El pasado viernes, 21 de febrero, se celebraron las 11º elecciones legislativas en la República Islámica de Irán, con el fin de componer la Asamblea Consultiva Islámica (Majlis, en persa). Los comicios han estado marcados por la baja participación fruto tanto del descontento de la población, debido a la ardua crisis económica que atraviesa el país, como de la alerta sanitaria por el COVID19, que ya se ha cobrado al menos 15 vidas en el país, y por los grandes resultados de la facción principalista que, aún estando todavía a la espera de los resultados finales, habría obtenido más de 200 de los 290 asientos de la cámara.
La dura situación económica del país ha provocado importantes manifestaciones durante los últimos dos años en las que la población ha exigido medidas económicas que ayudasen a la población joven a tener trabajo y futuro. Este futuro mejor les había sido prometido por las autoridades tras la firma del acuerdo “antinuclear” en 2015, con el que la República Islámica recuperó su capital en el extranjero (parte fundamental del acuerdo), permitiendo al gobierno ganarse el apoyo de la población con promesas de una notable mejoría en la situación económica del país gracias a la recuperación del acceso a los mercados internacionales. Unas promesas que, vistas en retrospectiva, no se han visto cumplidas.
El Acuerdo Nuclear Iraní |
El JCPOA, también conocido como Joint Comprehensive Plan of Action, es el acuerdo antinuclear firmado por Estados Unidos, la Unión Europea, China, Federación Rusa e Irán en 2015. En él se limitó la capacidad nuclear de la República Islámica durante los próximos diez años, además de someterse a controles periódicos por la IAEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). |
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con un gabinete que desde un primer momento estuvo plagado de “halcones” contrarios a Teherán, supuso un endurecimiento de la política exterior estadounidense para con el gobierno iraní. Esto desembocó en la salida unilateral de la potencia norteamericana del JCPOA en 2018, la reimposición de las sanciones existentes antes de la firma del acuerdo y la toma de nuevas medidas con el objetivo de ejercer la máxima presión posible contra el gobierno de Teheran.
Estas acciones de la administración Trump han provocado una progresiva escalada de tensiones en la región, que alcanzaron su pico con el asesinato del general Soleimani a manos de un dron estadounidense el 3 de enero de 2020, y la consecuente respuesta iraní atacando una de las bases con presencia estadounidense en Iraq. La población iraní organizó manifestaciones multitudinarias para condenar el asesinato, lo que dio una imagen de unidad en el país. Esta se disipó rápidamente tras el derribo de un avión de pasajeros ucraniano a manos de la Guardia Revolucionaria, durante el ataque contra la base de Al Assad en Iraq, poniendo en el punto de mira de la población al gobierno de Hassan Rouhani y a la cúpula ayatolá.
Dicha imagen de unidad ya se había visto considerablemente dañada tras las protestas de principios de 2018 y finales de 2019, en las que la población se manifestó contra la política económica del gobierno. Si a esto se le añade el descontento general de la población, se podría explicar que la participación haya alcanzado mínimos históricos en estos comicios (tan solo un 42%) a pesar de haber ampliado el horario de votación dos horas más de lo previsto. Si lo comparamos con las elecciones legislativas de 2016, donde la participación fue del 62%, la bajada resulta aún más considerable.
La integridad de la República Islámica podría haberse puesto en duda por el boicot a las elecciones legislativas de no ser porque los principalistas ganaron la mayoría de escaños que componen la Asamblea Consultiva Islámica. ¿Pero por qué este cambio? Una de las principales novedades con respecto a otros comicios fue la dureza en la selección de candidatos, bajo la responsabilidad del Consejo de Guardianes.
El Consejo de Guardianes es el órgano institucional encargado de recibir y filtrar las candidaturas. En el caso de estas elecciones legislativas, retiró siete mil candidaturas, endureciendo así el filtro con el que se aceptan las propuestas, y reduciendo las candidaturas aceptadas a conservadores y ultraconservadores. Esto supuso un motivo más por el que la participación tuvo datos tan bajos, especialmente entre los jóvenes.
En consecuencia el Consejo de Guardianes es una de las instituciones más controvertidos dentro del sistema iraní, pues su sistema de descalificación de candidatos se considera que es utilizado para favorecer los intereses de la cúpula ayatolá y que, por lo tanto, no garantiza unas elecciones justas. Esta polémica general, sumada a la excesiva dureza del proceso de selección, han sido utilizadas como argumento por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos para emitir nuevas sanciones contra la entidad y contra el secretario del Consejo de Guardianes.
La victoria de los principalistas en estas elecciones legislativas es poco probable que tenga peso efectivo sobre la política exterior del país, ya que esta depende directamente del Líder Supremo, Ali Khamenei. Sin embargo, esto podría reflejar un cambio en el equilibrio interno del sistema más allá de las urnas y podría implicar un giro en las elecciones presidenciales de 2021.
A lo largo de sus siete años de presidencia, Hassan Rouhani ha optado por vías más diplomáticas en cuanto a política exterior (como la firma del JCPOA, por ejemplo), mientras que el Líder Supremo declaró estar en contra del acuerdo antinuclear. Los últimos acontecimientos y disputas con Estados Unidos podrían provocar que el próximo presidente estuviese más en línea con el Líder Supremo (más cerca del ala dura de la cúpula ayatolá), y pudiera plantear el endurecimiento de la política exterior iraní. La pregunta es: ¿cómo afectaría el posible giro conservador a la región?
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