La «Protección de la Constitución» en la cuerda floja: una historia oscura en Alemania

Escrito por Manuel de Moya Martínez

Foto de portada vía DW.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución constituye uno más de los organismos que componen el complejo tejido de los servicios de seguridad e inteligencia de Alemania. Paradójicamente, a pesar de tratarse de un organismo cuyas actividades tienen un carácter reservado, lo cierto es que siempre ha sido muy conocido por el público alemán y ha protagonizado no pocos escándalos. En los últimos años la «Protección de la Constitución» ha vuelto a ser noticia por lo que muchos han considerado una connivencia encubierta con la extrema derecha.

Una introducción al organismo

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz o BfV) fue fundada en 1950, en el contexto de la Guerra Fría y la división de Alemania. Esta agencia nacía con la misión de velar contra aquellas amenazas que subvirtieran el orden establecido por la Constitución de la República Federal de Alemania. En un principio sus labores se centran en la búsqueda y recolección de información de todos aquellos grupos o individuos cuyas actividades vayan contra el orden constitucional. Bajo el actual ordenamiento jurídico de Alemania, en el plano individual los informes que realiza este organismo pueden suponer una auténtica barrera legal para ejercer determinados puestos en el sector público.

La BfV mantiene una estructura central, con su cuartel general en Colonia, si bien cuenta con delegaciones en cada Land (estado federado). Dichas secciones regionales disponen en la práctica de una gran autonomía operacional, lo que en no pocas ocasiones ha generado roces entre administraciones. Con posterioridad a 1990 las actividades de la BfV se extendieron fuera de Alemania occidental y abarcaron los territorios que habían formado parte de la República Democrática Alemana.

Ya en sus comienzos el organismo desarrolló una intensa actividad. Las investigaciones de la BfV fueron claves para la ilegalización del histórico Partido Comunista de Alemania por el Tribunal Constitucional de la RFA, en 1956. Esto, unido al hecho de que muchos de sus miembros fueran antiguos miembros de las fuerzas de seguridad nazis, hizo que desde sus comienzos la Verfassungsschutz gozase de mala fama entre los círculos izquierdistas y haya sido acusada de actuar como una policía política encubierta. Con el paso de los años sus áreas de investigación se han ido diversificando, abarcando desde el islamismo y el yihadismo a los grupos neonazis.

No obstante, a lo largo de su historia también ha ejercido otras funciones poco relacionadas con la inteligencia. Cabe destacar lo ocurrido a comienzos de 1990, cuando la delegación bávara del BfV compró a la Stasi el dossier personal del político Franz Joseph Strauss, antiguo ministro-presidente de Baviera. Strauss había sido durante muchos años una de las principales figuras de la derecha germana, llegando a ejercer varias carteras ministeriales. A pesar de ser un firme anticomunista, se da el hecho de que en 1983 había concedido una cuantiosa ayuda económica a la RDA, en una decisión que el público de la época no entendió. Años después salió a la luz que el dossier de la Stasi, que contenía información sensible, había sido destruido. Desde la BfV se justificó la acción bajo la premisa de que así se protegía la memoria del político.

Otro caso fuera de lo habitual lo constituye la crisis independentista de Cataluña de 2017. En mayo de 2018 la BfV hizo público un informe que acusaba a Rusia de haber apoyado activamente al independentismo catalán durante el otoño anterior. Con anterioridad el presidente del organismo (Hans-Georg Maaßen) ya había planteado esa posibilidad, aunque ahora se trataba de una acusación de mayor calibre. Teniendo en cuenta que España o el independentismo catalán son cuestiones que quedan claramente fuera de las competencias de la BfV, resulta llamativo el interés del organismo por lo acontecido en la región española. En cualquier caso, lo cierto es que esta acusación ha calado y ha sido con posterioridad muy citada en la prensa internacional.

Una historia con muchos claroscuros

Si hay una cosa que ha predominado en la historia de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución son los escándalos. Paradójicamente, a pesar de ser un organismo de carácter semi-secreto, muchas de sus actividades han acabado siendo de dominio público y generado una gran controversia.

El primer gran escándalo lo protagonizó el que fuera primer presidente del organismo, Otto John, un antiguo conspirador anti-nazi. Nombrado para el flamante puesto en 1950, cuatro años después se trasladó a Berlín Este y pasó a colaborar con la Unión Soviética. La noticia provocó un shock entre los círculos oficiales de Alemania occidental, por lo embarazoso de esta deserción, que también dejaba en evidencia a la República Federal ante sus aliados. John llegó a colaborar con la KGB, a la que proporcionó numerosa información. No obstante, Otto John regresaría a Alemania occidental en 1955, señalando que en realidad había sido secuestrado en contra de su voluntad.

Más adelante, durante las décadas de 1960 y 1970, la BfV estuvo envuelta en un buen número de escándalos por el uso de infiltrados entre los movimientos izquierdistas. Ello llevó a roces con las fuerzas policiales, que a veces desconocían sus actividades, y con la justicia, que nunca llegó a desentrañar del todo algunos sucesos oscuros.

Célebre fue el caso de Peter Urbach, que durante años estuvo infiltrado entre los movimientos izquierdistas de Berlín Oeste. Uhrbach también actuó como un agente provocador, proporcionando pistolas, bombas y cócteles molotov a los grupos más extremistas. En este sentido, proporcionó cócteles molotov para el ataque contra la sede berlinesa del grupo Axel Springer, en 1968, o bombas para un frustrado ataque contra la centro comunitario judío de Berlín Oeste, en 1969. Uhrbach continuó con estas actividades hasta comienzos de la década de 1970, cuando quedó expuesto. Ante el escándalo que se cernía, la BfV no tardó mucho en sacarlo de Alemania occidental (trasladándolo a California) y se aseguró de que nunca fuera juzgado por un tribunal.

Algo menos conocido es el caso de Ulrich Schmücker, un antiguo militante anarquista del «Movimiento 2 de Junio». Tras haber sido detenido y encarcelado, este joven estudiante se reconvirtió en un infiltrado de la BfV, un V-Mann. En dicho proceso tuvo un papel importante un oficial de la sección berlinesa de la BfV, el oberamtsrat Michael Grünhagen. Sin embargo, la tapadera de Schmücker no tardó en quedar expuesta entre los círculos izquierdistas y comenzaron a lloverle las amenazas de muerte. Como consecuencia, intentó dar marcha atrás y dejar de colaborar con el organismo, algo que encontró la frontal oposición de Grünhagen.

La mañana del 5 de junio de 1974 Schmücker fue encontrado muerto en Grunewald, a las afueras de Berlín Oeste, tras haber recibido un disparo. Se da la circunstancia de que el día anterior Schmücker había solicitado un encuentro con su superior, Grünhagen, y que por la noche había sido visto en compañía de dos personas no identificadas. A esto se suma el hecho de que algunas décadas después se supo que la BfV berlinesa guardaba en sus depósitos la pistola con la que el V-Mann presuntamente había sido asesinado. A pesar de que llegaron a celebrarse hasta cuatro procesos judiciales, nunca se han depurado responsabilidades ni tampoco se ha averiguado qué fue lo que ocurrió aquella noche o el papel que tuvo Grünhagen.

La lucha contra la Rotte Armee Fraktion (RAF) tampoco estuvo exenta de polémicas. Con la dirección de la RAF ya en prisión, en 1976 salió a la luz que la BfV había tenido bajo escucha las reuniones de sus líderes con sus abogados. El motivo que se esgrimió fue que con ello se buscaba conocer los planes de la RAF para nuevos atentados, a pesar de que esto supusiera una violación flagrante de derechos fundamentales. De hecho, se supo que el presidente del tribunal que juzgaba a los dirigentes de la RAF había tenido conocimiento de cuanto hablaban los acusados con sus abogados.

Los escándalos del NSU y la extrema derecha

En el otoño de 2011 lo que en apariencia solo parecía ser el suicidio de dos militantes de neonazis acabó desembocando en un escándalo de grandes proporciones. Los dos muertos formaban parte, junto a otros militantes, de un grupo autodenominado «Clandestinidad Nacionalsocialista» (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU). Este grupo había estado activo desde 1998 y había sido autor de numerosos asesinatos contra inmigrantes de origen turco y griego, además de varios atentados con bomba y atracos a bancos. El grupo también fue responsable del asesinato de una agente de policía en 2007, además de dejar gravemente herido a otro policía.

Tras salir a la luz la existencia de la NSU, en un principio se habló de tres integrantes, aunque con posterioridad se ha señalado que pudo haber existido una red con decenas de integrantes colaboradores. Una de las cuestiones recurrentes que empezó plantear la prensa fue el hecho de que este grupo pudiera haber actuado durante tantos años sin que las autoridades hubiesen puesto algún tipo de impedimento.

Paradójicamente, en 2011 el entonces ministro federal de Interior, Hans-Peter Friedrich, había asegurado que en Alemania no había indicios de terrorismo de ultraderecha. Con el tiempo no solo hubo de desdecirse sobre esta afirmación, sino que también tuvo que afrontar la revelación de más detalles por parte de la prensa. Según se ha ido sabiendo, la BfV tuvo bajo vigilancia a este grupo de extrema derecha durante años y conoció sus acciones, sin tomar ninguna acción al respecto. Además, también salió a la luz que un agente de la Bundesamt für Verfassungsschutz, Andreas Temme, era un conocido militante de la extrema derecha que había estado relacionado directamente con algunas acciones de la NSU. Resulta significativo que entre los círculos neonazis Temme fuera conocido como «el pequeño Adolf».

Sobre esta última circunstancia, desde los ámbitos oficiales trataron de justificarse, señalando que en realidad se trataba de un agente doble. Sin embargo, el hecho de que este agente estuviera presente en el lugar de algunos de los asesinatos (y las acusaciones de que había suministrado documentos de identidad falsos a la NSU) solo contribuyeron a sembrar aún más dudas. También se llegó a plantear la posibilidad de que el llamado trío de la NSU pudiera haber estado en nómina de la Verfassungsschutz, o que pudiera haber más agentes de la BfV implicados en el encubrimiento. El desprestigio público alcanzó su punto culminante a mediados de 2012, cuando la prensa hizo público que la BfV había ordenado la destrucción sistemática de sus archivos relacionados con el caso NSU tras salir a la luz todo lo ocurrido.

Para entonces la indignación ante las informaciones que iban saliendo era tal que incluso desde el Sindicato Alemán de Policías se cuestionó la utilidad de la BfV. La oleada de escándalos en que se vio envuelta la Oficina para la Protección de la Constitución acabó provocando una cadena de dimisiones en el seno del organismo, empezando por el entonces presidente, el socialdemócrata Heinz Fromm. Se designó un nuevo presidente, Hans-Georg Maaßen, y se llegó a proponer que se realizara una reforma profunda en el seno de la organización. No obstante, aunque se implementaron algunos cambios, los escándalos han seguido persiguiendo a la BfV.

Maaßen ha sido un foco de polémicas para el organismo encargado de proteger la Constitución. Sobre él siempre pesaron acusaciones de ser una persona cercana a la extrema derecha. En este sentido, una antigua militante del partido Alternativa por Alemania (AfD) lo acusó de haberse reunido con dirigentes de la formación con el fin de asesorarles sobre cómo evitar que la BfV se viese forzada a intervenir. Mucha más polémica crearon unas declaraciones suyas tras los disturbios ocurridos en la ciudad de Chenmitz a finales del verano de 2018. Maaßen llegó a restar importancia a los incidentes xenófobos, generando una tormenta política que llevaría a su destitución.

Otra cuestión que ha quedado sin esclarecer es el verdadero papel que jugó la BfV en el seno de la NSU. Se llegó a juzgar a varios miembros del grupo neonazi, pero durante el proceso ni la fiscalía ni los jueces han querido remover lo que estuviera relacionado con la Bundesamt für Verfassungsschutz. Esto ha dejado abiertos muchos interrogantes y la sensación de que el Estado alemán ha echado tierra sobre el asunto.

Fuentes consultadas

• Stoiber ließ Strauß-Akten vernichten, rp-online.de (9 de abril de 2000)
• Kopfschuss im Grunewald, berliner-zeitung.de (1 de diciembre de 2004)
• Rainer, wenn du wüsstest!, berliner-zeitung.de (6 de julio de 2005)
• Un agente del espionaje alemán, vinculado con una trama de terrorismo neonazi, elpais.com (14 de noviembre de 2011)
• Protección de la Constitución en Alemania: cuando el Estado fracasa, Deutsche Welle (16 de noviembre de 2011)
• Tod im Grunewald, zeit.de (26 de abril de 2012)
• La policía alemana destruyó datos sobre el grupo de neonazis asesinos, lavanguardia.com (2 de julio de 2012)
• Dimite el jefe de la Inteligencia alemana por fallos en la lucha contra los neonazis, elmundo.es (2 de julio de 2012)
• El juicio contra el grupo neonazi alemán NSU, de nuevo entre paréntesis, lavanguardia.com (30 de abril de 2013)
• NSU-Aufklärung in Hessen: Ein rätselhaftes Gespann, taz.de (12 de marzo de 2015)
• La inteligencia alemana afirma que Rusia apoyó al independentismo catalán, elpais.com (14 de mayo de 2018)
• Condenada a cadena perpetua la única superviviente de una banda neonazi en Alemania, elpais.com (11 de julio de 2018)
• Maassen, el jefe de espionaje que generó discordia en el Gobierno alemán, lavanguardia.com (18 de septiembre de 2018)

Documentales consultados

Die Geschichte der RAF. Die Gründung der RAF (ZDF, 2017)

Die Geschichte der RAF. Die Jagd auf die Baader-Meinhof-Bande (ZDF, 2017)

Die Geschichte der RAF. Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten (ZDF, 2017)