con una duración de sesenta días, se implementarían las medidas de verificación. Sería en este periodo cuando Irán volvería a vender su gas y petróleo en el marcado internacional. La 3ª fase implicará la eliminación del resto de sanciones, lo que dará paso a la 4ª y última fase, que supondrá el cumplimiento total del acuerdo nuclear y la puesta en marcha de las medidas de verificación.
El anterior acuerdo nuclear, firmado en 2015 y ratificado por Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y la Unión Europea, fue abandonado de manera unilateral, como ya hemos dicho, por Washington, incumpliendo lo firmado en el propio acuerdo. Este hecho condiciona muy claramente los posicionamientos de Irán durante la negociación del nuevo acuerdo.
Esta ruptura es vista desde el actual gobierno iraní como la constatación política de la falta de honestidad y compromiso por parte de Occidente. La desconfianza existente, sumado a la idea de que este bloque no obra nunca de buena fe en sus relaciones con la República Islámica, forma parte de su visión ideológica. El abandono unilateral del acuerdo no solo vendría a confirmar esa visión política, sino que además hace responsable a la administración Rouhani por no mantener una postura mucho más fuerte a la hora de negociar y no haber logrado introducir dentro del acuerdo cláusulas que penalizasen dicha posibilidad.
La actual administración, encabezada por el presidente Raisi, considera que uno de los fallos de Rouhani y su equipo negociador fue permitir que desde el primer momento se violase el acuerdo por parte de Estados Unidos. Desde el mismo momento de su aprobación, la administración Obama hizo todo lo posible por no cumplir con su parte, en concreto la que obligaba a facilitar y ayudar al sector bancario iraní a reconectarse con el mercado internacional. Desde Teherán se habla de presiones a organizaciones financieras, aseguradoras o empresas de hidrocarburos, entre otros, por parte de Washington para que no firmasen contratos con Irán.
Si analizamos el lenguaje empleado por Occidente para poner de manifiesto las diferencias entre el gobierno Rouhani y el actual gobierno Raisi, nos encontramos con la iteración entre “buen” y “mal” musulmán. Dicho lenguaje sirve para sancionar ciertas formas de ser musulmán –o ciertas formas de musulmanidad– como aceptables y rechazar aquellas otras consideradas como una amenaza. De forma general podemos decir que el “buen musulmán”, categoría a la que pertenecería Rouhani y sus negociadores, es aquel que sigue la lógica del liberalismo, la modernidad y Occidente como lenguaje universal. Por otro lado, la actual administración Raisi estaría considerada como de “mal musulmán”, ya que rechaza el proyecto liberal y considera que el ideario occidental representa una amenaza política para la República Islámica.
El actual equipo negociador, encabezado por Ali Bagheri-Kani, considera que en el acuerdo de 2015 se dejó de lado esa desconfianza política de Occidente, lo que permitió, por ejemplo, que los pasos dados por Irán fuesen monitorizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero al mismo tiempo no existiese ningún organismo similar encargado de verificar el cumplimiento del acuerdo por parte de los Estados Unidos o el resto de estados firmantes.
Por otro lado, hay que señalar que para la República Islámica la cuestión nuclear está limitada por la fatwa –edicto islámico– del 2003 publicada por el Ayatola Ali Khamenei, actual líder supremo del país. En esta fatwa se prohíbe de manera clara la producción y uso de armamento nuclear y biológico. Varios representantes de la República islámica han dejado claro que si el país no ha desarrollado armamento nuclear no es por la falta de competencia técnico-científica, sino por la prohibición manifiesta de la fatwa. Su importancia es tal, que en 2021, el entonces Ministro de Inteligencia, Mahmoud Alavi, fue objeto de duras críticas por parte de reconocidos juristas islámicos por haber dicho que en caso de verse acorralado el país debería tener armas nucleares para defenderse. Desde un punto de vista jurídico-político, por tanto, el tema nuclear está limitado a un programa nuclear civil. Esto no quiere decir que no exista una creciente opinión pública que considera que Irán debería tener armas nucleares como medida de protección contra las amenazas occidentales. Pero mientras la fatwa esté vigente el debate está cerrado.
El actual equipo negociador, respetando los límites marcados por la fatwa del 2003, se ha propuesto evitar repetir errores del pasado al negociar con Occidente, y en concreto, a la hora de entablar conversaciones con Estados Unidos. La ya mencionada ruptura unilateral tiene una lectura política en la que Washington es la parte opresora –zulm en lenguaje coránico– que no respeta los límites de la negociación. Esta figura política conecta con la tradicional representación de Estados Unidos en el Irán revolucionario como “Gran Satán”. Esta etiqueta hay que entenderla como la falta de justicia política, y no desde una visión teológica. Esta ausencia de justicia política es lo que ha llevado al actual equipo negociador iraní a dejar claras sus condiciones en esta negociación.
Hay que recordar que el actual líder supremo, justo cuando se estaba realizando las consultas en 2015, dejó claro en una comparecencia pública que si el acuerdo era implementado en su totalidad y con buena voluntad por Estados Unidos, sería posible hablar y llegar a compromisos en otros temas. Pero, desde la perspectiva iraní, la repetida mala voluntad política por parte de Washington evidencia que Occidente, como ideología, no deja de ser un poder “opresor” que traspasa las fronteras de la justicia mediante el dominio y la opresión de otros. Por tanto, la República Islámica ha exigido desde el principio una serie de condiciones indispensables para garantizar la presencia de justicia dentro del acuerdo nuclear.
Una de las condiciones principales para posibilitar un nuevo acuerdo es que la investigación que mantiene abierta la OIEA desde antes del acuerdo de 2015 –que habla de trazas de uranio en instalaciones supuestamente no autorizadas– sea cerrada de inmediato. El principal negociador nuclear iraní, Bagheri, ha explicado que si se quiere un acuerdo duradero y estable, no tiene sentido mantener abierta una investigación previa a la negociación de los acuerdos y que en cualquier momento podría servir de excusa para una nueva ruptura unilateral del mismo. Que la investigación sea anterior al 2015 implica que por aquel entonces Irán no estaba obligado a respetar los límites nucleares. Esta condición es tildada por varios comentaristas en Irán como una línea roja.
Las relaciones con la OIEA no pasan por el mejor momento. El gobierno Raisi ha acusado a esta organización de extralimitarse en sus funciones técnicas –funciones que Irán ha dejado claro que continuará respetando–, para convertirse en una organización política con una clara agenda “anti-iraní”. El viaje de Rafael Grossi, secretario general de la OIAE, a Israel, justo un día después de que se reuniese la Organización en Viena para discutir el acuerdo nuclear fue interpretado por Teherán como una falta de tacto y de respeto. Varios medios locales han apuntado incluso a una colaboración, encubierta, entre la OIAE y el gobierno israelí. Periódicos como Nournews, con una estrecha relación con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, han apuntado incluso a la posibilidad de que inspectores de la OIAE hayan compartido información reservada con Israel que habría sido usada por los servicios de inteligencia israelíes para atacar las instalaciones nucleares iraníes.
Otra de las condiciones impuestas por el equipo negociador iraní tiene que ver con los avances realizados en su programa nuclear estos últimos años. Según uno de los negociadores, Mohammed Marandi, una de las cláusulas introducidas ha sido la de respetar toda la infraestructura nuclear, construida por Irán desde 2015. En caso de salida unilateral estadounidense, Irán podría retomar de manera inmediata el enriquecimiento de uranio. La prensa iraní habla de que las centrifugadoras nucleares podrían ser trasladadas, sin ser desmontadas, bien a Rusia o bien a Kazajistán, según apuntó el responsable de la Organización para la Energía Atómica iraní, Mohammed Eslami.
En las negociaciones en Viena, Irán siempre ha insistido en la necesidad de implementar medidas de verificación independientes para garantizar el cumplimiento del acuerdo por parte tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Estas medidas de verificación se consideran necesarias porque la mayor parte de la población iraní es escéptica, después de lo sucedido con el anterior acuerdo. Esta verificación debería ir acompañada de penalizaciones económicas en caso de que alguna de las partes firmantes decida, nuevamente, romper de manera unilateral lo firmado. Teherán pone de relieve que es necesario proteger las inversiones extranjeras en el país.
Por otro lado, algo que la prensa occidental ha calificado como “condición iraní” para cerrar el acuerdo, la retirada de la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas estadounidenses, nunca ha sido un requisito indispensable real del equipo negociador. Tanto Bagheri como el Ministro de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, han explicado que el tema de la Guardia Revolucionaria nunca ha estado presente en las negociaciones en Viena. La visión iraní al respecto es que, incluso en caso de que se hiciese efectiva la salida de la lista, la Guardia Revolucionaria continuaría estando sancionada por otras instituciones, tanto internacionales como estadounidenses.
En definitiva, la República Islámica, por medio de su equipo negociador, está buscando un acuerdo justo, que le garantice independencia respecto a Occidente a la hora de marcar sus propias condiciones. Esta búsqueda de justicia –aql, en la gramática coránica–, es uno de los componentes principales de cualquier entidad política que se describa como islámica.
En todo caso, en este momento las negociaciones se encuentran, según Teherán, en punto muerto. Además, será necesario esperar a que se produzcan las elecciones en Israel, previstas para el próximo mes de noviembre. Igualmente, la prensa iraní considera que no será posible tener un acuerdo hasta que no se hayan celebrado las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que también tendrán lugar en noviembre. Respecto a la postura de la Unión Europea, el propio Baghri ha dejado claro que si bien Bruselas no ha mostrado hasta el momento ninguna iniciativa propia, lo cierto es que en las conversaciones en Viena ha dejado claro que quiere un acuerdo nuclear. La República Islámica considera a la Unión Europea como un actor menor en estas conversaciones, ya que no ha sabido o no ha querido jugar un papel relevante y se ha limitado a seguir el plan marcado por Washington.
Además, en las últimas semanas se han producido varios movimientos que podrían afectar al acuerdo nuclear. A raíz de las protestas que están teniendo lugar en el país, así como la venta de drones kamikazes iraníes a Rusia, se ha vuelto a hablar de nuevas sanciones contra Irán. Esta posibilidad supondría que el acuerdo nuclear se alejaría en el tiempo, mucho más allá de noviembre; incluso se habla de su posible paralización. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní se considera que esas sanciones serían utilizadas por Occidente como medida de presión para intentar lograr que Irán abandone, o al menos flexibilice, algunas de sus exigencias.
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