El debate sobre la posesión de armas en Serbia se ha reabierto tras los dos tiroteos que sacudieron al país, los días 3 y 5 de mayo de 2022. El primero acaecido en el colegio belgradense Vladislav Ribnikar y el segundo en Dubona y Sepsin, poblaciones pertenecientes al municipio de Mladenovac.
En el primer caso, el menor de 13 años, de acuerdo a conclusiones de las autoridades, disparó a un guardia de seguridad que perdió la vida junto a los ahora 9 alumnos que se encontraban en clase. La policía serbia además añadió que el alumno tenía una lista con los nombres de las personas a las que quería disparar. Por otro lado, según nuevas averiguaciones de la prensa local y regional, el móvil del ataque habría sido motivado por el acoso escolar que sufría. Las dos pistolas que utilizó para perpetuar la masacre contaban con licencia, ya que eran propiedad de su progenitor, que usualmente realizaba practicas de tiro acompañado por el adolescente. 6 personas más, incluida una profesora de historia, resultaron heridas.
El segundo caso que reportó 8 victimas fatales y dejó 13 heridos producto de un tiroteo con un arma semiautomática, estuvo motivado por acciones para infundir terror en la población, según la propia confesión del autor. El propio presidente Vucic, calificó este acto de “terrorismo” y señaló que el agresor de 21 años portaba una camiseta con símbolos neonazis.
Las reacciones no se hicieron esperar y desde la sociedad civil se exigieron renuncias concernientes al Ministerio de Educación, cuyo principal responsable Branko Ruzic, echó la culpa de los ataques a “los valores occidentales y los videojuegos”, y que con el transcurrir de los días finalmente presentó su dimisión.
Vucic se mostró implacable en un primer momento asegurando que endurecería al máximo la ley que regula la posesión de armas y que reduciría las 760.000 que siguen en poder de particulares, a un numero oscilante entre 30.000 y 40.000. Estos controles se aplicarán a la conducta de los portadores –psicológicos y toxicológicos– efectuando una amplia revisión de armas y licencias. En relación con el primer caso, las escuelas serbias amanecieron los días siguientes con policías que cacheaban a los alumnos a la entrada de los centros. Sin embargo, la medida más controvertida es la de la rebaja de la responsabilidad penal de 14 a 12 años, que ya ha sido duramente criticada por organizaciones como UNICEF. La situación resulta de tal urgencia para el ejecutivo, que el propio Vucic llegó a retractarse de unas declaraciones en las que abogaba por el establecimiento de la pena de muerte.
La oposición ha estado organizando marchas y manifestaciones pidiendo el fin de los canales Pink TV y Happy TV, vinculados al gobierno. Se ha pedido que “cesen los realities y los programas violentos” que reproducen esas cadenas. Vucic ha condenado estos actos criticando que la oposición instrumentalice estos sucesos, pero no ha conseguido calmar el ánimo de una gran parte de la población, que además critica al gobierno y a la policía por permitir que se revelaran identidades de chicos asesinados en la masacre escolar, lo que ha ahondado más en el shock colectivo de una sociedad que no acostumbra a vivir este tipo de sucesos.
Así pues, aunque el gobierno ha lanzado una campaña de amnistía para estimular el desarme entre la población civil, solo 13.000 armas ligeras, contando pistolas, revólveres y granadas, han sido puestas en poder de las autoridades, que mantienen la amenaza de situar en 15 años la pena de cárcel por posesión ilegal de armas. Esta proporción es baja si entendemos que el país está a la avanzada en posesión de armas ilegales por parte de la población civil y también con relación a sus habitantes –7 millones sin contar sus fronteras reconocidas que incluyen Kosovo, ascendiendo a 9 millones en ese caso– y es que gran parte de la población es reacia todavía a entregar sus armas, las cuales relatan la tragedia de las guerras yugoslavas. Las medidas tomadas aún distan de ser efectivas y el tiempo dirá si nos encontramos ante un parche, o si de verdad estamos ante el fin de la posesión de armas en Serbia.
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