La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar una política fiscal sólida en la eurozona que permita alcanzar un crecimiento económico sostenible, coordinado y equilibrado. En el caso de España la magnitud del impacto económico dependerá también del modelo de recuperación que adopten los países de nuestro entorno, ya que el informe del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC) señala que este sector representa alrededor del 15% de nuestro PIB con 191.000 millones de euros. Y es que según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 83’7 millones de turistas visitaron nuestro país en el año 2019, un 1’1% más que el año anterior, generando 2’62 millones de puestos de trabajo directos.
Este principio de interdependencia fiscal surge desde la creación de la Unión Monetaria ante el temor de que algunos países decidiesen incrementar drásticamente su deuda bajo la cobertura de una moneda fuerte, especialmente en fechas próximas a convocatorias electorales. Así, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aprobado por el Consejo Europeo en 1997 y respaldado por los diferentes Gobiernos, logró un consenso general para la recaudación coordinada de impuestos que mantengan unas finanzas positivas. La crisis de la deuda soberana griega en el año 2009 debido a la recesión económica mundial, pero también a las debilidades estructurales de su PIB respecto al gasto público y a la falsificación de los datos económicos, reabrió el debate de un mayor control para evitar que los gobiernos pagadores tuviesen que rescatar la corrupción ejercida por los políticos de otros países.
Es por ello que los esfuerzos de la Comisión Europea se centran ahora en supervisar que los borradores presupuestarios se ajusten a unas exigencias que eviten hundirnos en la deuda tras la suspensión de los límites de déficit. Precisamente, este mismo mes de noviembre los técnicos europeos han dado el visto bueno a los presupuestos presentados por el ejecutivo de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta los “elevados desafíos” que presenta la pandemia y que la mayoría de las medidas presentadas son de carácter temporal. Aún con todo, ha advertido sobre la sostenibilidad de la deuda en Francia, España e Italia, ya que, en nuestro caso, el ratio de endeudamiento presentado por el Gobierno ha pasado del 94’65% en enero al 118’8%. Con los datos disponibles por el Banco de España , el saldo de la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó los 1.308.439 millones de euros en septiembre de 2020, lo que se traduce en más de 104.600 millones más que hace 12 meses. Utilizando el PIB nominal acumulado de los últimos cuatro trimestres, la ratio deuda/PIB se situó en el 114,1% en el tercer trimestre de 2020.
A pesar de esta recesión que ha sorprendido a las cuentas de todas las regiones y ha obligado a tomar decisiones excepcionales, la Comisión Europea tiene diseñado un marco de estrategias a largo plazo encaminado a luchar contra la competencia y evasión fiscal, la eliminación de los obstáculos a la actividad económica transfronteriza y al fomento de una mayor coordinación entre Gobiernos. Dado que la soberanía fiscal continúa en manos de los Estados miembros y la Unión dispone de competencias limitadas, existen dos mecanismos para evitar las distorsiones que deriven de la existencia de diferentes políticas regionales sobre la movilidad de personas, bienes, servicios y capitales: la coordinación fiscal y la armonización fiscal. La primera consiste en adoptar medidas para solucionar las distorsiones respetando las causas, es decir, el sistema fiscal de cada Estado, mientras que la armonización permite ajustar los sistemas fiscales nacionales a fin de adaptarlos al objetivo comunitario.
Es en este segundo contexto en el que se enmarcan la Tasa Tobin y la Tasa Google, dos de las medidas más polémicas que se están debatiendo en el seno europeo y que presentan mayor discusión. Ambos impuestos fueron aprobados por la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados en julio de este mismo año, a pesar de los votos negativos de PP, VOX Y Ciudadanos, a fin de que el sector financiero y empresarial contribuyan de un modo más progresivo a la salida de la crisis. No es casualidad que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez haya sido de los primeros países europeos en aprobar ambas tasas ya que, a diferencia de la gestión económica en plena pandemia del resto de los países europeos, España siempre se ha mostrado partidaria de subir los impuestos para mantener el gasto público a costa de los cimientos de la economía. En el caso de Alemania, la primera potencia europea, se ha optado por una estrategia de rebaja de impuestos por valor de 42.000 millones de euros (1’2 % de su PIB) con el fin de ofrecer apoyo fiscal a las pymes y familia. Por el contrario, el borrador de presupuestos enviado por el Gobierno de España a Bruselas anuncia una subida impositiva por valor de 7.000 millones en 2020 y otros 2.000 millones en 2021. Si bien es cierto que las cuentas económicas alemanas disponen de un colchón fiscal mucho más amplio que el español para tomar decisiones encaminadas a una rebaja de impuestos, otros gobiernos como el italiano de Giuseppe Conte han optado también por alinearse con la estrategia de Angela Merkel a pesar de tener un margen fiscal muy dispar. Así, el ministro de economía italiano, Roberto Gualtieri, anunció el pasado mes de junio una reducción de impuestos que afecta a 16 millones de trabajadores con unos ingresos anuales de entre 28.000 y 40.000 euros.
TASA TOBIN
La Tasa Tobin es un impuesto sobre las transacciones financieras, es decir, un gravamen del 0’2% a la compra y venta de acciones españolas cuyo valor de capitalización bursátil de la empresa sea superior a los 1.000 millones de euros. Esta tasa se remonta al año 1971 con el economista estadounidense y premio Nobel de Economía James Tobin, el cual desarrolló la idea de imponer un impuesto a las transacciones de divisas para solucionar la volatilidad del tipo de cambio y otorgar mayor estabilidad a las economías nacionales que eran incapaces de controlar esos movimientos masivos de fondos. La propuesta europea actual, sin embargo, desplaza esa tasa de divisas a la de las transacciones financieras, otorgándole un sentido completamente distinto al inicial. Suecia ya introdujo este impuesto en el año 1984 con el objetivo de reducir la especulación y aumentar la recaudación, pero resultó ser un fracaso porque disminuyó el volumen de operaciones, la liquidez y aumentó la volatilidad. Además del reducido efecto recaudatorio, los volúmenes de la bolsa de Suecia bajaron entre un 60 % y un 90 % según el activo debido a una fuga de capitales hacia bolsas extranjeras que no tenían este impuesto.
La idea del gobierno español y de las instituciones europeas es que el impuesto no afecte a las clases medias y trabajadoras, ya que se impone sobre intermediarios bancarios que procesan las órdenes de los ciudadanos de comprar y vender acciones y porque, además, tan sólo el 10 % de los ciudadanos invierten en bolsa. Sin embargo, algunos expertos sostienen que este argumento es erróneo debido a que los intermediarios financieros (bancos) repercutirán el gravamen en los compradores o vendedores finales de las acciones.
Desde Bruselas, este Plan tan sólo ha recabado el apoyo de nueve países: Alemania, Portugal, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Eslovaquia y Eslovenia. El razonamiento aportado por los gobiernos que se niegan a ejercer mayor presión fiscal en la compra de activos bursátiles es que acabará dañando la economía y conducirá a una mayor especulación. Es por ello que la recaudación esperada por la Comisión Europea ha disminuido de los 30.000 – 35.000 millones de euros a los 3.450 millones de euros según el nuevo borrador de la norma. Además de haberse reducido las expectativas de recaudación en los nueve países dispuestos a aplicar la tasa, los técnicos europeos realizaron las estimaciones en base al supuesto de que se aplicase en todos los estados de la Unión Europea, de ahí ese descenso tan brusco en los pronósticos. En el caso de España, la administración de Pedro Sánchez espera recabar un total de 850 millones de euros anuales.
TASA GOOGLE
La Tasa Google es un impuesto del 3 % que se aplicará a empresas digitales que tengan una facturación mundial superior a los 750 millones de euros y cuyos ingresos en España superen los 3 millones de euros. De este modo, empresas como Google, Amazon o Facebook se verían directamente afectadas por esta tasa aunque, al igual que como sucedía con la Tasa Tobin, las patronales del sector ya han advertido que esta medida repercutirá en los consumidores y usuarios de los servicios tecnológicos. Según un estudio elaborado por la firma de consultoría PWC, la tasa Google tendrá un impacto de entre 515 y 665 millones de euros sobre los ciudadanos en el intento de las empresas tecnológicas de compensar la carga fiscal. Si bien esta situación dejaría a España en una situación de desventaja competitiva, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de sus principales impulsores a nivel europeo y espera recaudar cerca de 968 millones de euros anuales, unos 232 millones de euros menos de los previstos debido a la “ralentización económica” y a la “experiencia” de otros países que ya la habían aplicado.
En la misma línea se mantiene la Unión Europea que, pese al intento de bloqueo de países como Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia, se muestra partidaria de seguir adelante con la iniciativa si no se alcanza un consenso global.
Por otro lado, la Administración de Donald Trump presionó para acabar con este impuesto y amenazó a la Comunidad Europea con nuevos aranceles en el caso de aprobarse. Un ejemplo de esta última situación sería el caso de Francia que, ante la falta de acuerdos globales sobre el impuesto, decidió ponerlo en marcha de manera unilateral en julio del 2019 con efectos retroactivos a principios de ese mismo año. A partir de ese instante Trump anunció que impondría aranceles de hasta el 100 % a los productos franceses, incluidos el vino, si Emmanuel Macron no renunciaba a la intención de aplicar impuestos a las grandes tecnológicas estadounidenses. Finalmente, ambos mandatarios llegaron a un acuerdo para congelar la ‘Tasa Google’ hasta que se lograse un acuerdo más general en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde según el presidente francés hay “una amplia mayoría de países” dispuestos a lograr un acuerdo.
Sin embargo, con la victoria de Biden en las elecciones estadounidenses Emmanuel Macron ha decidido poner en marcha un cambio de estrategia para ejercer mayor presión. El pasado miércoles 25 de noviembre el ministro de economía francés anunció que se habían enviado avisos de pago de este impuesto a las grandes tecnológicas como Apple, Amazon, Facebook, Google o Microsoft. Se espera que este tan sólo sea el primer movimiento de otros países europeos que permanecen a la espera de aplicar la Tasa Google, entre ellos España, que según fuentes de La Vanguardia estaría dispuesto a aplicarlo a mediados del mes de enero.
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