Zbigniew Ziobro, ministro de Justicia de Polonia entre 2015 y 2023, se ha trasladado a Hungría para recibir asilo político. El exministro estaba siendo investigado en su país por 26 presuntos delitos de corrupción, espionaje y pertenencia a organización criminal. Tanto Ziobro como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han calificado el proceso judicial de persecución política y de una “cacería de brujas”.
La derrota electoral del partido Ley y Justicia (PiS) y el ascenso al poder de Donald Tusk en 2023 dieron alas a la nueva administración polaca para investigar la gestión judicial de la anterior legislatura. Así, ese mismo año, la Fiscalía abrió diligencias contra Ziobro.
La investigación se prolongó durante los dos años siguientes, pero condicionada por el aforamiento de Ziobro. No obstante, el 7 de noviembre de 2025, el Parlamento votó a favor de retirarle la inmunidad parlamentaria. El exministro se desplazó entonces a Hungría, donde reside desde al menos el mes de octubre. El 12 de enero anunció haber aceptado el asilo político ofrecido por Orbán.
La Fiscalía polaca mantiene abiertas diligencias contra Ziobro por al menos 26 delitos. Entre ellos figuran presuntos delitos de corrupción por "uso fraudulento de fondos europeos, facturas falsas y blanqueo de capitales", por un importe estimado de cinco millones de zlotys –equivalente a 1,2 millones de euros–.
Además, la investigación revela que, con estos fondos presuntamente malversados, Ziobro compró el software israelí Pegasus para acceder indebidamente a los teléfonos de periodistas y de miembros de la oposición polaca.
El impacto en Polonia y Hungría
La decisión de Hungría de conceder asilo político a Ziobro ha provocado un cruce de acusaciones entre Varsovia y Budapest. Orbán ha cuestionado la legitimidad del Ejecutivo de Donald Tusk y su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha calificado de "demente" que el ministro de Justicia polaco dé lecciones de democracia y jurisdicción al Gobierno húngaro.
Esta crisis diplomática en el seno de la Unión Europea pone de relieve la confrontación entre dos modelos políticos distintos, con la guerra de Ucrania como claro trasfondo de la polémica. Polonia ha sido una de las voces del club comunitario más favorables a Ucrania y, al mismo tiempo, uno de los países que mayor apoyo ha brindado a Kiev.
Junto a los países bálticos, Varsovia es la más crítica con Moscú y uno de los pocos Estados miembro que ha restringido la emisión de visados a ciudadanos rusos. Además, las denuncias de la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia llevaron a Donald Tusk a invocar el artículo 4 de la OTAN en septiembre de 2025.
Budapest, por su parte, se ha mantenido distante con el discurso mayoritario de Bruselas. Sus críticas a la política expansionista de la OTAN –de la que forma parte– le ha valido ganarse el atributo de prorruso entre sus socios.
Orbán ha bloqueado en diversas ocasiones la aprobación de paquetes de sanciones contra Rusia, así como medidas de apoyo a Ucrania, e incluso se reunió por sorpresa con el presidente Vladimir Putin en noviembre de 2025, desafiando la política común europea de marginar al Kremlin.
El modelo judicial de Polonia
La Unión Europea ya había sancionado varias reformas judiciales llevadas a cabo en Polonia por el partido de Ziobro. Abiertamente euroescéptico, el PiS impulsó una reforma legislativa que permitía sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias, lo que costó a Varsovia una multa de 320 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Polonia celebró elecciones presidenciales en mayo de 2025 y, tras una primera vuelta sin un claro vencedor, Bruselas optó por habilitar públicamente al Gobierno de Donald Tusk retirando el expediente abierto por la mencionada reforma judicial.
Úrsula von der Leyen felicitaba entonces a Varsovia por los avances realizados y la Comisión Europea sostenía que “ya no existe un riesgo claro de violación grave del Estado de derecho”. No obstante, Polonia sigue teniendo un modelo judicial alejado de los estándares europeos.
Los cargos de ministro de Justicia y fiscal general del Estado los ostenta la misma persona, lo que permite la politización de la Fiscalía y el debilitamiento de los controles del poder Ejecutivo. En la actualidad, Waldemar Żurek concentra ambas funciones, algo que también sucedía con Zbigniew Ziobro.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
