¿Es Israel una democracia?

Escrito por Diane Chabot

En 72 años de existencia, el Estado de Israel es cada vez más criticado, tanto por dentro con la oposición como por fuera con la diáspora y varios países de la comunidad internacional, como pueden ser, sobre todo, sus vecinos. Algunos de sus críticos se preguntan si sigue siendo una democracia realmente o no, ya que surgieron algunas dudas después de la ley fundamental que define Israel como Estado-nación del pueblo judío, votada en el parlamento israelí, la Knesset, el 19 de julio de 2018. Además de esto, se celebraron de manera anticipada las elecciones parlamentarias en marzo de 2020, por tercera vez en menos de año y medio. Ponen fin a diecisiete meses de parálisis política, marcados por escándalos de corrupción acerca de B. Netanyahu. A pesar de ello, salió victorioso en las urnas, aunque con una mayoría muy débil con solo tres escaños de diferencia con la oposición. El gobierno se formó solo en mayo de 2020, dos meses y medio después de las elecciones.

Situación económica de Israel: un Estado en plena forma

En el 2018 se celebraron los 70 años de la creación del Estado de Israel, con el eslogan “Podemos estar orgullosos”. Benjamín Netanyahu hizo un discurso sobre Israel como nación de la innovación, para subrayar las cosas que cambiaron de forma positiva a lo largo de estos 70 años. En el punto de vista económico, Israel tiene muy buenos resultados con un crecimiento económico de 3,7% por año y una tasa de paro de 3,3%, en febrero de 2020, antes de las medidas de confinamiento puestas en marcha el 19 de marzo de 2020. En septiembre de 2020, Israel cuenta con 4,7% de desempleados, cuando España cuenta con 16,5% en la misma fecha.

Además de esto, el descubrimiento de petróleo en el mar Mediterráneo abre a Israel unas nuevas fuentes económicas. El turismo también forma parte de su economía, con 4,55 millones de turistas en el 2019. Se aumentó el comercio con África y la India, e Israel se acercó con las potencias sunitas contra Irán. En el plano diplomático, los Estados Unidos reconocieron Jerusalén como capital de Israel, en vez de Tel-Aviv, poniendo su embajada allí. Hoy en día, 158 países tienen relaciones diplomáticas con Israel. No obstante, Israel tiene que enfrentarse a conflictos internos y exteriores, debidos al conflicto israelí-palestino. En el exterior, se dice que Israel es “la única democracia del Medio-Oriente”, pero la realidad en el interior del país es otra, con cierta discriminación institucionalizada de las minorías, especialmente la minoría palestina.

Israel como país democrático con instituciones democráticas

El poder legislativo. Israel no tiene constitución, pero sí leyes fundamentales que garantizan los derechos civiles de los ciudadanos y la estructura del gobierno. Es una democracia parlamentaria unicameral, es decir que su único parlamento, la Knesset, tiene mucho poder. Está compuesto de 120 diputados, y se producen elecciones legislativas cada 4 años, aunque se puede disolver el Parlamento por una mayoría parlamentaria de más del 61% de los votos. El Primer Ministro puede disolver también la Knesset si no tiene una mayoría suficiente para gobernar de manera eficiente. Las principales razones para convocar nuevas elecciones son la dimisión del Primer Ministro, su muerte o su incapacidad para gobernar durante más de cien días – en caso de enfermedad, por ejemplo; la dimisión de todo el gobierno; o incluso un voto de la Knesset de censura contra el Primer Ministro para obligarle a dar su dimisión. Esta última medida se puede dar solo en casos excepcionales, como por ejemplo si el Primer Ministro está acusado de un crimen y que una corte de justicia le reconoce como culpable. Hasta que se constituya una nueva Knesset, la antigua conserva todos sus poderes. Lo mismo pasa en caso de un cambio de gobierno.

Los diputados son elegidos según el sufragio universal proporcional. El Parlamento israelí está constituido por coaliciones parlamentarias, que son variables. Una coalición puede contener un gran número de partidos, lo que hace difícil la toma de decisiones. No obstante, un partido debe tener más del 1,5% de los votos para tener un escaño en el Parlamento. Hoy en día, la coalición al poder está compuesta por el Likud, Azul y Blanco, Shas, Yahadut, Hatorah, Laboralista, Derekh Eretz, Guesher y Yamina. Los candidatos de cada lista electoral vienen designados por los partidos. No existe una ley que dicte la manera de elegir a los candidatos en el partido, pero la tendencia general desde 1970 es elegirlos en elecciones previas, y ya no en comités restringidos. Según el Ministerio Extranjero Israelí, las condiciones para formar un partido son las de no tener antecedentes penales o un cargo estatal como presidente, rabino, u oficial de alta graduación en el ejército; obtener 1500 firmas de apoyo de ciudadanos pudiendo votar; dar dinero al comité electoral; no incitar al racismo; no promover el hecho de que Israel no sea un estado democrático judío; y no apoyar la lucha armada de un enemigo de Israel o de una organización terrorista enemiga de Israel.

Para poder votar, hay que ser ciudadano israelí y tener más de 18 años. En principio, los ciudadanos de cada religión y etnia pueden votar. No obstante, desde la ley de regularización votada por la Knesset en 2017, los habitantes de los territorios colonizados, como la franja de Gaza o Cisjordania deben obedecer a la ley israelí, aunque no estén autorizados a votar. Pues, no están representados en la Knesset. A pesar de esto, se puede observar una alta tasa de participación en las elecciones. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias del 2020, la participación electoral era de 71,51%.

El poder ejecutivo. Los diputados eligen al presidente israelí por 7 años y no se puede renovar su mandato, pero tiene poco poder, y su rol se basa en representar la unidad del país. Su primera obligación al ser elegido es nombrar el miembro de la Knesset quien podrá constituir un nuevo gobierno. Si no logra constituir su gobierno, el presidente tiene que designar otro miembro que tendrá el mismo tiempo (14 días) para constituir el gobierno. Si el miembro de la Knesset designado por el presidente logra constituir un gobierno, éste es nombrado Primer Ministro. En el caso de las últimas elecciones, B. Gantz, líder del partido Azul y Blanco, fue nombrado por el presidente, pues le llevó 76 días para llegar a un acuerdo de coalición con el Likud y poder constituir un gobierno. Las características del acuerdo para crear la coalición al poder fueron la rotación del cargo de Primer Ministro: B. Netanyahu es el primero en ocupar este cargo durante 18 meses, y B. Gantz le sucede para gobernar los últimos 18 meses. Se estipula también que B. Gantz será el viceprimer ministro de B. Netanyahu y su ministro de defensa.

El gobierno puede asumir sus funciones cuando tiene el apoyo de la Knesset a través de un voto de confianza cuyo resultado debe ser de mayoría absoluta (61 votos) a favor del gobierno. El Primer Ministro suele ser el líder del partido o de la coalición mayoritaria en el Parlamento, con más de 60 miembros dentro. En el caso de la nueva coalición, son 74 diputados. El Primer Ministro nombra sus ministros una vez que el presidente israelí le haya dicho que tenía que constituir un nuevo gobierno. El ejecutivo tiene que actuar en función de las leyes de la Knesset, las convenciones constitucionales y la Declaración de Independencia del Estado de Israel, junto con las leyes fundamentales. Este conjunto legal sirve de constitución del Estado de Israel de momento. El Primer Ministro y al menos la mitad del gobierno tienen que formar parte de la Knesset. Los otros ministros que no forman parte del Parlamento deben ser ciudadanos israelíes viviendo en Israel, cuya nominación como ministro debe ser ratificada por la Knesset.

El poder judicial. El Tribunal Superior se encarga de los juicios y está compuesto de 15 jueces, elegidos por una comisión de 9 personas (3 jueces, 4 políticos y 2 abogados). En realidad, ésta elige a los candidatos designados previamente por los jueces. El Tribunal Superior es muy criticado últimamente, especialmente por los sectores más conservadores ya que es muy intervencionista, lo que provoca el descontento de los ciudadanos que reclaman una limitación de sus poderes y el cambio de la manera de elegir a los jueces. No obstante, la independencia del sistema judicial está garantizada por la ley. El odio hacia este Tribunal es porque no se pronuncia siempre a favor de los israelíes judíos e intenta dar oportunidades a los Palestinos, como en el caso Kaadan de 2000 – ciertos habitantes judíos se rebelaron al ver que una familia palestina con hijos de baja edad iba a vivir en su edificio, que fue pagado y construido por la Agencia judía. El Tribunal Superior rechazó la decisión de los habitantes judíos de expulsar a esta familia, apoyándose en la ley fundamental de 1992 sobre la dignidad humana. El Tribunal Superior está visto por muchos israelíes, sobre todo palestinos, como el último defensor de los derechos humanos, de las minorías.

El gobierno y la Knesset tienen su sede en Jerusalén, que es la capital para los israelíes, pero no para la comunidad internacional, que reconoce Tel-Aviv como capital de Israel. Por lo tanto, Jerusalén es propiedad de la comunidad internacional para evitar tensiones entre las diferentes comunidades religiosas y étnicas que viven allí.

El comportamiento no democrático de Israel a través de sus actos hacia los palestinos

Dos años después de su septuagésimo aniversario, la famosa frase que describe a Israel como “la única democracia del Medio-Oriente” no sigue vigente en la actualidad, después de once años de gobierno de un mismo hombre, B. Netanyahu, marcados por la alianza política entre los ultranacionalistas y los religiosos, aunque desde 2020, el Likud se alió a un partido centroderechista, Azul y Blanco, para poder gobernar. Según el Democracy Index del Economist Intelligence Unit, en 2019, Israel está en la 28ª posición. Ésta es la consecuencia de altos resultados en participación electoral, el funcionamiento de las instituciones y la libertad de la prensa. Al mismo tiempo, Israel tiene resultados muy bajos en términos de derechos cívicos, como consecuencia de la discriminación de los árabes y los palestinos en los territorios ocupados por el Estado israelí. Según las cifras oficiales del Central Bureau of Statistics, un 21% de la población israelí es árabe en 2019, es decir que esta minoría representa casi un quinto de la población israelí. Por estas razones, los observadores calificaron Israel de “democracia no liberal con alta eficiencia”. Hoy en día, los palestinos están vistos como un problema demográfico, pero al menos una gran parte de la clase política israelí no considera necesario su expulsión para resolver el problema, aunque la oferta política se reduce cada vez más, alrededor del sionismo y del nacionalismo. Asimismo, diputados del Likud y del Hogar Judío consideran la opción de crear un gran Israel, del Mediterráneo al Jordán, donde los Palestinos podrían vivir y trabajar, pero no votar. Es decir que quieren crear una democracia para los judíos exclusivamente. Están creando, pues, un “apartheid” de la población árabe en su territorio según el periodista israelí G. Levy.

Otra injusticia hacia los palestinos se sitúa en la política agraria, porque los ayuntamientos palestinos reciben menos ayudas gubernamentales que los ayuntamientos judíos. Por ejemplo, la ciudad palestina más rica, Meilya, tiene menos infraestructuras y ayudas del gobierno que la ciudad más pobre judía. En 2011, el Jerusalem Post escribió que el sueldo judío medio era superior al palestino de 40% a 60% en los años 1997-2009, y esto no ha ido cambiando a lo largo de estos últimos diez años. Se hacen también varias expropiaciones de territorios palestinos. Un 90% del territorio israelí pertenece al Fondo Nacional Judío (FNJ), y está prohibido vender territorios judíos a gente que no lo es. Por ejemplo, Nazareth, la mayor ciudad palestina, no ha crecido de superficie mientras que su población se ha triplicado desde 1948. No obstante, la ciudad judía al norte de Nazareth, llamada Alto-Nazareth, ha triplicado su superficie, cogiendo tierras palestinas. La propia ciudad de Nazareth está rodeada por colonias judías.

Israel justifica la colonización de los territorios palestinos diciendo que es una “buena” colonización en el sentido de que los israelíes traen la cultura y el desarrollo a esta región de manera pacífica. Dicen también que los palestinos israelíes tienen más derechos en Israel que en otros países árabes. Pero si las cosas se complican en el proceso de colonización, los judíos justifican su violencia diciendo que los primeros en ser violentos fueron los palestinos. En cuanto a la educación, los israelíes judíos controlan los programas de las escuelas, sobre todo la Historia, y no reconocen las especificidades de la cultura palestina. Esto significa que, en todas las escuelas del país, se enseña la Historia judía y no la palestina.

Según Y. Jarabeen, parlamentario israelí, 50 leyes israelíes contienen disposiciones especiales únicamente reservadas a los ciudadanos judíos. Según el Comité Democrático Palestino, organización no gubernamental que trabaja en la difusión de la historia, cultura y tradiciones de Palestina., “dentro de las leyes de Israel existe lo que es el Le’om y el Ezrahut, el primero vinculado a la nacionalidad, y el segundo a la ciudadanía”. Uno de los ejemplos claros de discriminación legal se nota en la inmigración. Un judío de cualquier parte del mundo tiene la nacionalidad israelí de manera automática si la pide, mientras que un palestino casado con un ciudadano israelí árabe no tiene derecho a vivir en Israel. En otros términos, no existe una política de reagrupamiento familiar para los palestinos en Israel.

La Ley de Estado nación de Israel del 19 de julio de 2018

Esta ley fundamental define Israel como Estado-nación del pueblo judío, pues el hebreo es la única lengua oficial (antes el árabe lo era también) y el árabe es sólo una lengua que tiene un estatuto particular. Además de esto, Jerusalén se convierte en la capital del Estado de Israel, en vez de Tel-Aviv. Jerusalén Este, perteneciendo a los palestinos y la comunidad internacional, está anexada completamente a Jerusalén Oeste. Los Palestinos que viven en Jerusalén del Este no son ciudadanos israelíes y tampoco son refugiados según la ley israelí. Tienen un estatuto especial de “residente permanente”, que les permite quedarse en Jerusalén, pero si se van, ya no tienen derecho a regresar a vivir allí. Este estatuto penaliza sobre todo a los jóvenes palestinos que quieren irse por un tiempo corto de unos años a estudiar en el extranjero. Esta ley estipula que Israel abre sus fronteras a la inmigración judía y que se esforzará en conservar vínculos privilegiados con los judíos de todo el mundo. Anima a la colonización judía de los territorios palestinos, haciendo que ésta sea legal. Un último artículo especifica el carácter fundamental de esta ley, y que no puede estar modificada más que por otra ley fundamental votada por 61 diputados de la Knesset. Uno de sus artículos que se refiere a la posibilidad de creación de localidades exclusivamente reservadas a judíos fue revisado. Este articulo estipula que “el Estado considera que el desarrollo de las implantaciones judías releva del interés nacional y que el Estado tomará las medidas para animar, hacer avanzar y servir este interés”. Los diputados que votaron esta ley la justifican diciendo que el Estado de Israel no era definido claramente, sí sus instituciones y su funcionamiento, pero no su identidad. Es lo que quiere hacer esta ley, llenar un vacío legal. Pero el himno israelí, su bandera, su carácter judío, y sus símbolos ya están escritos en la Declaración de Independencia. Esta ley tiene como objetivo ser el preámbulo de la futura constitución, y no habla en ningún momento de democracia.

Además de esta ley fundamental, se votó en 2017 una ley que reduce la libertad de expresión porque prohíbe la entrada a Israel o a los territorios ocupados a los individuos que critican Israel, y llaman a boicotear al Estado israelí y sus colonias. Se juntó a esta ley en 2018 otra que prohíbe a las ONG que critican la política gubernamental hacia los Palestinos intervenir en los institutos para movilizar a los alumnos. Otro texto prohíbe a los Palestinos de los territorios ocupados recurrir al Tribunal Superior, así no se pueden defender de los abusos de los colonos. El presidente israelí R. Rivlin critica mucho estas leyes, diciendo que conducen al hecho de que Israel esté visto por la comunidad internacional como un Estado donde hay apartheid.

Israel, aunque tenga instituciones muy democráticas y elecciones regulares donde hay tasas de participación ejemplares, tiene muchas leyes que le impiden que tenga el estatus de Estado democrático. Israel está muy criticado por la diáspora judía, especialmente la estadounidense que critica mucho la política de B. Netanyahu hacia los Palestinos. El Estado de Israel está muy desacreditado por ONG humanitarias, la diáspora judía, partidos de extrema izquierda antiglobalización y grupos palestinos, que hablan de crímenes de guerra, de falta de respeto de los derechos humanos, de apartheid, y de depuración étnica. Una gran parte de la comunidad internacional es muy crítica hacia el Estado israelí también. El mismo presidente israelí R. Rivlin critica la política de su Primer Ministro, diciendo que los últimos textos votados en la Knesset desde 2017 son “un arma para nuestros enemigos”. Estos enemigos de Israel son los Estados árabes, sus vecinos, e incluso el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), que defiende el boicot al Estado judío como respuesta a la colonización de Cisjordania.